Ampliar derechos para una sociedad más justa

La legalización del aborto ha sido parte de la evolución de las sociedades en las últimas décadas. La inmensa mayoría de los países desarrollados aprobó legislaciones que amparan esta opción. Y la tendencia mundial será indetenible, como inevitablemente lo son aquellas demandas orientadas a la ampliación de derechos. Solo quienes se aferran a posturas dogmáticas o resultan seducidos por ciertos fundamentalismos permanecen renuentes a reflexionar con argumentos sólidos. En los países que legalizaron el aborto la tasa de interrupciones de embarazos se estabilizó o, luego de un período inicial, comenzó a descender. Y el sufrimiento de las mujeres encontró un dique de contención. Si se prefiere un ejemplo cercano, Uruguay es la muestra. Desde la legalización, las muertes maternas por abortos cayeron a cero. En la Argentina más de 40 mujeres pierden la vida todos los años por abortos realizados en la clandestinidad, con ausencia de controles y condiciones razonables de salubridad e higiene.

Nos preguntamos entonces: ¿por qué los argentinos no logramos resolver un tema tan sensible que ya fue materia de legislación con resultados favorables en gran cantidad de países? Procuremos encauzar una discusión razonable. Haber habilitado este debate supone en sí mismo un escenario superador. En la Argentina se cercenó esta discusión de manera arbitraria, acaso por influencias religiosas o confesionales, durante muchísimos años. Una paradoja, porque mientras aquí se escondía esta cruda realidad bajo un manto de tinieblas, países de raigambre católica como España e Italia encaraban el problema con decisión. La mejor evidencia de que la legislación actual es letra muerta es que los magistrados se niegan a perseguir judicialmente a aquellas mujeres que, aun con riesgo de vida y bajo amenaza punitiva, deciden interrumpir su embarazo. El Código Penal no funcionó como disuasivo sino como estímulo a la marginalidad. Trabajemos entonces para modificar la normativa, recogiendo la experiencia invalorable de los países que han desarrollado un sistema de aborto legal, seguro y gratuito. Los senadores recibimos un proyecto de la Cámara de Diputados que reconoce la legislación comparada y asegura la ampliación de los derechos de la mujer.

Entre 2010 y 2014 se registraron 25 millones de abortos peligrosos en todo el mundo, aproximadamente la mitad de los abortos totales, según relevamientos de la Organización Mundial de la Salud. El 97% de esos abortos de riesgo se concretó en países de América Latina, Asia y África. ¿Cómo seguir negando esa realidad que nos toca tan de cerca y que constituye un serio problema de salud pública? En mi provincia, Misiones, más del 70% de las adolescentes que se embarazan no desean hacerlo. Y la gran mayoría de ellas se resiste a continuar con la gestación. ¿El Estado va a obligarlas a seguir adelante con un embarazo en contra de su voluntad? No solo es desmesurado este ánimo tutelar, sino que habitualmente deriva en una crisis de vida. Pérdida de escolaridad para las menores, dificultades para la inserción laboral y hasta la reproducción intergeneracional de condiciones de pobreza en los sectores más vulnerables. Y, más grave, muchas no logran superar el parto.

Las personas gestantes no son sujetos de derecho con jerarquía inferior o de segunda categoría. No lo establecen así los tratados internacionales suscriptos por la Argentina. En el fallo “Atavia Murillo”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consignó que la protección a la vida es gradual e incremental según su desarrollo, confirmando así la prevalencia del derecho que asiste a una mujer gestante. Y en el fallo F. A. L. la Corte Suprema de Justicia de nuestro país dictaminó que el aborto legal no es inconstitucional ni contradice las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de derechos humanos. Pero extremar el énfasis en una controversia constitucional o en una discusión confesional acerca del comienzo de la vida no puede hacernos perder de vista la existencia de un grave problema de salud pública que demanda soluciones urgentes e integrales, de las que el Estado debe ser parte indispensable. Hagamos un esfuerzo por sacudirnos aquellos preconceptos que nos atenazaron durante tantos años. Ampliar derechos siempre abre las puertas a una sociedad más justa.