Rosario lanza un plan para recuperar barrios
Con mayor presencia de la Gendarmería y la apertura de espacios públicos, se inicia un proyecto para pacificar una zona controlada por clanes criminales
ROSARIO.– Las paredes son un jeroglífico del conflicto entre dos clanes narco, los Funes y los Caminos, que viene desde hace años, pero que recrudeció en enero pasado, cuando a partir del crecimiento de la violencia, sobre todo en el sur y el oeste, se inició la sucesión de 115 homicidios en Rosario. Los muros del Fonavi de barrio Municipal contienen nombres, desafíos, fechas y homenajes a los caídos. Allí se inició un proceso de pacificación para recuperar una de las zonas más peligrosas que estaban en manos de las bandas de narcomenudeo.
En las paredes persiste la palabra Fonavi VIP, como si fuera una condición especial. Era el nombre que usaba la banda de Alexis Caminos. Pero el privilegio era para unos pocos, solo para los que gobernaban ese lugar a costa de balazos, que se transformaron en cicatrices en esas paredes, como las que se ven en la casa de Juan Domingo Ramírez, un sicario de Los Monos, que está preso. El frente de su departamento tiene 32 impactos de bala. Domínguez carga con la anécdota de haberse fugado de la jefatura de policía el 14 de enero de 2014.
Muchos de los apodos que aparecen pintados son de jóvenes que están muertos o presos, que pertenecían a los dos clanes que dominaron y se enfrentaron en el Fonavi de barrio Municipal, una especie de ciudad con vida propia dentro del barrio La Tablada.
Ese complejo de torres de color amarillento, que se construyó en la década del 80, es el Fonavi más grande de la Argentina, con 9300 departamentos, donde se calcula que viven 55.000 personas, lo que convirtió ese lugar en el escenario perfecto de la lucha territorial para la venta de drogas.
En el medio de esa guerra narco quedaron los vecinos. Se convirtieron en esclavos del terror, sin poder pedir auxilio a nadie. Y el lugar empezó a deformarse, hasta en su fisonomía. Por ejemplo, Marisa, una mujer de 32 años, contó que su hijo de 8 nunca pudo jugar en una de las plazoletas internas del complejo.
No solo por las bandas criminales se transformó este barrio. Los Funes y los Caminos contaron con la ayuda de parte de la policía. Del otro lado de la avenida Grandoli, la comisaría 11, que tiene jurisdicción en la zona, ubicada en territorio de los Caminos, cobró durante 15 años distintas tarifas según el rubro delictivo. El colmo de este esquema corrupto se corporizó cuando los narcos usurparon y se quedaron con el destacamento policial del barrio en el Fonavi.
“Lo peor es que nadie se dio cuenta”, dijo con ironía Demetrio, un jubilado que vive desde hace 34 años en el barrio. “No se podía caminar ni de día ni de noche. Los tiroteos eran permanentes. Nadie sabe lo que es vivir en medio de una guerra”, dijo mientras caminaba hacia un centro comercial que ahora funciona con cierta tranquilidad.
Las muertes y los arrestos en varias etapas de los cabecillas del clan Funes y el avance de causas en los fueros provincial y federal incentivaron que se pusiera en marcha otro capítulo, ya no solo enfocado a atacar a esa banda criminal, sino a recomponer el tejido social, que también fue víctima del crecimiento de esa banda liderada desde la cárcel por René Ungaro, preso por matar a Roberto Caminos, el histórico líder de la barra brava de Newell’s.
Desembarco de fiscales
En el Fonavi se instalaron funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y distintas áreas del Estado municipal y provincial que integran lo que se denomina el plan Abre Familia. Al lugar también llegaron patrullajes permanentes de la Policía de Acción Táctica y la Gendarmería. El programa tiene una duración de ocho meses en una primera etapa y se planea ampliar el radio de acción hacia el otro lado de avenida Grandoli, donde dominan los Caminos.
El detonante de la puesta en marcha de este plan fue un operativo que unos 200 efectivos realizaron el 26 de junio pasado. La orden de la fiscal Gisella Paolicelli incluyó el allanamiento de 24 departamentos del Fonavi que estaban usurpados por miembros de esa banda narcocriminal. Estas propiedades, en la mayoría de los casos sin escrituras, eran usurpadas para ser utilizadas como quioscos de drogas y aguantaderos para acopiar armas.
A partir de ese día, un grupo de funcionarios del Ministerio Público de la Acusación se quedó en el lugar y montó una oficina en uno de los departamentos para coordinar las investigaciones en la zona.
Mónica Fein, intendenta de Rosario, indicó: “Las cuadrillas municipales comenzaron a restaurar los espacios públicos que habían sido ocupados, y estamos planificando importantes obras e intervenciones que van a permitir a los vecinos volver a la vereda a compartir un mate o una charla con su vecino”.
Víctor Moloeznik, subdirector de Investigaciones Criminales, fue uno de los funcionarios que mudaron su oficina a un departamento del Fonavi. Los funcionarios comentaron que mucha gente se acerca a denunciar distintos hechos, como usurpaciones de viviendas.
Esa metodología de usurpación de hogares se impuso en Rosario en los últimos años, luego que las bandas de narcomenudeo empezaran a rotar los lugares de expendio fijos, conocidos como búnkeres.
La tarea que realizan los equipos técnicos de la Secretaría de Estado del Hábitat provincial es chequear que los departamentos estén ocupados de forma regular por los propietarios correctos, y, por otro lado, se verifican las obras de mejora edilicia en cada una de las torres. Los trabajos comenzaron en los núcleos 14 y 15, y las torres B y C, donde viven 161 familias.
Las cuadrillas trabajan en el desmantelamiento de construcciones irregulares sobre espacios públicos que no permitían que los vecinos pudieran transitar por el complejo. Cada habitante hacía allí lo que quería. Ampliaba su casa o construía una cochera en una plazoleta.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación plantean desde hace un tiempo que “es necesario actuar con políticas de fondo en ese tipo de territorios”. Esa cartera propuso que se ponga en marcha en distintas zonas el plan Barrios Seguros, que se implementa en Alto Verde, Santa Fe. “El objetivo es realizar un abordaje integral, con inteligencia para luchar contra las bandas, porque no podemos permitir la existencia de sicarios en los barrios”, señalaron. En los próximos diez días el ministerio que encabeza Patricia Bullrich mantendrá una reunión con las autoridades provinciales y se anunciará un programa para abordar el problema de la violencia en los barrios.