Algunas de las normas que todavía esperan
Abarcan una diversidad de temáticas sociales, que van desde la educación y la protección de la salud hasta el cuidado del medioambiente y la inclusión de sectores vulnerables
Contra el bullying. “Faltan capacitación y servicios de salud en las escuelas”
En respuesta al masivo reclamo social de que se tomasen acciones contra el hostigamiento entre pares, en 2013 se sancionó la ley 26.892 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, conocida como “ley contra el bullying”. “Habla, entre otras cuestiones, de trabajar en acuerdos de convivencia y de que haya sanciones reparadoras. En algunas provincias se cumple y en otras no”, explica María Zysman, directora de Libres de Bullying. Para ella, uno de los problemas es que la norma fue sancionada “sin pensar qué recursos vamos a tener para implementarla”. “Hoy no alcanzan los servicios de salud infantojuvenil en las escuelas que brinden acompañamiento permanente”, asegura. La reglamentación podría ayudar: “Hay que hacerlo con sentido común y habilitando espacios de capacitación para los docentes, que es lo que establece la norma y cada vez hay menos. Es clave monitorear el cumplimiento de todas las enunciaciones”.
Jardines no oficiales. “Están en un limbo regulatorio y no se controlan”
Sancionada en 2014, la ley 27.064 establece las disposiciones generales para la regulación y supervisión de las instituciones de educación no incluidas en la enseñanza oficial. “Son sobre todo jardines maternales y de infantes de gestión privada”, detalla Jennifer Guevara, investigadora asociada del programa de educación del Cippec, para quien si bien es una norma con poca visibilidad, es clave para la primera infancia. “Estas instituciones no son controladas por los ministerios de Educación provinciales, no tienen supervisión pedagógica y no cumplen con las regulaciones edilicias, de higiene y seguridad. Están en un limbo regulatorio”, sostiene. Y agrega: “Muchas veces, los casos de violencia e incumplimiento de los derechos de la infancia suceden en esos jardines no oficiales. Solo en la ciudad, son 400”. Según Guevara, se necesitan más instrumentos normativos y presupuestarios para facilitar la aplicación de la ley: “Podría avanzase con una resolución del Consejo Federal de Educación”.
Chicos sin cuidado parental. “Necesitan apoyo para construir su vida adulta”
Se calcula que en la Argentina más de 9000 chicos fueron separados de sus familias y viven en hogares. Al cumplir los 18 años deben dejar esas instituciones, con el riesgo de quedar en la calle, sin trabajo, educación ni redes de contención afectiva. Doncel, Unicef y varias organizaciones impulsaron una ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso: la 27.364, que creó el programa de egreso asistido para jóvenes sin cuidados parentales, que brinda herramientas para la construcción de su independencia. Incluye aspectos vinculados con la salud, la educación, el empleo y la vivienda, entre otros. Además, el derecho a un subsidio y la creación de comités de egreso. “La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene a cargo su reglamentación, llegó a un texto, pero todavía no fue firmado por el Presidente. Aún no está la disponibilidad de los fondos, que es lo que reclaman las provincias para poder implementarla”, afirma Mariana Incarnato, directora de Doncel.
Uso medicinal del cannabis. “La mala reglamentación vulneró su sentido”
Conocida como ley de uso medicinal del cannabis, la 27.350 fue sancionada por unanimidad en 2017. “Su reglamentación fue parcial y dejó afuera varios incisos y artículos, vulnerando completamente el sentido que tenía la ley”, señala Valeria Salech, fundadora de Mamá Cultiva. “Las madres pedíamos que se autorizara el autocultivo, buscábamos un marco legal, que se avanzara en la investigación y que se pudiera usar como tratamiento, y lo habíamos conseguido”, señala Salech. Según explica, “la mala interpretación del artículo 8” hizo que al reglamentar “en lugar de un registro voluntario para autocultivar por razones médicas creen el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis para dar el aceite”. Lo gestiona la Anmat, solo para quienes padecen epilepsia refractaria. “Pero no todos necesitan lo mismo”, señala, y afirma: “El Congreso nos escuchó, las que están faltando son la empatía y la escucha del Poder Ejecutivo”. Por ahora, dependen de fallos judiciales a través de amparos.
Abordaje integral del autismo. “Los agentes de salud no quieren pagar”
Después de años de lucha, los padres de hijos con algún trastorno del espectro autista (TEA) lograron que en 2014 se sancionara la ley 27.043, referida al abordaje integral e interdisciplinario de esta condición. “Al día de hoy, sigue sin ser reglamentada y nos tenemos que regir por la ley de discapacidad”, explica Carina Morillo, de la Fundación Brincar. Uno de los puntos centrales es que obliga a todos los agentes de salud –obras sociales, prepagas y seguridad social– a brindar las prestaciones necesarias para la investigación, detección temprana, diagnóstico y tratamiento del TEA. “Es muy importante, porque estamos llegando tarde al diagnóstico y cuanto antes se comienza con los tratamientos mejor es la perspectiva de mejorar la calidad de vida de los chicos”, señala Morillo, y agrega: “Hay muchos intereses, las obras sociales y prepagas están ejerciendo una presión tremenda para evitar pagar muchas prestaciones que no están incluidas dentro del Plan Médico Obligatorio”.
Áreas marinas protegidas. “Falta que se articule con la ley federal de pesca”
El Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas fue establecido en 2014 por la ley 27.037. Fernando Miñarro, director de conservación y desarrollo sustentable de Vida Silvestre, subraya que hasta el momento solo se reglamentó la autoridad de aplicación (la Administración de Parques Nacionales), y falta la del resto de los artículos, fundamentalmente su articulación con la federal de pesca, para hacer un correcto uso de los recursos que incluya un enfoque ecosistémico. “Es una normativa fundamental e innovadora, ya que establece la instauración del primer sistema integral de áreas marinas protegidas para la zona económica exclusiva del país”, dice Miñarro. “Sin embargo, es clave reglamentarla en lo referente a los mecanismos de articulación interinstitucional, estableciendo pautas para la planificación, gestión y monitoreo de las áreas marinas en vínculo con otras autoridades con competencias en el mar, para el aprovechamiento y control de recursos”.
Prevención del suicidio. “Es esencial para disminuir su prevalencia”
En 2015 se sancionó por unanimidad en ambas cámaras la ley nacional 27.130, de prevención del suicidio. En esta norma, se declaran de interés nacional la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional, la atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de las víctimas. “Sin reglamentación, no se cuenta con los recursos necesarios para que se ponga en marcha”, señala Héctor Basile, psiquiatra y psicólogo miembro de la Red Mundial de Suicidólogos. Según explica, “hasta que el Ejecutivo no firme, no se puede avanzar en un programa nacional de prevención, en campañas ni en la formación de los médicos y los maestros, muy importantes cuando se habla de suicidio adolescente”. Por otra parte, la ley contempla la creación de espacios donde canalizar las inquietudes de las familias y líneas de atención que funcionen las 24 horas. “Es una ley esencial para disminuir la prevalencia de los suicidios en el país”, concluye Basile.
Cupos laborales para personas trans. “Las barreras obligan a ir por la vía judicial”
Promover la igualdad de oportunidad para las personas trans: ese es el objetivo de la ley 14.783, sancionada en 2015 en la provincia de Buenos Aires. Conocida como la “ley Diana Sacayán” (activista por los derechos del colectivo LGBT asesinada a puñaladas), establece que el sector público provincial debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Flavia Massenzio, secretaria de asuntos jurídicos de la Federación Argentina de LGBT, subraya la urgente necesidad de que sea reglamentada, por tratarse de una población sumamente vulnerable, con una expectativa de vida de entre 35 y 40 años y con enormes dificultades para conseguir un empleo digno. “Presentamos un amparo por el retraso que lleva. Hay un sinfín de barreras burocráticas que pone la administración pública para que se cumpla la ley, y que hoy obligan a ir por la vía judicial”, sostiene.