Puerto Rico se recupera y debate la independencia
A diez meses del devastador huracán María, muchos piden la soberanía o más autonomía de los EE.UU.
Cuando estalló la rebelión e irrumpió en su aula, Ernesto Dávila Marín estaba en la escuela primaria. Aquel día de octubre, al salir del edificio de la escuela, vio el humo negro que se alzaba desde el centro de Jayuya: los nacionalistas prendieron fuego la ciudad, se enfrentaron a balazos con las fuerzas policiales y declararon la independencia de Puerto Rico desde el techo de una casa.
En su lucha por obtener la soberanía de parte del gobierno colonial de los Estados Unidos, aquel día de 1950 los militantes independentistas puertorriqueños produjeron levantamientos en casi una docena de ciudades, y el 1° de noviembre intentaron asesinar al presidente norteamericano Harry S. Truman. Los sublevados lograron defender la ciudad del macizo central durante tres días, hasta que bombarderos de la fuerza aérea norteamericana zumbaron sobre esas cumbres color esmeralda.
El tío y cuatro primos de Ernesto Dávila participaron de la que sería la última de las numerosas intentonas soberanistas que hubo en la isla. Actualmente, Ernesto está jubilado y ha convertido el sótano de su casa en un “museo del mártir”, con recortes de los diarios con fotos de los cuerpos baleados de los rebeldes y afiches del líder nacionalista Pedro Albizu Campos.
“Fue una de las poquísimas veces en la historia en que Estados Unidos bombardeó a sus propios ciudadanos”, dice el ya septuagenario Ernesto. “Tenemos que encontrar nuestro propio camino”.
Hablar de independencia parece algo lejano para los puertorriqueños, que después de diez meses, todavía no se recuperan del huracán María, el peor desastre natural que haya golpeado a su isla. Pero lo que Puerto Rico significa para Estados Unidos tiene mucho que ver con que el servicio eléctrico haya tardado tanto en ser restablecido, con que los millonarios fondos para la reconstrucción todavía no hayan sido liberados, y con lo ultrajados que se sintieron los puertorriqueños cuando el presidente Donald Trump le arrojó rollos de papel higiénico a una multitud de sobrevivientes de la tormenta como si fuesen pelotas de básquet.
La crisis humanitaria que dejó a su paso el huracán María fogoneó la puja de poder por el futuro de la isla: el gobernador Ricardo Rosselló y su Nuevo Partido Progresista abogan por la inclusión de Puerto Rico como estado pleno de Estados Unidos, y consideran que esa es la solución para ese estatus de “segunda clase” que tiene la isla. Los opositores a Rosselló piden mayor autonomía de Estados Unidos, y algunos incluso reclaman una eventual independencia.
El gobierno de Estados Unidos no ha mostrado el menor interés en cambiar el actual estado de las cosas, y muchos puertorriqueños siguen considerando que las relaciones actuales son una opción relativamente estable, con un equilibrio adecuado entre apoyo y soberanía. Pero la insuficiente y lenta ayuda ante el desastre natural y el descontento por la falta de coordinación de los esfuerzos de reconstrucción han profundizado la sensación de abandono y son un hiriente recordatorio de la subordinación de Puerto Rico a los Estados Unidos, según comentan los expertos internacionales, los dirigentes de la isla y los propios isleños.
Rosselló redobló la apuesta y se negó a aplicar un recorte a las jubilaciones y otras medidas de austeridad que una comisión supervisora de Washington intentó imponerle al territorio en bancarrota. Con esa actitud, el gobernador desoyó la autoridad de esa comisión para decidir sobre las finanzas de la isla. “Ahora el colonialismo quedó al desnudo”, dice el sociólogo Héctor Cordero-Guzmán, del Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Camino hacia la descolonización
En la década de 1950, cuando el primer gobernador elegido democráticamente en la isla, Luis Muñoz Marín, llegó a un acuerdo con el Congreso norteamericano que permitía que el territorio manejara su propio gobierno y sus propios asuntos, muchos creyeron que había puesto a Puerto Rico en el camino hacia la descolonización. En
La crisis humanitaria que dejó el huracán fogoneó la puja por el futuro de la isla
“Ahora el colonialismo quedó al desnudo”, dijo el sociólogo Héctor Cordero-Guzmán
la nueva Constitución de la isla, que Estados Unidos había comprado tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, fue designada como “Estado libre asociado”.
Pero a pesar de la ciudadanía estadounidense y la democratización, a los puertorriqueños se los privó de participar de la política nacional: los habitantes de la isla no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales norteamericanas, pero las leyes de Puerto Rico, su estatus político y su destino están sometidos al Congreso de los Estados Unidos. En 2016, el Congreso estableció una comisión de supervisión financiera encargada de reestructurar la deuda de Puerto Rico y de vigilar el gasto, una medida que generó protestas de los isleños, que lo consideraron como un exceso paternalista del gobierno de Washington. La comisión impulsa medidas de austeridad que duplicarían los aranceles universitarios, recortarían las jubilaciones, achicarían los organismos del gobierno insular y reformarían la legislación laboral para acortar las vacaciones y las licencias por enfermedad. A modo de respuesta, los artistas puertorriqueños pintaron la bandera de la isla, pero en color blanco y negro, en todas las paredes de la capital.
“Es una relación que tiene que adaptarse a los tiempos modernos”, dice Carlos Delgado, secretario general del Partido Popular Democrático, que apoya un estatus “Estado libre asociado”, pero con mucha mayor autonomía de los Estados Unidos. “Desde el punto de vista democrático, es inaceptable que un país extranjero tenga control sobre el gobierno de otro país a través de una comisión de dirigentes no elegidos por el voto. Eso no es democracia”.
Desde 1967, Puerto Rico ha celebrado cinco plebiscitos para medir la preferencia de los habitantes entre la opción de la independencia, el Estado libre asociado o algo similar a la soberanía. Pero las maniobras políticas, los rumores de fraude y los boicots embarraron la fiabilidad de los resultados.
Desde Washington, el Congreso se excusa diciendo que no inicia el proceso de descolonización debido a las divisiones políticas y a los resultados poco claros de los sucesivos plebiscitos.
“Cada vez que sale el tema del estatus de la isla, usan ese pretexto para no hacer nada”, dice Fernando Martín, presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño. “Nos dicen que los puertorriqueños tenemos que actuar consensuadamente, sin decir que en realidad no quieren tratar el tema”. ¿La 51ª estrella en la bandera?
Según los expertos, el sistema de partidos políticos de Puerto Rico, que ha girado en torno de la resolución del tema del estatus colonial de la isla, también es parcialmente responsable de esa parálisis. Señalan que en los últimos años, esos partidos han hecho poco y nada por impulsar la causa que les dio razón de ser.
“Los partidos están política e ideológicamente en bancarrota”, dice Pedro Cabán, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany. “Ninguno de los partidos actuales ofrece una visión de futuro”.
Desde el año 2000, ningún gobernador de Puerto Rico ha ganado un segundo mandato. Durante décadas, los dos partidos más importantes, el Nuevo Partido Progresista y el Partido Popular Democrático, estuvieron sumidos en la corrupción y el amiguismo.
“Los partidos no carecen de relevancia, pero han perdido el norte”, dijo Alexandra Lúgaro, candidata a gobernadora en 2016.
Durante la campaña, Lúgaro no adscribió a ningún partido y no tomó posición respecto del tema del estatus político de la isla. Obtuvo un 11% de los votos, una cifra sin precedente para un candidato independiente.
Los partidos políticos puertorriqueños “han monopolizado y canibalizado el debate sobre el estatus de la isla para ganar elecciones y movilizar a sus bases”, dice Lúgaro. “Es una estrategia electoral”.
Rosselló ganó la gobernación en 2016 con el menor porcentaje de votos de la historia de Puerto Rico. Sin embargo, se comprometió a llegar a una solución definitiva para el tema del estatus de la isla. Seis meses después de asumir, su gobierno celebró un plebiscito en el que el 97% de los votantes eligió la anexión como un estado más de Estados Unidos. Pero apenas uno de cada 5 votantes registrados fue a las urnas. La enorme mayoría boicoteó el referéndum.
El Congreso no hizo nada, pero Rosselló consideró ese resultado como un mandato popular, y con su partido designó una “delegación en las sombras” compuesta por tres republicanos, tres demócratas y un independiente, para que trajinaran los pasillos del Congreso para convencer a los legisladores de que apoyen la anexión definitiva de Puerto Rico a los Estados Unidos. Esos representantes y senadores incluirían a tres exgobernadores y al beisbolista estrella Iván “Pudge” Rodríguez.
La comisión inunda las redes sociales con fotos de sus reuniones con legisladores y cartas de apoyo de organizaciones como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color.
“Imagínense si Nueva Jersey y Connecticut estuviesen sin luz durante seis meses. ¿Qué pasaría?”, dice Jenniffer González, legisladora con voz pero sin voto para representar a la isla ante la Cámara baja. “Lo que queremos es dejar expuestas esas desigualdades, y ayudar al Congreso a entender que no recibimos el mismo trato que el resto”.
González presentará un proyecto de ley con una solicitud formal de anexión como un estado más, y cuenta con la presión que ejercerán los puertorriqueños en la diáspora, dispersos por todo el territorio norteamericano. No obstante, no hay señales de que la ley pueda prosperar. Los legisladores dicen que los votos necesarios para convertir la isla en el 51° estado de Estados Unidos no están. Con sus 3,3 millones de habitantes antes del huracán –apenas menos que Connecticut–, Puerto Rico sería una fuerza de peso en el Congreso.
“Darles la categoría de estado implica regalarles siete escaños a los demócratas”, dice el profesor Charles Venator Santiago, de la Universidad de Connecticut. “La opción de ser un estado más es una vía muerta desde hace décadas”.
El tema cultural también implica un impedimento. Los negocios y la vida cotidiana de Puerto Rico se desarrollan en español, y la identidad cultural de la isla está más en línea con América Latina que con Estados Unidos. De todos modos, la anexión cuenta con algunos apoyos en el Congreso. El diputado Steny H. Hoyer, demócrata por el estado de Maryland, apoya la descolonización, porque cree que la situación actual va en contra de los valores democráticos de los Estados Unidos. “Nos hace parecer colonialistas”, dice, aunque admite que “sería difícil que la anexión fuese aprobada ahora, pero no imposible”.
El exgobernador Pedro Rosselló –padre del actual gobernador– dijo que la crisis humanitaria de su isla y la lenta recuperación del huracán María han abierto una ventana para que quienes apoyan la anexión se informen y revitalicen el debate.