Vidal ante su primera crisis. Incertidumbre judicial y la defensa del abogado del Presidente
Ante la denuncia por los aportes, la provincia contrató los servicios del estudio encabezado por Alejandro Pérez Chada, abogado de Macri en Boca; el enojo íntimo de la gobernadora
María Eugenia Vidal no quería saber nada con los informes que su equipo le preparó. Quería ver la reacción de la gente directamente. Hace una semana, sin decir nada, acompañada por solo unos pocos colaboradores, la gobernadora bonaerense fue hasta Quilmes. Más precisamente a la villa Itatí, donde beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y titulares de planes de Argentina Trabaja denunciaron que Cambiemos utilizó sus nombres como aportantes para la última campaña electoral.
Después de caminar durante una hora y media el barrio, se fue tranquila. Ningún vecino le hizo referencia a ese hecho que investiga la Justicia. Lo mismo sucedió anteayer en Ituzaingó, reducto peronista del oeste bonaerense que gobierna Alberto Descalzo. Pero el alivio le duró poco, porque el escándalo trepó lentamente en los medios hasta que se transformó en un tema de agenda.
Sin margen, tomó una decisión dolorosa: echó a Fernanda Inza, contadora general bonaerense y responsable financiera de la campaña electoral. Fernanda es su amiga. “No fue sencillo”, confió un testigo de ese momento. Las caras de los colaboradores más íntimos eran elocuentes. Ese fue el pico del enojo de Vidal. “Puteó a mucha gente por esto, a ministros muy cercanos. Pero alguien tenía que pagar el costo”, se resignaron desde su entorno.
La gobernadora no califica lo que pasó como un escándalo, pero reconoce que se trata de la primera crisis política que tiene que atravesar desde que asumió como gobernadora, en diciembre de 2015. Además de la salida de Inza, Vidal anunció, con independencia de lo que ocurra en el Congreso con el proyecto de ley de financiamiento de la política, que el año próximo solo aceptará aportes bancarizados. “Nos pegó debajo de la línea de flotación”, reconoció una altísima fuente de la provincia.
En La Plata están convencidos de que, más allá de “los errores propios que tendrá que investigar la Justicia”, la oposición busca desgastar la imagen de Vidal, que ostenta los números más altos de Cambiemos. “Le pegan en los valores que la sostienen: transparencia y honestidad”, describió un hombre con acceso diario al despacho de la mandataria provincial.
“No nos financiamos con el juego ni la droga, ni las cajas negras de la policía”, repiten como un mantra en la intimidad la gobernadora y su jefe de Gabinete, Federico Salvai.
¿Alcanza la renuncia de Inza para terminar la crisis?, preguntó la naa uno de los principales asesores cion de la gobernadora. “No lo sabemos”, se atajó, aunque íntimamente el grupo más cercano de Vidal cree que con la judicialización del hecho el futuro no está en sus manos. La auditoría que mandó a hacer la provincia arrojó que “hubo inconsistencias”.
Vidal y Salvai estuvieron en comunicación permanente con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Pero no habló con Macri ni antes ni después de las conferencias de prensa que protagonizaron ambos el último miércoles.
La otra reacción política fue del Gobierno: un día después de que Vidal despidiera a su funcionaria, con la firma del propio presidente Mauricio Macri, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento la nueva ley de financiamiento político, que contiene, entre otros puntos, la bancarización obligatoria de todos los aportes a los partidos políticos.
Cerca de Vidal también se mostraron molestos con la oposición por el uso del caso. En particular con el kirchnerismo. “Acá no se salva nadie”, advirtió un integrante de Cambiemos. Se refería a la presentación de gastos que hizo Unidad Ciudadana por la campaña de la expresidenta Cristina Kirchner. “Gastaron 17 millones de pesos… con eso no pagan ni la impresión de las boletas”, describió. Cambiemos, en tanto, justificó 86 millones de pesos.
La estrategia ahora está en la Justicia. Para defenderse, el gobierno bonaerense desplegó un plan de acción que tiene al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, como su estratego. Además, contrató los servicios del estudio de abogados que lidera Alejandro Pérez Chada, abogado de Macri en Boca. Hoy son cuatro las denuncias abiertas contra la administración bonaerense, autoridades partidarias y los candidatos de la campaña 2017: Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela ocaña y Héctor “Toty” Flores. Una fue iniciada de oficio por el fiscal federal electoral Jorge Di Lello. La segunda, por lavado de dinero, quedó radicada en el juzgado del juez federal Sebastián Casanello, que ya citó como testigos a 50 personas que figuran como aportantes. Las otras dos se encuentran en la Justicia de La Plata.
Aquellos que comparten sus días con Vidal la ven “tranquila”. Solo le dolió tener que “entregar a alguien propio” como Inza. Y si bien mantiene la “preocupación”, no quiere que la primera crisis política afecte su gestión. Por eso, ya avisó a su tropa: esto no cambia nada.
Ahora está concentrada en la negociación con el Gobierno y el resto de las provincias por el presupuesto. Vidal está dispuesta a aceptar un recorte de un porcentaje similar al que recibe por coparticipación. Es decir que de los 100.000 millones que tendrán que ajustar las provincias, 23.000 millones serán de los bonaerenses. En ese sentido, aceptará el traspaso de parte del transporte y las eléctricas, pero no de AYSA. “Sería un rojo estructural para la provincia”, explicó un funcionario.
Mientras acompaña al Presidente en el ajuste, Vidal ya se prepara para lo que será la larga carrera más importante que tiene por delante, la reelección. “Ganar depende de nosotros”, se entusiasmaron fuentes de la gobernación, que visualizan a Cristina Kirchner como rival directo.
La falta de candidatos de la oposición en la provincia, creen cerca de Vidal, llevará a una inevitable polarización con la expresidenta y la atomización del peronismo. Al igual que Macri, Vidal sonríe ante esta posibilidad.