Nicaragua, cada vez peor
Impotencia regional para frenar la violencia de Ortega.
Unas 300 personas murieron en las calles de Nicaragua por una represión brutal. El mundo condenó las atrocidades y exigió paz. Pero el presidente Daniel Ortega se aferró al poder, celebró un nuevo aniversario de la revolución sandinista, denunció una conspiración orquestada desde Washington y acusó a los manifestantes de ser una “fuerza diabólica”, una “secta satánica”.
La violencia desplegada por el régimen de Ortega en Nicaragua volvió a mostrar la impotencia regional para frenar una crisis. La represión fue condenada por 21 países en la Organización de los Estados Ame- ricanos ( OEA), entre ellos, todos los miembros del Grupo de Lima y Estados Unidos. La Unión Europea ( UE), las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos se sumaron al repudio. Pero esa presión internacional – al igual que pasó en la crisis en Venezuela– fue hasta ahora incapaz de erradicar la violencia. La región parece atada de manos, impotente para generar un cambio político pacífico.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, desconoció la condena de la OEA, que tildó de ilegal, sesgada e injusta. Lejos de ofrecer una tregua, Moncada escudó al gobierno detrás de una denuncia: una conspiración de Washington para derrocar a Ortega. “Estamos ante una situación de un golpe de Estado”, afirmó.
La condena que sufrió el régimen de Ortega en la OEA llegó mucho más rápido y fue más contundente y amplia que la del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Pero, por ahora, poco sugiere que esa presión pueda causar mella, más allá de abrir la puerta para escalar la ofensiva externa, como, por ejemplo, aplicar sanciones que ahoguen al gobierno.
“Existe una percepción generalizada de que la presión internacional puede por sí misma poner fin a crisis como las de Venezuela y Nicaragua. Si bien es positivo y deseable que los organismos internacionales y los países adopten una posición asertiva ante estas atrocidades, en última instancia es poco lo que pueden hacer para sacar a sátrapas que han decidido enquistarse en el poder”, indicó a la nacion Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato, un centro de estudios libertario de Washington. “Estamos ante una situación en que estos regímenes están dispuestos a incurrir en baños de sangre antes de contemplar dejar el poder”, agregó.
Hidalgo insistió en que la comunidad “puede y debe” sancionar a estos regímenes, pero también apuntó que las sanciones por sí solas “tienen un magro récord de lograr su objetivo final”, un cambio político con un nuevo gobierno elegido democráticamente. Con todo, el analista dijo que la condena sí hace una diferencia para la gente que sufre la violencia en primera persona.
“Hay pocas cosas más desmoralizadoras para la gente en las calles arriesgando sus vidas que la indiferencia de la comunidad internacional, sentirse solos”, apuntó.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch ( HRW), coincidió con este punto.
“Lo peor es el silencio frente a graves violaciones de los derechos humanos. Es difícil contemplar una peor alternativa”, señaló.
Vivanco reconoció que suele sentirse “frustrado” ante la “lentitud” que a veces muestra la comunidad internacional para condenar abusos y atrocidades, y actuar para poner punto final a la violencia. Pero, al respecto, destacó que la velocidad de la reacción regional con la crisis en Nicaragua no tuvo punto de comparación con la de Venezuela. La paciencia se agotó mucho más rápido.
Uno de los problemas que Vivanco puso sobre la mesa es que los mecanismos disponibles para la co- munidad internacional son débiles porque surgieron de negociaciones entre Estados que se mostraron dispuestos a ceder algo de soberanía a favor de un compromiso colectivo para defender valores comunes ante situaciones extraordinarias.
“Esto no les quita relevancia a los mecanismos”, indicó. “Hay que entender que son débiles, graduales, pero también hay que entender que, ante estas crisis, estos mecanismos generan reacciones en cadena. Se concatenan con otras reacciones donde se produce un efecto multiplicador”, apuntó Vivanco.
Una condena en la OEA, sobre todo si se trata de un rechazo “enérgico” – un adjetivo que puede demandar meses de negociación entre diplomáticos–, puede abrir la puerta a que otros bloques, otros organismos y otros países se sumen. Y serviría para justificar sanciones y aislar al régimen. Pero la presión internacional por sí sola es insuficiente.
Vivanco dijo que, en aras de desatar un cambio político, debe estar acompañada de una fuerte movilización interna. Recordó, por caso, los problemas de la oposición en Venezuela.
“Yo no conozco un ejemplo, es posible que exista, pero no lo tengo presente, donde se haya producido un cambio fundamental, una transición pacífica, de un régimen dictatorial opresivo a una situación de pluralismo democrático si no hay una fuerte movilización interna de la población”, indicó. “En última instancia – agregó el director para las Américas de HRW–, paralizar al país y hacerle sentir al dictador que está solo, aislado, interna e internacionalmente”.