Un freno a la corrupción en las universidades
El Gobierno desactivó una fuente de negociados creada por el kirchnerismo, que se valía de la autonomía universitaria para desviar fondos estatales
Un decreto del presidente Macri eliminó un perverso mecanismo montado por el entonces presidente Néstor Kirchner por el cual se otorgaba asistencia técnica a ciertas universidades. De esa manera, se triangulaban fondos estatales que algunas casas de altos estudios no estaban obligadas a rendir y que permitieron desviar cifras varias veces millonarias para publicidad en favor del anterior régimen y también para negociados. El dispositivo, además, posibilitó la incorporación de 17.000 empleados públicos con contratos precarios durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.
El megadecreto de reducción de gastos firmado por Macri constituye un importante avance en la lucha contra la corrupción. Esta norma dispuso que queden sin efecto los convenios de asistencia técnica con las universidades. En el futuro cercano, otra norma establecerá que esas casas de estudios brinden servicios acordes con sus especialidades y sujetos a mayores controles. Tampoco podrán proveer bienes ni involucrarse en obras públicas, como ha ocurrido.
Más de una vez nos hemos referido desde estas columnas a la inventiva de la que hizo gala el kirchnerismo para ampliar la gama de negociados a costa del Estado. La educación universitaria no quedó fuera de aquel ávido radar y así fue como se valió de instituciones con rectores afines a aquel régimen. Bajo la cobertura de la autarquía de la que gozan, esas universidades no rendían cuentas del cuantioso dinero recibido.
Todo comenzó en 2004, cuando Néstor Kirchner dictó un decreto de necesidad y urgencia que modificó el reglamento de contrataciones de la administración nacional y facilitó que el Estado contratara en forma directa con universidades nacionales. Así, esas operaciones que el Estado no podía realizar en forma directa las triangulaba por medio de algunas de esas casas de estudios.
Los fondos provenían en su mayoría del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y también del de Desarrollo Social, encabezado por Alicia Kirchner. Algunas de las universidades empleadas fueron la Nacional de San Martín, la de La Matanza, la de Tres de Febrero y la Tecnológica Nacional (UTN). En la UTN de La Plata se investiga un desvío de 181 millones de pesos, y en la de Río Gallegos, otra variante del desvío, ya que se empleó a la mina de Río Turbio. En el ministerio de De Vido hubo un programa, llamado Enamorar, que derivó 671 millones de pesos a la Universidad de San Martín, la que más cheques recibió.
Si De Vido fue a prisión, se debió a la causa que investiga negociados en la mina de Río Turbio, con un desvío de 265 millones de pesos supuestamente destinados a refaccionarla y erigir una central térmica que nunca operó. También está procesado, junto con Andrea del Boca y otras personas, por desvíos de dinero mediante la Universidad de San Martín para producir series televisivas.
A buena parte de los 17.000 empleados contratados por medio de las universidades el actual gobierno no les ha renovado los contratos, y las autoridades consideran que la mayoría de los 5800 que aún permanecen en virtud de 60 convenios de asistencia técnica conservarán sus trabajos, pero con un sistema de contratación más estable.
La razón de ser de las universidades no es permitir desvíos de dineros que se evaporan. De ahí que las próximas normas serán terminantes al limitar sus servicios.
Para una mayor transparencia, las futuras contrataciones se efectuarán mediante la plataforma Comprar, dispuesta por el Ministerio de Modernización.
No es una concesión desde el Estado. Es un deber de todas las universidades estatales, sin excepción, rendir cuentas detalladas de los dineros públicos que reciben.