La batalla urgente por la ley del banco de alimentos
desde hace 14 años, el proyecto está frenado
Mientras, se desperdician 16 millones de toneladas Pese a que existen diez millones de pobres y dos millones de indigentes, cada año en el país se pierden unos 16 millones de toneladas de alimentos, un contraste acuciante ante las perspectivas económicas.
Los desacuerdos políticos por la responsabilidad de las empresas donantes de alimentos frenan desde hace 14 años una ley que podría amparar a las decenas de entidades y organizaciones comunitarias que, a diario, corren contra reloj para evitar que se desperdicie la comida que otros esperan.
Sin una norma que las ampare, cada día decenas de entidades buscan comida que se descarta para llevar a los comedores El debate por la responsabilidad de las empresas donantes enfrenta al oficialismo y parte de la oposición con el kirchnerismo, y demora desde hace 14 años la aplicación de un sistema que podría alimentar a miles
Una brisa gélida calaba hasta los huesos en aquella mañana gris. Desde bien temprano un grupo de hombres y mujeres apostados en el ingreso del Mercado Central de Buenos Aires desafiaba el frío a la espera de las primeras instrucciones. Hermanados por la solidaridad, habían llegado desde los confines más empobrecidos del conurbano para cargar el excedente de frutas y verduras que los puesteros estaban dispuestos ese día a donar.
“Doña, usted no se imagina cómo aumentó la necesidad de la gente en estos últimos meses”, cuenta Estela, responsable de la ONG Cosas de Duende, en Banfield. Marcela, de Barrio La Loma, en Ciudadela, asiente. “Nosotros arrancamos dando de comer a 30 familias. Hoy son 200”, se aflige. “Hay mucha hambre. Sabemos que solo un plato de comida por día no es suficiente, nos gustaría dar más, pero no damos abasto”, se lamenta Gloria, de la Asociación Jesús es Vida, encargada del comedor Los Pollitos, del barrio La Matera, en Solano.
“¡ Salieron zanahorias en el puesto 14!”, exclamó, handy en mano, Marcelo Benedetti, jefe del Departamento de Acción Comunitaria del Mercado Central. En un santiamén todos se treparon a sus vehículos – dos camiones municipales, una camioneta, una van, un ómnibus fuera de servicio y un automóvil algo desvencijado– y partieron en tropel hacia el primer destino.
Hasta el mediodía, la caravana se desplazó por casi una decena de puestos a la caza de la mercadería: zanahorias primero, después ajo, luego un decomiso de uvas, otro de peras, batatas y papas. Los ingenieros en bromatología del Mercado Central habían previamente controlado que estuvieran aptos para consumir. Los muchachos cargaban los bolsones; aquel era un día de suerte, afirmaban. Otras veces, en cambio, el periplo es demasiado corto, con apenas uno o dos puesteros dispuestos a donar.
Lo cierto es que la mayoría prefiere desechar la mercadería sin vender en los volquetes de basura. “Esto nunca debería pasar en nuestro país”, se lamenta Benedetti, jefe del operativo. La postal se repite en cada una de las naves del Mercado: mujeres y chicos hurgando dentro de esos contenedores para rescatar lo que se pueda comer. O vender. Bolsa en mano, Darío, de González Catán, revolvía rápido entre las cebollas que uno de los puesteros había arrojado al volquete. “Está buena, la limpiamos un poco y listo”, dijo, sonriente.
Una de las paradojas más lacerantes de la Argentina es que, con 10 millones de pobres y otros 2 millones de indigentes, se desperdicien o se pierdan 16 millones de toneladas anuales de alimentos. Casi un cuarto de la producción alimenticia de nuestro país arrojado, literalmente, a la basura. De ese total, el 45% son frutas y hortalizas, explica a la na
Mercedes Nimo, subsecretaria cion de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria.
Este contraste, en el que el hambre convive con el desecho de toneladas de alimentos, se muestra aún más angustiante ante la perspectiva de un segundo semestre sombrío, con una inflación que no da tregua y una economía en contracción.
“Todas las evidencias demuestran que va a aumentar la pobreza en forma no explosiva, pero sí importante”, aseveró Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
En este contexto, el oficialismo y un sector de la oposición dieron el año pasado un nuevo impulso a una ley demorada hace 14 años, destinada a fomentar la donación de alimentos en buen estado. Una discusión ideológica, no exenta de intereses políticos solapados, impidió hasta ahora su sanción.
“Da vergüenza ajena que a nuestra gente, a nuestros pobres, se los quiera consolar con mercadería que se está pudriendo”, exclamó indignado el diputado Adrián Grana, del Frente para la Victoria. Como él, todos los legisladores kirchneristas votaron en contra del proyecto que instrumenta el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, que se discutió hace dos semanas en Diputados.
“¡ En un país de penurias es muy fácil venir a hacer discursos mientras la gente se caga de hambre!”, le respondió la diputada Graciela Camaño, jefa del Frente Renovador. Desde Cambiemos, Elisa Carrió, una de las promotoras del proyecto, tampoco se quedó callada: “En nuestro país la lucha contra el hambre constituye un escándalo moral No podemos tener una población que sufre ese flagelo cuando sobran alimentos y se desperdician sin estar vencidos”.
El calor del debate se cernía sobre uno de los puntos claves del proyecto: qué responsabilidad civil o penal les debe caber a los donantes por los daños y perjuicios que pudiesen provocar por la mercadería que entregan. En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner había dejado trunca la ley de donación de alimentos ( llamada ley donal) cuando vetó el artículo sobre la responsabilidad de los donantes; consideró que esta era demasiado laxa. A 14 años de la ley donal, hoy son pocas las empresas que donan alimentos; la mayoría prefiere desecharlos antes de enfrentar eventuales demandas civiles o penales por donarlos.
Marco Lavagna, del Frente Renovador, encontró una fórmula salomónica que permitió destrabar la discusión: propuso que las empresas que donen solo sean responsables civil y penalmente cuando se pruebe dolo o culpa por los eventuales daños que provoque esa mercadería. La propuesta fue apoyada por todos los bloques, salvo el kirchnerismo. Ahora el Senado tiene la última palabra.
En la Red de Bancos de Alimentos esperan ansiosos la sanción de la nueva ley. Creada en 2003, esta red agrupa a 15 bancos de alimentos, otros dos en formación y dos organizaciones adherentes emplazadas en once provincias argentinas. Su función es rescatar aquellos alimentos que salieron del circuito de comercialización ( por excedentes de producción, porque son productos con corto vencimiento o tienen un embalaje o etiquetado defectuoso), pero que son aptos para el consumo, pues no están vencidos. Los bancos se encargan de clasificarlos, almacenarlos y distribuirlos entre las organizaciones comunitarias inscriptas. A su vez, ellas pagan un “precio simbólico” por cada kilo de mercadería que se llevan.
“En 2017, se repartieron nueve millones y medio de toneladas, que equivalieron a 28 millones de platos de comida. Fueron beneficiadas 2400 organizaciones de ayuda comunitaria y, por medio de ellas, 332.619 personas”, exalta la directora ejecutiva de la Red, Natascha Hinsch.
Hoy, son 200 los donantes ( muchos de primera línea) que entregan mercadería a los bancos: supermercados, empresas productoras de alimentos, mercados de frutas y verduras, entre otros. Todo el proceso está perfectamente auditado desde la recepción hasta la entrega de la mercadería; la trazabilidad es clave para que los alimentos lleguen donde hay necesidad y no sean comercializados.
Lo mismo sucede en el Mercado Central. Allí se instrumenta desde hace dos años el Programa de Distribución Solidaria de alimentos saludables, donde todos los días unas 55 organizaciones sociales previamente inscriptas se turnan para llevarse frutas y verduras donadas por los puesteros. “En 2017 llegamos a casi 90.000 personas”, exalta el jefe del Mercado Central, Fabián Miguelez.
El grueso de las donaciones que realiza el Mercado Central depende de la buena voluntad de los puesteros. Pero la política no deja de meter sus tentáculos. “En otros tiempos se priorizaba a las organizaciones del kirchnerismo, venían de Ezeiza, de La Matanza”, deslizan algunos puesteros.
La nueva ley de fomento a la donación de alimentos remediaría esta arbitrariedad política en el reparto de la mercadería. Establece un registro de instituciones receptoras. Estas serán responsables de la entrega a los consumidores.
La ley tiene por objeto paliar tanto el problema de la pérdida de alimentos como el de su desperdicio. La pérdida es aquella materia prima que, por distintas razones, no llega a venderse. El 80% de los alimentos desechados son pérdidas; el 20% restante son “desperdicios”: alimentos ya elaborados que se arrojan a la basura durante la comercialización y el consumo.
De los supuestos “desperdicios” se ocupa la asociación Plato Lleno. “Surgimos como una iniciativa solidaria en 2013. Un grupo de amigos que nos dedicamos al negocio del catering observamos cómo se tiraban kilos de comida en excelente estado en una fiesta y nos ofrecimos a llevarla a algún comedor. De allí se fueron sumando voluntarios en distintas provincias”, explica Rafael Barrio.
“¿ Que si nos ayudaría una nueva ley de donación de alimentos?”, se pregunta Barrio, ante la consulta de la nacion. No duda: “¡ Claro que sí! Al no haber una ley que defina cuál es la responsabilidad de las empresas donantes, nosotros asumimos los riesgos”.