AMIA: 24 años de impunidad
Es preciso reforzar los mecanismos de denuncia y proceder internacionalmente para lograr la captura de los imputados por la Justicia
Cada tanto nuestro país recibe tristes confirmaciones de cuán lamentablemente ineficaces han sido hasta ahora las investigaciones judiciales relacionadas con el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la AMIA. Es por eso que mañana, al cumplirse 24 años del peor atentado sufrido por la Argentina, que provocó 85 muertes y centenares de heridos, también se estarán cumpliendo 24 años de rigurosa impunidad.
Una de las consecuencias pudimos comprobarla días atrás, con motivo de la visita a Moscú de un alto funcionario iraní, Ali Akbar Velayati, diplomático y consejero estatal, quien se reunió con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.
Velayati estaría directamente implicado en la planificación del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA. Recordemos que era canciller de Irán en aquellos años y que se lo tiene como partícipe de la reunión que se habría celebrado el 13 de agosto de 1993 en el Consejo Supremo de Seguridad de Irán, oportunidad en la que se habría tomado la decisión de perpetrar el atentado contra la AMIA.
Por esto, hace pocos días, la Argentina solicitó, sin éxito, a la Federación Rusa su inmediata detención. A pesar de que, desde noviembre de 2006, existe un pedido expreso de captura internacional, Velayati viaja despreocupadamente por el mundo sin dificultades. El año pasado visitó oficialmente Singapur, Malasia y el Líbano. Cabe presumir que en cada oportunidad obtuvo previamente el compromiso del gobierno local de no detenerlo ni extraditarlo ante un eventual pedido de captura originado en la Argentina. No se tiene conocimiento de que, en esas oportunidades, nuestro país haya protestado con la energía del caso ante estos referidos desplazamientos. Deberíamos considerar la posibilidad de efectuar comunicaciones constantes y reiteradas a aquellos países con los que mantenemos relaciones diplomáticas en procura de alertar sobre la situación personal de Velayati, requiriendo al propio tiempo su detención y extradición.
Velayati es uno de los hombres más importantes de la política exterior iraní, lo que acaba de ser testimoniado nuevamente por su reciente visita a Moscú y las entrevistas y contactos allí mantenidos. Esta es una razón más para que la República Argentina mantenga una posición firme respecto del referido excanciller y de los demás presuntos iraníes implicados en el atentado, de modo que ningún gobierno pueda sostener que ha sido sorprendido por la visita de un funcionario iraní requerido por la Justicia argentina y sindicado como partícipe de uno de los atentados más sangrientos que registra la historia mundial del terrorismo.
Pero entre las derivaciones positivas de la causa AMIA puede mencionarse haber tomado conciencia de la peligrosidad del grupo proiraní Hezbollah, que tuvo y tiene presencia en la triple frontera que la Argentina comparte con Paraguay y Brasil. Allí, el Gobierno procedió días pasados a congelar bienes y dinero de 14 personas vinculadas al denominado clan Barakat, una organización presuntamente cercana a Hezbollah a la que los Estados Unidos sindican como “financista terrorista clave en América del Sur”. El operativo fue el resultado de alertas giradas internacionalmente por la UIF argentina, en cooperación con Fincen, su análoga norteamericana, y otras agencias de inteligencia financiera, a raíz de millonarias operaciones sospechosas en un casino de Iguazú. Distintos informes plantean que en la Triple Frontera se blanquea dinero sucio que termina financiando a Irán o a grupos terroristas como Hezbollah, una de las pistas que hace años investigaba el asesinado fiscal Alberto Nisman.
La memoria de los 85 argentinos que perdieron la vida en el peor atentado que sufrió nuestro país en toda su historia exige no bajar los brazos y activar todos los mecanismos de denuncia y comunicación internacional pertinentes con carácter permanente.
Hemos de evitar que en el exterior se pueda alegar desconocimiento de la situación de personas ligadas a la acción terrorista respecto de las graves responsabilidades que investiga la Justicia argentina. El tiempo transcurrido y la impunidad que esto conlleva han de ser el mejor acicate para no cejar en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Como país, tenemos la obligación de llegar a la verdad y de castigar a los responsables. Por eso, además de recurrir a todos los mecanismos internacionales necesarios, es preciso también que se registren avances serios en el sumario del atentado a la AMIA y en el del homicidio de Nisman, que también se encuentra en el fuero federal.
Mostrar progresos en las investigaciones y convocar a la comunidad internacional a acompañarnos en este esfuerzo es una forma más de redoblar y renovar un doloroso compromiso con la memoria de las 85 víctimas y del fiscal que entregó su vida en pos de desentrañar esta oscura trama.