firmas fantasma
Medios como ATC, el Instituto de Reaseguros, la aerolínea Lafsa y Lotería Nacional insumieron US$173 millones de la Tesorería en ese lapso; el pago de juicios, una de las causas
El Estado, hoy en proceso de ajuste, lleva gastados US$173 millones en las últimas dos décadas en empresas que están en liquidación.
En tiempos en los que el Gobierno exprime cada partida para reducir el déficit, el Estado acarrea un conjunto de empresas fantasma, compañías declaradas en liquidación desde hace años que devinieron virtuales sellos de goma sin actividad ni ingresos y que año tras año le demandan millones al presupuesto público. Desde medios de comunicación (ATC, Télam) hasta juegos de azar (Lotería Nacional), el sector aerocomercial (Lafsa) o el negocio de los seguros, estas compañías estiraron su disolución y consumieron más de US$173 millones del Estado en las últimas dos décadas.
Un caso es el de la vieja Argentina Televisora Color (ATC), que ya no emite ni produce contenidos y este año tiene asignado un presupuesto de $1,3 millones. Nació en 1979 por disposición del gobierno militar, que le asignó la operación del histórico Canal 7, cuya señal aún está bajo tutela estatal.
La empresa inició sus transmisiones en 1980 y en la gestión de Carlos Menem se reconvirtió en sociedad anónima. Envuelta en iniciativas que planteaban su privatización, en 1996 fue la primera empresa pública en presentarse en convocatoria de acreedores, por una deuda que rondaba los US$70 millones. En 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa creó el Sistema Nacional de Medios Públicos, que absorbió la operación del canal, de Radio Nacional y de la agencia de noticias Télam. En ese marco, el decreto 94/2001 dispuso la disolución y liquidación de ATC.
En 18 años sin actividad, ATC le demandó al Estado un total de $8,2 millones, equivalentes a US$1,6 millones, según el relevamiento realizado por la nacion a partir de los balances publicados en el Boletín Oficial. En 2017, la antigua compañía no tuvo ingresos, pero les costó a las arcas públicas $1.044.019. Para este año, sus gastos de operación explicitados en el presupuesto anual ascienden a $1,38 millones.
“El motivo central de los pagos a empresas en liquidación tiene que ver con los juicios que tienen todavía esas firmas, que se pagan con bonos en un proceso que demora. Un juicio laboral en una empresa como ATC, por ejemplo, lleva varios años, y cuando sale la sentencia se paga en bonos. Son cuestiones residuales, pero que llevan mucho tiempo en cerrarse”, explicó a la nacion Rafael Flores, expresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Además, debe consignarse el salario del liquidador, que representa la mayor erogación. En 2015, por caso, el 65% del presupuesto asignado a ATC ($829.000) correspondió a la remuneración del entonces liquidador, Bernardo Iturraspe.
Una historia similar es la de Télam, la agencia estatal de noticias. En 2001, su operación también quedó en la órbita del Sistema Nacional de Medios Públicos, y para ello se creó una nueva empresa (Télam Sociedad del Estado), que absorbió todos los activos de aquella. Esta sociedad estatal es la que acaba de disponer un ajuste de casi el 40% de su plantilla.
En simultáneo, la vieja Télam Sociedad Anónima Informativa y Publicitaria (Télam Saiyp) entró en liquidación para su disolución final, pero el proceso se extendió hasta este año. Entre 2001 y 2017, y pese a no tener actividad ni bienes, esta firma le generó gastos al Estado por $96,3 millones (alrededor de US$20,1 millones), para sostener la estructura encabezada por un liquidador, que llegó a contar con hasta cuatro empleados. La historia de liquidadores de Télam Saiyp se inició con el contador Alfredo Rubén Heredia. La serie de funcionarios en ese cargo incluye a Fabio Manuel Trossero, un hombre cercano a Guillermo Moreno que, a su vez, fue representante de Télam SE en Papel Prensa y escoltó al exsecretario de Comercio kirchnerista cuando irrumpió violentamente en una asamblea de accionistas de esta última empresa. En 2017, la vieja Télam demandó $5,6 millones, mientras que el presupuesto de la agencia operativa fue de $972,1 millones.
Para 2018, Télam Saiyp tiene asignado un presupuesto de $2,5 millones, que será el último: la resolución 779-E/2017, publicada en diciembre de 2017 en el Boletín Oficial, dispuso la disolución final de la antigua agencia.
La mayor liquidación
La liquidación más extensa y onerosa para el Tesoro fue la del Instituto Nacional de Reaseguros (Inder). El proceso se extendió por 25 años, comenzó en 1992 y se cerró finalmente en abril de este año, con una erogación total estimada en US$150 millones. Este organismo, que había sido creado en 1952, durante el segundo mandato de Juan Domingo Perón, monopolizó por décadas el negocio del reaseguro, hasta que en 1992, en el marco del plan de reforma del Estado impulsado por Carlos Menem y Domingo Cavallo, se dispuso su disolución. Fue a través del decreto 171/1992, firmado por el entonces ministro de Economía, que habilitó así la apertura del mercado y el avance de firmas privadas en el sector.
De acuerdo con esa normativa, fechada el 23 de enero, el Inder se declararía disuelto en poco más de dos meses, el 31 de marzo de ese año, y su cierre final estaría a cargo del liquidador Roberto Guzmán.
El proceso, sin embargo, se extendió por 25 años y estuvo plagado de polémicas y disputas entre el Estado y las compañías de seguros privadas. Estas exigían que el Inder se hiciera
cargo de una deuda por US$2000 millones, aunque luego se demostró que ese pasivo era de US$500 millones.
La historia del Inder se cerró este año, cumplidos los 90 días que fijó la resolución 743 publicada el 19 de diciembre de 2017 por el Ministerio de Hacienda. En sus más de 25 años, el proceso incluyó a 19 liquidadores. Según indicaron a la nacion fuentes de Hacienda, el cierre del Inder implica para el Tesoro un ahorro de $60 millones anuales.
La última empresa estatal en ser declarada en liquidación es Lotería Nacional SE, cuyo proceso se inició en febrero de este año. Fue oficializado a través del decreto 95/2018, que estableció que el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Carolina Stanley, estará a cargo de su disolución. “Los estados contables de la sociedad revelan que se encuentra comprometido el principio de empresa en marcha”, detalló el decreto que dispone la liquidación de la firma, fundada el 16 octubre de 1893 a instancias del Congreso de la Nación.
Al momento de decidir su cierre, la firma, cuya histórica sede está ubicada en Santiago del Estero 126 (CABA), había reducido su tamaño y solo operaba La Grande de la Nacional y el célebre Prode, que fue discontinuado. En julio de 2017, el Gobierno oficializó la transferencia de un conjunto de juegos (Loto, La Solidaria, La Quiniela, entre otros) a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, ente con competencia sobre los juegos de azar en el ámbito porteño.
A Líneas Aéreas Federales SA (Lafsa) le cabe, quizá mejor que a ninguna, el mote de empresa fantasma del Estado. Se trata de una compañía aerocomercial creada en 2003 por el entonces presidente Eduardo Duhalde con el plan original de ser privatizada. Nunca despegó. “Dispónese la constitución de una sociedad anónima con vocación de transitoriedad en la órbita estatal y hasta tanto se privatice”, dice el DNU 1238/2003, firmado por Duhalde el 21 de mayo de 2003, cuatro días antes de la asunción de Néstor Kirchner. Según planteó el Gobierno, la decisión de crear una nueva aerolínea apuntaba a sostener la actividad del sector luego del cese de actividades de Dinar y de LAPA, que quebró en abril luego de 26 años de operación.
Al año siguiente de su creación, Lafsa recibió la aprobación de su solicitud de rutas aerocomerciales, que incluían vuelos a Salta, Iguazú, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Ushuaia e Islas Malvinas. Sin embargo, en seis años nunca un vuelo de Lafsa despegó en el país.
Seis años después, mediante el decreto 1672 de 2009, entró en liquidación por decisión de Cristina Kirchner. Ese proceso, para el cual fue designado José Alberto Bidart, debía completarse en 180 días, aunque el Gobierno luego extendió los plazos y Lafsa siguió recibiendo dinero estatal hasta 2012. Ese año, la aerolínea que nunca voló contaba con cinco empleados y un presupuesto de $2,5 millones. En los años que demandó su liquidación, Lafsa recibió fondos por un total de $8 millones (US$1,9 millones).