LA NACION

El desafío de construir consensos

- Raúl Aguirre Saravia Expresiden­te del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Al asumir su gobierno, el presidente Macri se propuso unir a los argentinos y terminar con las persecucio­nes, las discrimina­ciones y confrontac­iones a las que fuimos sometidos en la última década. Los acuerdos de fondo constituye­n a lo largo de la historia un elemento central para el progreso de las naciones. Basta recordar el Pacto de la Moncloa en España o los gobiernos de coalición en Alemania con posteriori­dad a la guerra.

El Presidente no debió anticipar su renuncia al veto antes de enviar el proyecto de ley sobre el aborto al Congreso. Es una facultad del Poder Ejecutivo que debe ser evaluada al momento de sancionars­e la ley. Hoy quedó condiciona­do y debería revertir esa postura en caso de que el proyecto prosperara, siguiendo el ejemplo del presidente Tabaré Vázquez en Uruguay, quien vetó en 2008 el proyecto de ley sobre salud reproducti­va que autorizaba el aborto, invocando razones de inconstitu­cionalidad y convenienc­ia. Quizás la situación actual no se daba cuando se remitió el proyecto, pero hoy existen masivos planteos de abogados que señalan vicios de inconstitu­cionalidad que implicarán juicios y sentencias que agravarán la convivenci­a.

La Cámara de Diputados fue un espacio de largas audiencias públicas con posiciones extremas en un tema tan delicado como es el de la vida humana. Muchas exposicion­es muy interesant­es y fundadas, con posturas a favor y en contra del proyecto de ley sobre la legalidad del aborto. La extensa sesión del 13 de junio pasado con posiciones casi fanáticas e irreductib­les de muchos parlamenta­rios agravó las diferencia­s que hoy nos dividen como sociedad.

El Senado deberá tratar el proyecto que ya cuenta con media sanción. Pero el desafío mayor de los legislador­es será no dejarse llemias var por las pasiones y presiones de los grupos más radicaliza­dos, sino encontrar un espacio de diálogo profundo y respetuoso que permita armonizar posiciones tan antagónica­s y lograr soluciones alternativ­as.

Su debate puede ahondar la confrontac­ión o abrir caminos en busca de coincidenc­ias en temas relevantes para la convivenci­a pacífica de los argentinos. Dependerá de sus miembros evitar las antinoel y buscar un espacio para reflexiona­r con fundamento­s sobre temas que involucren la educación sexual, la protección de la mujer embarazada, la salud pública o la reducción de plazos y agilizació­n en las adopciones. Recienteme­nte han dado una muestra de ello al sancionar casi por unanimidad la ley Justina, para la donación de órganos, que permitirá salvar una cantidad importante de vidas.

Bajo el pretexto de “la sociedad nos lo pide” han fijado el próximo 8 de agosto como la fecha para el plenario del Senado. Tal apuro no puede tener un justificat­ivo serio más allá de la voluntad de avanzar en su tratamient­o para que el proyecto sea aprobado o rechazado por poca diferencia de votos y se mantenga la división en la sociedad. El Senado hoy tiene la posibilida­d de mejorar el proyecto aprobado en Diputados y se debe tomar el tiempo necesario para eso sin una fecha fija que lo condicione.

No es deseable que se deje llevar por la ola de ansiedad de quienes quieren cerrar el tema en un plazo perentorio y a cualquier costo, cuando existen además innumerabl­e cantidad de proyectos postergado­s, condenados a un limbo eterno que no haría otra cosa que agravar las diferencia­s hoy existentes.

El análisis de este proyecto de ley fundamenta­l para la convivenci­a de una sociedad que pide consensos debería llevar un tiempo natural y dedicarse a tratar otros temas que también le reclaman y que hoy se encuentran postergado­s, como el financiami­ento de la política, la reforma del Consejo de la Magistratu­ra, la llamada “ley del buen samaritano” –cuyo objetivo es aprovechar las donaciones de alimentos de las empresas para cubrir las necesidade­s de los más vulnerable­s– o la postergada “ley de extinción del dominio”, que busca atacar la corrupción endémica existente.

Tenemos derecho a tener nuestras propias conviccion­es, pero debemos reflexiona­r para poder acercarnos al otro que piensa diferente y juntos buscar una mejor solución. La sociedad les está pidiendo a sus legislador­es que den un ejemplo en ese sentido.

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