Mucho más que una cuestión de salud pública

Dos miradas contrapuestas en el oficialismo, frente al proyecto para despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, que se trata en el Senado

El Senado está por comenzar el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, iniciativa que nos atraviesa como sociedad, que nos interpela respecto de situaciones dramáticas y de vulnerabilidad, y que compromete el derecho primero y fundamental: el derecho a la vida. Nos abocaremos a analizar el texto enviado por la Cámara de origen y no a reeditar los amplios debates que ya se dieron en ella, porque el Senado no está abordando el tema en general, sino que debe pronunciarse sobre el texto en cuestión que, si se aprueba, se convertirá en ley. Debemos extremar los recaudos para que la responsabilidad, la reflexión y las razones y los argumentos –y no las emociones– sean el móvil de las decisiones, legislando para los millones de argentinos de hoy, pero también para los de mañana.

El proyecto con media sanción no debe convertirse en ley, porque consagramos el derecho a la vida desde la concepción a través de una amplia gama de normas legales, constitucionales y convencionales. No se entiende cómo podríamos reclamar válidamente el reconocimiento de otros derechos y su ejercicio si condicionamos el derecho a la vida con interpretaciones que nos llevan a definir tiempos de protección, estándares y condicionamientos. El proyecto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Sin embargo, en otros artículos se permite realizar la práctica después de ese momento, y sin límite de tiempo, aduciendo un posible riesgo para la salud de la madre, entendiendo por salud la definición que proporciona la Organización Mundial de la Salud: “Estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esto genera un gris respecto de los tiempos que es muy preocupante, ya que podemos estar hablando de interrumpir un embarazo muy avanzado.

Preocupan la responsabilidad de los equipos de salud y la debilidad que enmarca la objeción de conciencia, como también la prohibición de hacerlo de manera institucional. Cientos de hospitales, clínicas y médicos a lo largo del país expresaron su rechazo a este proyecto y a tener la obligación de realizar estas prácticas. Se suma la tipificación de un nuevo delito que sanciona al médico por “dilatar injustificadamente” la realización de la práctica, con términos imprecisos que pueden dar lugar a criterios dispares y confusiones. Preocupa también el quiebre en la relación médico-paciente, cuando se impide al médico efectuar consideraciones de carácter axiológico y se le impone la obligación de proporcionar una información aséptica en una relación deshumanizada, la que seguramente estará atravesada por el temor legal.

El texto desconoce realidades provinciales y avanza sobre competencias locales. La salud no es una competencia que haya sido delegada a la Nación, por lo cual, en lo que se refiere a las prestaciones y las condiciones de su realización, son cuestiones que deben resolverse en el nivel local. Quizás el mayor conflicto que presenta sea la inexcusable contradicción con la que nace, al invocar el derecho a la vida para habilitar la elección de quienes pueden ser sus merecedores. El tema nos interpela desde las políticas que no implementamos, de las soluciones y respuestas que no proporcionamos, de las herramientas de prevención que faltaron, porque el objetivo no debe ser interrumpir el embarazo, nuestra aspiración debe ser llegar antes, resolviendo las condiciones de vida de la mujer promoviendo su dignidad y sus derechos. No empecemos por las consecuencias, ocupémonos de las causas.

El Senado tiene que saber que el tema es mucho más que una cuestión de salud pública y que por ello mismo los fundamentos de una decisión no pueden anclarse solamente en la salud pública. Es una cuestión de vida y si hoy no lo pensamos así, estaremos comprometiendo todos los derechos que se derivan de ese primero y fundamental. La posición que sostengo y que voy a defender no afectará el respeto profundo con el que voy a conducir el debate en el plenario de las comisiones, porque garantizar las voces diferentes es mi compromiso con la democracia.