Consejo Profesional

En la carta del 14 del actual firmada por los contadores Armando Lorenzo y Graciela Núñez, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, se responde a una anterior, en la que el lector Basombrío se refiere al costo abusivo del arancel (insólitamente proporcional al total del balance que se certifica) que cobra aquella entidad para legalizar las firmas de sus miembros. La carta del CPCE muestra hasta qué punto se han trastocado los valores y la ética comercial en nuestro país. Los firmantes citan los antecedentes legales de los aranceles: el problema es que precisamente en ellos está la base de la falta de ética (rayando la estafa) del procedimiento. Parece mentira que el Estado permita que esa asociación simbiótica que tiene con los consejos profesionales sea usada finalmente para extorsionar al público. Suscribo a dos manos los calificativos de “innecesarias, burocráticas, arbitrarias y monopólicas” sobre las certificaciones que usó Basombrío en su carta, a las cuales agregaría el de parasitarias. El costo de cualquier certificación debería en todo caso ser afrontado por los contadores, cuyo mínimo deber es entregar a sus clientes una firma creíble. Finalmente hay que tener en cuenta que con las tecnologías de seguridad informáticas de hoy en día, esos trámites no agregan valor y deben ser eliminados como bien dice Basombrío, en pos de mejorar nuestra bajísima productividad.

Miguel de Larminat mlarminat@gmail.com