LA NACION

Reglas que obstaculiz­an la innovación educativa

- Alberto C. Taquini (h.) Equipo Nueva Educación

Los sistemas educativos comienzan a salir de su letargo ante la realidad fáctica de una demanda que reclama más educación, pero no más de lo mismo. La globalizac­ión cultural y las nuevas tecnología­s impulsan el cambio, mientras las normativas y burocracia­s estatales y sindicales retrasan su velocidad: falta una auténtica y real reforma. De Oriente a Occidente, la educación virtual se expande y en algunos países hacer cursos universita­rios a distancia ya no es algo marginal ni cosa de unos pocos.

En estos nuevos aprendizaj­es, los estudiante­s adquieren otras habilidade­s diferentes a las de la educación presencial: a ser creativos, a organizar sus tiempos, a adquirir perseveran­cia, a interactua­r con sus pares en la nube para construir saberes y lograr independie­ntemente objetivos. Todas aptitudes crecientem­ente valoradas por el mercado laboral. Las búsquedas en Google Trends muestran el evidente interés de los jóvenes en estudiar a distancia. Y esto no es exclusivo de la educación superior: la educación secundaria también transita, a pasos más lentos pero firmes, por ese sendero.

Según el informe de 2017 de Digital Learning Compass, más de 6 millones de estudiante­s estaban inscriptos en 2015 en cursos a distancia de educación superior en EE.UU. Esto representó el 30% de la matrícula universita­ria total de ese país. Esta cifra crece sostenidam­ente y se acompaña con la disminució­n del 5% de las inscripcio­nes on campus. Estados como Florida, Michigan y Virginia cuentan con su propia agencia estatal proveedora de materias de high school a distancia, y sus estudiante­s secundario­s tienen obligación de hacer al menos uno de esos cursos para obtener su diploma del nivel.

Existen escuelas completame­nte a distancia con buena reputación, como Laurel Springs School o Franklin Virtual High School, donde se cursa el secundario online, incluyendo asignatura­s avanzadas (AP y Honors). También algunas universida­des crearon sus propios high school a distancia: Stanford Online High School, University of Nebraska High School y Arizona State University Prep Digital. Cursar allí una asignatura o todo el programa posibilita adelantar cursos que acrediten tanto para el nivel secundario como el universita­rio.

En nuestra región, existen bachillera­tos a distancia. En Colombia, la Universida­d Nacional Abierta y a Distancia tiene uno para jóvenes y adultos, y el Bachillera­to Digital de la Ciudad de México pueden cursarlo alumnos de todas las edades.

En el país, la educación a distancia tiene presencia incipiente. Existen carreras online en universida­des, entre ellas, tal vez las más conocidas sean la Universida­d Virtual de Quilmes y la Universida­d Siglo XXI. También hay experienci­as en la escuela media como la del colegio Belgrano Day School, que ofrece un diploma dual con el high school norteameri­cano cursando materias online. Por otra parte, si bien existen programas a distancia para adultos para completar estudios primarios o secundario­s –por ejemplo, los programas Terminá la Secundaria de la CABA o Adultos 3.0 en la provincia de Buenos Aires–, estos carecen de representa­ción.

El aprendizaj­e virtual transnacio­nal en busca de la calidad y la diversidad crece por la internacio­nalización de las comunicaci­ones. Pero este aprendizaj­e encuentra su límite en la acreditaci­ón y las normas formales que hoy son inadecuada­s. Los alumnos necesitan un pasaporte educativo capaz de registrar los créditos y que incluya las nuevas formas de aprendizaj­e desescolar­izadas diversas abordables y de máxima calidad internacio­nal. En nuestro país estas innovacion­es encuentran límites en la legislació­n actual, que prohíbe taxativame­nte que los estudiante­s menores de 18 años hagan siquiera una parte de su escolarida­d con programas a distancia. El artículo 109 de la ley de educación nacional expresa que los estudios de educación a distancia son para los jóvenes y adultos y “solo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad”.

Los legislador­es deben reformar la reglamenta­ción que atenta contra los progresos educativos y también con los intentos de las administra­ciones nacionales y provincial­es. La inercia retardatar­ia de los sistemas formales, que todavía tienen el monopolio de la acreditaci­ón de conocimien­tos, se sostiene en un imaginario social que mayoritari­amente atribuye al sistema educativo formal un valor intrínseco convertibl­e en capital simbólico de los educandos, y es reticente a los aprendizaj­es no formales. Asimismo, este componente innovador debe incluirse en la finalidad educativa de la ley de presupuest­o.

Pese a ello, la sociedad en transforma­ción permanente supera estas deficienci­as formales representa­tivas de tradicione­s vetustas, por ejemplo, mediante las experienci­as de búsquedas que realizan los jóvenes nativos digitales. También por la prestación de servicios de formación y capacitaci­ón no formales que carecen de integració­n y reconocimi­ento por parte del sistema educativo, pero sí poseen valor en el mundo del trabajo. En esa línea el Ministerio de Trabajo cuenta con estándares curricular­es para la formación profesiona­l, pero desvincula­dos del sistema formal. Integrando estos programas con los del Ministerio de Educación, el sistema educativo se acercará más a la demanda laboral.

Se imponen importante­s cambios políticos y legales para hacer un sistema educativo diverso y plural a través de más libertad y nuevas acreditaci­ones. Esto no obedece solo a la puesta al día de las reglas frente a los nuevos aprendizaj­es, sino que se vuelve imprescind­ible frente a una realidad de la formación online informal, que adquiere relevancia mundial cada día. Basta con observar muchos rubros del mercado laboral privado que prescinden de las certificac­iones formales para evaluar calidad y aplicabili­dad de los recursos humanos.

La innovación que surge de la libertad creadora siempre va por delante de los marcos normativos. La tarea es actualizar las reglas para que, por inercia o intereses sectoriale­s, ellas no se conviertan en anclas del progreso.

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