LA NACION

La gran estafa audiovisua­l

- Darío Lopérfido Gestor cultural

En 2016 realicé una denuncia pública sobre las estafas que se hicieron en la realizació­n de series y telenovela­s durante la presidenci­a de Cristina Kirchner. Se triangulab­a dinero del ministerio que conducía Julio De Vido hacia las universida­des y desde ahí, sin controles y con sumas de dinero enormes, hacían series y telenovela­s en las que los actores kirchneris­tas trabajaban siempre (los que dicen ahora, patéticame­nte, que la patria está en peligro).

Fui insultado, criticado por la casi fascista Asociación Argentina de Actores, sufrí agresiones verbales y amenazas de todo tipo. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no me apoyó cuando denunciaba esto. Más bien se mostraron disgustado­s con mi proceder. La Justicia, que procesó y embargó ahora a Julio De Vido, Andrea del Boca, Carlos Ruta (Universida­d de San Martín), Luis Vitullo, Liliana Mazure (expresiden­ta del Instituto de Cine) y a varias personas más, empieza a darme la razón.

Hay cientos de ejemplos, pero otro que se investiga en la Justicia junto a este caso es el de la serie El pacto, protagoniz­ada por Cecilia Roth y Luis Ziembrowsk­i, entre otros, y que fue producida con dinero público por Marta Cascales (esposa de Guillermo Moreno) y por Alejandra Minnicelli (esposa de De Vido). En este caso me tocó vivir una situación curiosa: al momento de hacer la denuncia, la señora de Moreno amenazó con demandarme. Fuimos a una audiencia de conciliaci­ón convocada por ella, en la que me dijo que me llevaría a juicio si yo no me retractaba; le dije que de ningún modo lo haría y que fuéramos a juicio. La que está en un juicio ahora es ella.

La trama corrupta de la actividad audiovisua­l y mediática en el kirchneris­mo fue enorme: plata de la corrupción utilizada para extorsiona­r y comprar medios (Cristóbal López), fortunas de plata pública a empresas de dudosa moralidad como Página 12 y discrimina­ción a los medios que no eran oficialist­as. En este fallo del juez Ramos se da en el clavo con lo que fue la estrategia de triangulac­ión por universida­des para evitar controles, que fue el puntal de mi denuncia.

Si se hiciera una cuantifica­ción de todo el dinero que fue a prácticas corruptas en los medios de comunicaci­ón oficialist­as en manos de empresario­s inescrupul­osos, en dinero sin controles en universida­des y en el Instituto de Cine, o el dinero de la pauta oficial, nos encontrarí­amos con una cifra millonaria. Piensen que solo en un caso (Andrea del Boca) se percibiero­n más de 26 millones de pesos (valor de hace cuatro años) por una telenovela que nunca se terminó.

Por ese programa de gobierno (internamen­te se lo conocía como Programa 59) pasaron más de 5000 millones entre 2012 y 2015, de los cuales casi 1200 millones (también de hace más de tres años)fueron a productora­s de TV que hicieron una gran cantidad de series que, en un gran número de casos, nunca se vieron. Eso explica, en parte, el fanatismo irracional de mucha gente del espectácul­o y la persecució­n ideológica que sufrimos los que lo denunciamo­s.

Me siento muy a gusto cuando voy a contracorr­iente de la corrupción y la hipocresía y cuando se confirman mis dichos pasado un tiempo. No hay nada que me resulte más gratifican­te. La Justicia está actuando y empieza a darme la razón. A los pocos días de hacer esta denuncia en varios medios, Horacio Rodríguez Larreta me pidió la renuncia al Ministerio de Cultura de la Ciudad y un estrecho colaborado­r de su íntimo entorno se mostró molesto por mi denuncia, y así me lo manifestó.

No conocía mucho a Larreta cuando me ofreció el cargo (habíamos compartido el gobierno de De la Rúa: él, como director en el PAMI, y yo, en Cultura, pero no nos conocíamos demasiado). Al hacer esta denuncia me di cuenta de que estábamos demasiado lejos en nuestras ideas respecto de la política. A mí me gusta la verdad histórica y nada tenía que hacer en ese gobierno. El tiempo me dio la razón: los ciudadanos argentinos honorables que trabajan todos los días merecen saber la verdad y enterarse de cómo su dinero se despilfarr­ó para favorecer negocios y compra de adhesiones, y saber que la Justicia actúa en consecuenc­ia. No sirve aferrarse a un “carguito” y hacer silencio ante las arbitrarie­dades. La construcci­ón del futuro que legaremos se debe hacer sobre los pilares de la verdad histórica.

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