Digitalizarán los registros de autos para desarmar una caja política millonaria
Macri avaló un proyecto para modernizar el servicio
Una caja millonaria es motivo de una interna con final abierto en el Gobierno. Los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, con el aval del presidente Mauricio Macri, buscan quedarse con parte del dinero que utiliza su par Germán Garavano para mantener el funcionamiento del Ministerio de Justicia. El objetivo es la recaudación de más de $15.000 millones que entregan los registros de propiedad del automotor.
Se trata, además, de un servicio históricamente ligado a favores políticos y nombramientos clientelares.
El primer paso será la implementación de la plataforma de trámites a distancia para registrar y transferir vehículos sin concurrir a un registro. La segunda etapa, aseguraron fuentes cercanas al Presidente, es cerrar los registros de autos, motos y maquinaria agrícola, que en el país son poco más de 1500.
Ibarra le presentó la iniciativa a Macri hace diez días y el Presidente no dudó: pidió avanzar con celeridad. Será el puntapié inicial de un plan que tiene como objetivo desarmar los citados registros, uno de los negocios más preciados de la política.
Los registros, que ya comenzaron a realizar trámites y operaciones por vía digital, dependen de la Dirección Nacional del Registros Nacionales del Registro Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa).
Si bien en el Ministerio de Justicia evitaron dar cifras oficiales, se trata de una caja de al menos $15.000 millones. Aunque, según pudo saber la nacion, esa suma podría duplicarse. Parte de ese dinero es el que utiliza Garavano para pagar los sueldos de gran parte del ministerio, prácticamente todos los contratados. Pese al pedido de la nacion, ese número se mantuvo bajo reserva, pero podría afectar a más de la mitad de los trabajadores bajo la órbita de Garavano.
Cerca del ministro se mostraron molestos con la decisión. “Una cosa es mejorar los procesos, con lo que estamos de acuerdo. Pero si se quedan con la caja, que digan cómo se va a financiar el Ministerio de Justicia”, se quejaron fuentes oficiales.
Desde que se hizo cargo del área de Justicia, Garavano implementó varios cambios para modernizar el sistema de Registros de la Propiedad Automotor. En primer lugar, se opone a la eliminación, “ya que eso generaría inseguridad jurídica, en cuanto al origen de los autos que se compran y venden, por la legalidad de las transferencias”. Además, argumentaron allegados al ministro, sin un sistema nacional centralizado “no podríamos evitar que se genere un mercado negro de venta de autos que se roban en un lugar y se venden y transfieren en otra localidad”.
Hoy, del total de impuestos que se cobran para transferir un automóvil, que ronda el 7% de su valor, solo el 1,20% corresponde a la tasa de transferencia –con Garavano ese impuesto bajó un 40%–; el resto son impuestos locales y provinciales.
Además, se pusieron en marcha los trámites online, transferencias digitales, pedidos de turnos por internet, pedidos de informes online, inscripciones iniciales digitales y el título digital.
Favores y compensaciones
Otro punto que buscó destacar el equipo de Garavano es que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, las designaciones de los titulares de los registros se realizan por concursos públicos y abiertos. Hasta hace poco, los registros conspara
tituían, en su mayoría, premios o compensaciones a políticos o familiares de estos. Algunos apellidos ligados a la política con registros en el pasado son Bielsa y Garré, entre otros ejemplos.
Hoy, la transferencia de automóviles, motos y máquinas agrícolas representa “el trámite más voluminoso de toda la administración nacional”. En total suman 13.000 millones de trámites anuales. El objetivo de Ibarra es incorporar la firma digital remota, digitalizar toda la documentación que se encuentra
en papel en todos los registros seccionales para servicios automáticos y digitalizar los trámites con prenda, que son más del 50% de los patentamientos de automotores.
En 1990, solo había 300 registros en todo el país. Cuando Carlos Menem dejó el Poder Ejecutivo, eran más de 900. Entre los titulares de registros estaba el peluquero del expresidente. Con el menemismo quedó claro el objetivo del reparto de registros: fue un mecanismo de pago de favores políticos o de concesión de un negocio muy rentable los amigos del poder. Con Cristina Kirchner la agrupación que lidera su hijo, Máximo, se quedó con el control de esa caja.
Pero la ampliación de los registros siempre fue una constante. En agosto de 2017, por ejemplo, Garavano resolvió crear 56 registros de propiedad automotor en todo el país, ante el “fuerte crecimiento” de la cantidad de vehículos y con el fin de “optimizar la calidad del servicio” para el usuario. La mayoría de los nuevos registros se abrieron en el territorio bonaerense: en La Matanza, La Plata, Merlo, Ituzaingó, La Plata, Hurlingham, Mar del Plata, Tigre, San Martín, Florencio Varela, Berazategui y José C. Paz.
Terminar con la burocracia es una de las obsesiones de Macri. Ingeniero de profesión, no concibe la pérdida de tiempo y de dinero que implican todos estos organismos. Por eso, tras la presentación de Ibarra, dio luz verde al proyecto. A fin de cuentas, Macri quiere cerrar los registros. En esa pulseada lo apoya el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, otro de los cruzados contra los registros.
Garavano busca evitar un enfrentamiento directo con Ibarra y Dujovne. Por eso intentará explicar, con paciencia, las bondades de los registros. Dispuesto a aceptar los cambios que impulsa Modernización, el titular de Justicia quiere esquivar una decisión que podría significar el desfinanciamiento de, al menos, la mitad de su área.
Entre los argumentos más sólidos que presentará se destaca que cerrar los registros traería un costo mayor a las alicaídas cuentas nacionales en momentos en que el Gobierno busca desesperadamente reducir el déficit fiscal. Es que sin ese financiamiento, dijeron cerca de Garavano, habría dos opciones: sumar a los trabajadores afectados a la planta permanente, lo que conlleva un aumento del presupuesto, o despedirlos, lo que provocaría un conflicto.
En ese escenario también hay otro punto sin solución: los aproximadamente 10.000 desempleados adicionales que generaría el cierre de los registros.
Pese a esto, la tarea de Garavano no es sencilla. Es que Macri, como ya publicó la nacion, tiene un sueño: que la histórica Plaza de Mayo, centro neurálgico de los reclamos, se llene de gestores y escribanos en contra de su gobierno.