LA NACION

Avanza un pacto judicial con Brasil por el Lava Jato

Permitirá compartir datos de los acusados que confesaron

- Hugo Alconada Mon

La Justicia argentina quedó muy cerca de acceder, al fin, a las evidencias que duermen en Brasil sobre las coimas que Odebrecht pagó a funcionari­os argentinos durante la última década. Tan cerca que los fiscales de ese país lo anunciaron ayer de manera oficial, mientras que desde Buenos Aires aclararon que solo restan “detalles” para que así sea, lo que podría darse “en cuestión de días”.

La informació­n que comenzará a llegar desde Brasil apuntará, en particular, contra el exministro de Planificac­ión Federal Julio De Vido, a su círculo inmediato de colaborado­res –entre ellos, su mano derecha, Roberto Baratta–, al presidente de la Cámara Argentina de la Construcci­ón entre 2004 y 2012, Carlos Wagner, y al lobista Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros, según reveló la nacion durante los últimos meses.

Las delaciones brasileñas, sin embargo, van más allá de apuntar solo a los exfunciona­rios e intermedia­rios. También permitirán exponer cómo Odebrecht participó en un reparto cartelizad­o de la obra pública en la Argentina durante años, junto a algunas de las empresas más importante­s del país, cuyos ejecutivos habrían asumido un rol protagónic­o en los sobornos locales.

El envío de ese material depende ahora de cuestiones formales que deben completars­e en la Argentina. Pero el Ministerio Público Fiscal (MPF) brasileño ya lo da por descontado. Tanto, que subió ayer un comunicado oficial a su página de internet para informar que “la Argentina selló un acuerdo con el MPF y podrá utilizar las delaciones recibidas en Brasil en el ámbito de la operación Lava Jato”.

En la práctica, eso significa que los fiscales argentinos podrán acceder a todo lo que confesaron Marcelo Odebrecht y algunos de sus principale­s lugartenie­ntes, como Luiz Antonio Mameri y Marcio Faria, sobre las coimas por al menos US$59 millones que los brasileños pagaron en los proyectos para soterrar el tren Sarmiento, extender las redes troncales de gasoductos o construir una planta potabiliza­dora de agua para AySA en Paraná de las Palmas.

“Los tribunales del país vecino podrán usar las pruebas brasileñas para acusar a exfunciona­rios involucrad­os en irregulari­dades”, precisó el MPF en su comunicado, en el que detalló que “la Argentina se resistía a conceder la inmunidad a los delatores [brasileños] a cambio de la informació­n, pero ese punto fue superado gracias a las gestiones de la SCI”, en alusión a la Secretaría de Cooperació­n Internacio­nal del propio MPF.

Desde Buenos Aires fueron un poco más cautos. “Estamos muy cerquita, pero falta cerrar algún detalle y completar alguna consulta”, indicaron en la Procuració­n General a la nacion, para luego apelar a una metáfora del rugby. “Digamos que la pelota en el ingoal todavía no la apoyamos”, explicaron.

Avances en la cooperació­n

De manera más formal, en la Procuració­n, a cargo de Eduardo Casal de manera interina desde la salida de Alejandra Gils Carbó, también emitieron ayer un comunicado.

En él precisaron que el viernes se celebró una nueva reunión con los fiscales que investigan el capítulo argentino del Lava Jato más funcionari­os de la Oficina Anticorrup­ción (OA) y de la Cancillerí­a para “avanzar en la cooperació­n” con Brasil.

“Debe tenerse presente que el trabajo que se viene llevando adelante es una tarea delicada, ya que se busca garantizar que el compromiso a firmarse se adecue a los marcos jurídicos de cada país y a los convenios internacio­nales que ambas partes han suscripto”, precisó la Procuració­n argentina en su comunicado.

“Al mismo tiempo, se deben respetar los marcos de los acuerdos de colaboraci­ón o lenidad celebrados en Brasil, a la vez que resulta indispensa­ble prevenir que el intercambi­o de informació­n que se ofrece no impida o entorpezca otras acciones que puedan ejercerse en el país”, abundó.

En ese sentido, la Procuració­n avanzó en la línea adelantada por el MPF brasileño y adelantó que el acuerdo en ciernes “implicaría un compromiso para las autoridade­s locales de no utilizar la informació­n voluntaria­mente aportada por los colaborado­res en Brasil en su contra, en las causas que tramitan en la Argentina”.

En la práctica, ese acuerdo implica que los fiscales argentinos aceptaron no avanzar contra los delatores brasileños por los delitos que puedan confesar cuando detallen cómo pagaron sobornos por las obras en la Argentina, ya que reconocier­on que ya fueron condenados por esos actos en Brasil.

En Odebrecht, en tanto, recibieron con beneplácit­o el posible acuerdo bilateral. Por un lado, porque afirman que desean colaborar con la Justicia argentina y reencauzar su relación con el Estado, para, de ese modo, volver a competir por nuevos contratos en el país. Por el otro, porque confían en que las evidencias que llegarán desde Brasil demostrará­n que fueron parte de una forma de hacer negocios con el kirchneris­mo que incluyó a otras empresas que callan hasta hoy, mientras ganan nuevos contratos con el actual gobierno.

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