El gobierno enfrenta a los gremios y ya empezó a investigar sus cuentas
Una auditoría oficial avanza sobre 100 de los 3263 gremios y revela distorsiones en el cobro de la cuota sindical y en la cantidad de afiliados declarados
En medio de la escalada del enfrentamiento entre el Gobierno y Hugo Moyano, el Ministerio de Trabajo avanza en una inspección contable en 100 de los 3263 sindicatos registrados que hay en el país. Camioneros es una de las organizaciones que están en la mira, aunque en los resultados parciales no se verificó aún ninguna irregularidad.
Sí, en cambio, ya se conocieron anomalías en los dos gremios docentes mayoritarios de la provincia de Buenos Aires: el Suteba y la FEB. En el primero, cuyo referente es Roberto Baradel, se advirtió sobre el registro de afiliados, que no estaría actualizado desde 2013. El segundo caso sería más grave: la federación que encabeza Mirta Petrocini retendría a modo de cuota sindical el 2% mensual de cada afiliado, mientras que debería ser el 1,5%, según el informe oficial.
La auditoría, que está a cargo de Karina Palacios, la directora nacional de Asociaciones Sindicales, finalizará en octubre y representa un paso inédito en el vínculo entre el organismo laboral y los sindicatos. Actúa un equipo de 10 personas, entre las que hay abogados, contadores e inspectores de la AFIP.
Cerca del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, compararon la tarea de la auditoría con lo que hace la Inspección General de Justicia con las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada.
Algunos gremios, en cambio, lo tomaron como una violación de la libertad sindical y atribuyeron cierta intencionalidad política. “Es una suerte de apriete y extorsión”, dijo Baradel.
La determinación de poner la lupa en 100 gremios no habría sido azarosa. “Se avanzó sobre las organizaciones que venían incumpliendo en la entrega de datos y en las que se verificaron de antemano algunas irregularidades”, explicó la metodología un funcionario que conoce detalles de la inspección. Si persisten las irregularidades, el gremio podría sufrir la quita de la personería.
El Suteba, uno de los que están en la mira, fue intimado ayer a presentar su nómina de afiliados. Desde el gremio docente aseguraron que lo harán la semana próxima y relacionaron la demora a que el Ministerio de Trabajo dilató la certificación oficial de autoridades. “Está todo en regla. De lo contrario, ¿sobre la base de qué hace el descuento de la cuota la Dirección de Escuelas?”, retrucó Silvia Almazán, número dos del gremio docente. Baradel reforzó con la interpretación política: “Es una suerte de apriete en medio de una paritaria que sigue sin resolverse. A nosotros no nos asusta porque tenemos todos los papeles en regla”.
El caso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) es más complejo porque se investiga un desmanejo en el dinero de los afiliados. “Toda la documentación que se nos requirió ya la entregamos”, señaló Mirta Petrocini, la jefa de la FEB, que representaría a unos 50.000 maestros. Otro jerárquico de la federación se defendió de lo que consideró una ofensiva con intencionalidad política: “Es una cuestión interna de los sindicatos cuánto se cobra de cuota sindical. El ministerio se está extralimitando en lo que debe auditar”.
Baradel y Petrocini lideran el frente gremial que pulsea con María Eugenia Vidal por su paritaria. Aún lejos de un acuerdo, los docentes prevén activar su décimo paro del año tras el receso invernal ante el rechazo de la gobernadora a otorgar un aumento salarial de 25%, con cláusula gatillo. Pasado mañana habrá un encuentro entre las partes.
Además de los gremios docentes, surgieron otros dos casos de irregularidades. Uno de ellos involucra a la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), que es el gremio mayoritario en la Anses. El Ministerio de Trabajo detectó “incumplimientos” en la presentación de la memoria y balance y envió al gremio un equipo de inspectores que no habría podido ingresar a la sede a pesar de contar con la orden judicial, lo que agravaría una eventual sanción.
Leonardo Fabre, jefe de Apops, desmintió que los inspectores hayan ido a su gremio. “No hubo ninguna inspección. Que el Ministerio de Trabajo venga cuando guste. Somos muy prolijos”, dijo Fabre, una de las voces más críticas con el Gobierno que surge desde la CGT. Fabre suele expresar su descontento con afiches callejeros. Uno de los últimos mensajes sugirió una presunta maniobra del Gobierno para avanzar sobre las cajas previsionales, mientras que otro rechazó el desembarco del Fondo Monetario Internacional.
Otro de los hallazgos del informe preliminar se dio en el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap), que habría utilizado un número de personería gremial falso, ya que en el Ministerio de Trabajo figura como una organización simplemente inscripta. “Utilizaban un número de personería hasta en los membretes y eso les permitió negociar paritarias, entre otras ventajas que tienen sobre los gremios simplemente inscriptos”, argumentó un funcionario.
Entre los sindicatos distinguen una maniobra del Gobierno y cuestionan que la auditoría esté apuntada a las organizaciones más díscolas. Hugo Moyano (h.), abogado de Camioneros, dijo que “se viola la autonomía sindical”. Y agregó: “Van a querer conocer nuestro libro contable para saber si pueden ejecutar la multa”.
“El Ministerio de Trabajo tiene facultades de inspección, pero debe existir una causalidad. No hay una fiscalización racional ni de rutina, sino que lo hacen para ejemplificar, como sucedió con la sanción a Camioneros”, argumentó Horacio Meguira, asesor legal de la CTA Autónoma. Otro abogado vinculado al universo gremial reconoció en reserva que existen irregularidades en los plazos para presentar balances. “En muchos casos, los balances no reflejan la realidad. La mayoría de los sindicatos no cumplen con los deberes”, dijo el experto.
La auditoría finalizará entre octubre y noviembre. De los 100 gremios en la mira, en 20 la investigación ya está por cerrarse, mientras que otros 20 ya fueron intimados a regularizar la presentación de sus balances. Sobre los 60 restantes se avanzará en los próximos días. En paralelo, otra área del Ministerio de Trabajo sigue con lupa las irregularidades en los procesos electorales, otro terreno pantanoso para los gremios.