La trama ilegal que surgió en una estación de servicio
La operación Lava Jato, que se inició en marzo de 2014 como una simple investigación de rutina sobre un cambista ilegal de dinero que actuaba en una estación de servicios de Brasilia, terminó por revelar la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil, con graves implicancias políticas y económicas en varios países de América Latina.
El eje de las investigaciones ha sido la red de sobreprecios y sobornos pagados dentro de la compañía Petrobras, desde la cual se extendió un enorme esquema que involucró a los principales partidos políticos brasileños, beneficiados por el financiamiento ilícito de campañas a través de grandes empresas constructoras y de ingeniería –Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, UTC y Queiroz Galvão–, que buscaban asegurarse contratos con la petrolera estatal y ganar licitaciones para grandes obras.
El equipo de fiscales, con base en Curitiba, condenó a 134 personas, entre ellas, poderosos empresarios, como Marcelo Odebrecht, Eike Batista y Aldemir Bendine, e influyentes políticos, como Lula, José Dirceu, Antonio Palocci, Eduardo Cunha, Sergio Cabral –ambos del Movimiento Democrático Brasileño (MDB)–, varios diputados y senadores.
Hasta ahora se recuperaron US$9865 millones desviados, en parte por los 164 acuerdos de delación premiada firmados por la Justicia conacusadosqueaceptarondardetalles de la trama de corrupción a cambio de reducciones en sus condenas.
Un hito clave para el avance de las investigaciones fue el acuerdo de colaboración sellado en diciembre de 2016 entre 77 exejecutivos de Odebrecht y autoridades judiciales de Brasil, Estados Unidos y Suiza. La compañía admitió haber pagado más de US$ 1000 millones en sobornos en una docena de países latinoamericanos –entre ellos, la Argentina (US$35 millones de coimas reconocidas) y africanos entre 2001y 2016, y aceptó desembolsar US$3500 millones en multas. Los exhombres de negocios de Odebrecht se garantizaron no ser juzgados en otros países por las informaciones reveladas.
Desde entonces, la Procuraduría General recibió 570 pedidos de cooperación internacional de 55 países y firmó una decena de acuerdos para compartir la información brindada por los exejecutivos de Odebrecht, siempre que las autoridades judiciales de aquellas naciones se comprometan a no procesar a los delatores. Recientemente, un acuerdo con Perú fue suspendido por acciones legales emprendidas contra un colaborador brasileño.