Un debate que vuelve: qué hacer con los militares
¿Debe preservarse el consenso democrático (y el cuerpo legal) de 1983 que les impide a las Fuerzas Armadas intervenir en conflictos internos? Sí, desde luego. ¿Deben imaginar los gobernantes el rol que tendrán los militares en el siglo XXI, con desafíos que no figuraban en los años 80, después de más de tres décadas de indiferencia política hacia los uniformados? Sí, también.
El margen de acción y la obligación de cambiar deja un estrecho sendero por el que debe caminar la dirigencia política. Mauricio Macri comenzó a transitarlo el lunes y provocó un escándalo entre sus opositores, algunos porque creyeron ver genuinamente un regreso de los uniformados a la resolución de los conflictos internos y otros porque eligieron recurrir a la crítica demagógica. Es cierto que el Presidente usó demasiado ligeramente el término “seguridad interior”, sin explicar muy bien en qué consistía semejante alusión referida a los militares.
Lo cierto es que, por ahora, el Gobierno modificará un decreto reglamentario de la ley de defensa nacional de Néstor Kirchner, que a su vez cambió el decreto reglamentario de Raúl Alfonsín. El decreto de Alfonsín, de los años 80, estipulaba que las Fuerzas Armadas solo podrían intervenir ante casos de agresión externa. Punto. Kirchner modificó ese decreto con otro decreto y agregó que los militares actuarían solo en casos de agresión de “ejércitos de Estados extranjeros”.
El decreto de Kirchner dejaba afuera, por lo tanto, los casos de terrorismo internacional, de narcotráfico y de ciberataques provenientes del exterior, como son casi todos los ciberataques. El decreto de Macri reinstalará el de Alfonsín, que permite encarar los fenómenos que no estaban hace treinta años, pero a los que les cerraba la puerta el decreto de Kirchner.
Llama la atención que los primeros escandalizados hayan sido los kirchneristas. Durante su presidencia, y en una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Cristina Kirchner anunció la necesidad de darles nuevas funciones a los militares. Pocos días después nombró jefe del Ejército al general César Milani, que en el acto colocó a esa fuerza “al servicio del proyecto nacional y popular”. Cristina y Milani rompieron a la vista de todos los consensos de 1983, entre los que figuraba la neutralidad política de las Fuerzas Armadas.
La entonces presidenta avanzó aún más y depositó en Milani el control de los servicios de inteligencia, lo que convirtió al militar –ahora preso por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos en los años 70– en el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas. La incursión de Milani en la inteligencia interna violó dos leyes: la de defensa nacional y la de seguridad interior.
Hay que descartar, desde ya, que el Gobierno esté pensando en usar las Fuerzas Armadas para reprimir el conflicto social o para patrullar las calles en busca de delincuentes. Eso no ha sucedido nunca en casi 35 años de democracia, aunque la paranoia real o simulada de la izquierda vuelve cada tanto con el mismo fantasma. Los militares no podrían nunca intervenir en los conflictos sociales porque sencillamente no saben hacerlo. Aunque todos usen uniformes, no todos los uniformados hacen lo mismo.
El tema que más suspicacias provoca es el de la incorporación de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico. Hay (por así llamarlas) dos doctrinas al respecto. Una es la del general Martín Balza, exjefe del Ejército, quien dijo en su momento una frase que sintetiza la posición de no pocos militares: “Ningún general soportaría un cañonazo de un millón de dólares”. Lo que esa corriente militar plantea es el temor a que la corrupción, inherente al narcotráfico, termine por contaminar también a los militares.
En los dos países más importantes de América Latina, México y Brasil, los gobiernos han recurrido al Ejército para enfrentar el narcotráfico. En México, la experiencia no ha sido buena y muchos militares terminaron corrompidos. En Brasil, el Ejército se usa para cuestiones muy puntuales, no para una tarea constante contra los narcotraficantes, y hasta ahora no hubo denuncias de complicidad con el narcotráfico.
La segunda teoría la expresa Horacio Jaunarena, exministro de Defensa de Alfonsín, De la Rúa y Duhalde. Según Jaunarena, “la respuesta del Estado debe ser proporcional a la agresión”; esto es, el Estado debe usar sus ejércitos si los narcotraficantes tienen el despliegue y el armamento de un ejército. “A un ataque con bombas y morteros el Estado no puede responderle con gases lacrimógenos”, suele decir Jaunarena.
Entre esas dos posiciones extremas, ¿en qué lugar se ubica Macri? Su gobierno no imagina, en verdad, un plan de lucha frontal de los militares contra el narcotráfico, pero sí estima conveniente su actuación solo en los casos en que narcotraficantes intenten conquistar una parte del territorio nacional.
El aporte a la “seguridad nacional” en relación con el narcotráfico será más bien con el apoyo logístico, el traslado de fuerzas de seguridad, el control de las fronteras o la detección cibernética de las acciones de los traficantes de droga. Esto obligará a una modificación sustancial, sobre todo en el Ejército, del despliegue geográfico de sus cuarteles. Ubicados según las viejas hipótesis de conflicto, las supuestas guerras con Brasil y Chile, ya no sirven de nada en una región en la que prevalece la paz entre los vecinos. El Gobierno se propone vender y comprar tierras y cuarteles, algunos de estos últimos serán compartidos por el Ejército y la Fuerza Aérea. Entre los proyectos también está la construcción de una enorme y moderna base logística en Ushuaia, el último puerto antes de la Antártida. Una parte sería ocupada por la Armada para la custodia de la enorme riqueza ictícola del país. El resto se destinaría a buques de transporte y de turismo.
Los preparativos para una guerra cibernética están también entre los planes. En los últimos tiempos se han vivido experiencias de incursiones cibernéticas que influyeron decisivamente en elecciones de países muy avanzados en tecnología informática. El ciberespacio y el terrorismo internacional están también muy relacionados. La Argentina ha sufrido ya dos monumentales atentados del terrorismo internacional: el que destruyó totalmente la embajada de Israel y el que voló la sede de la AMIA.
El gobierno de Macri tiene casi terminado con Israel un acuerdo de compra de equipos informáticos de última generación. Una novedad importante es que se está negociando con Chile un acuerdo para una acción conjunta argentino-chilena en el patrullaje del ciberespacio. No deja de ser, además, un gesto político elocuente: la vieja hipótesis de guerra con el país vecino se convierte en una alianza para enfrentar a un enemigo común.
La negociación con Chile configura dos progresos. La paz definitiva con un país vecino, en primer lugar. Y la aceptación implícita de que los métodos de las viejas guerras fueron reemplazados en el mundo de hoy por guerras con otros modos, otros protagonistas y también otras armas.
El consenso democrático de 1983 no debe olvidarse. Los militares no están para resolver conflictos internos, que son responsabilidad de la política. Esta es una parte inmodificable de la verdad. La otra parte es que el significado de la seguridad cambió en el mundo y que los militares pueden hacer un aporte a los nuevos desafíos, sin que ello implique cambiar la vieja doctrina ni el espíritu de los que refundaron la democracia. En cuestiones de tal magnitud la demagogia debería quedar fuera de la discusión, por lo menos para los que todavía sueñan con volver al poder.