Postergan el debate para tratar la extinción de dominio
Los principales bloques del Senado acordaron redactar un dictamen de consenso y se reunirán dentro de dos semanas
Con la intención de redactar un dictamen de consenso que no pueda ser revertido en segunda revisión por la Cámara de Diputados, los principales bloques políticos del Senado acordaron ayer postergar hasta el 7 de agosto próximo el debate en comisiones del proyecto de ley de extinción de dominio.
El acuerdo llegó después de que el cordobés Ernesto Martínez (Cambiemos) alertara sobre la necesidad de modificar el proyecto con una mayoría calificada que le impida a la Cámara baja insistir en la versión que aprobó en junio de 2016.
“Lo que salga del Senado, para que no volvamos al disparate o el mamarracho que hizo Diputados, tiene que tener al menos los dos tercios; y si tenemos tres dictámenes distintos esto no va a resultar”, razonó Martínez y provocó la rápida empatía del PJ y el FPV.
Hasta ese momento, el debate en las comisiones de Justicia y de Seguridad Interior se dirigía a la firma de tres dictámenes, ya que a los proyectos presentados por el oficialismo y el PJ se les había sumado una iniciativa presentada por el kirchnerismo poco antes de la reunión.
La discusión se centra en la creación de un proceso que permita extinguir el dominio, es decir, la propiedad, a favor del Estado de un bien mueble o de sumas monetarias obtenidas mediante la comisión de delitos contra la administración pública, el narcotráfico y la trata de personas, entre otros.
Las diferencias entre los proyectos son, en algunos casos, sustanciales y demandarán un arduo trabajo para poder alcanzar un único dictamen, como reclamó el cordobés Martínez y apoyaron el PJ y el Frente para la Victoria.
Así, el texto impulsado por los peronistas Rodolfo Urtubey (Salta) y Miguel Pichetto (Río Negro) propone la extinción de dominio como un proceso civil dentro de la esfera del fuero Penal, como ocurre con los accidentes laborales, en los que el daño se reclama junto a la acción penal.
“Preferimos no inventar un procedimiento específico, sino adecuarnos al proceso de acciones civiles dentro de un proceso penal que está vigente desde 1923”, explicó Urtubey. “No hace falta un proceso especial”, insistió.
La extinción, según el PJ, solo procedería una vez que el acusado tenga sentencia de primera instancia y el impulso de la acción estará en manos del procurador del Tesoro.
El proyecto del Cambiemos, en tanto, establece la extinción de dominio como un proceso en el fuero Civil paralelo al penal, que podría obtener sentencia antes de que exista una condena penal. En esta iniciativa la acción queda en manos del Ministerio Público Fiscal.
La propuesta presentada por el kirchnerismo también faculta para llevar adelante la acción a los fiscales, pero coincide con el peronismo en mantener el proceso en el fuero penal. Como sello propio, el texto del FPV suma los delitos del capítulo 13 del Código Penal, relacionados con ilícitos económicos y financieras.
“Además, establecemos la necesidad de que no solo se inicien acciones respecto de quienes recibieron dádivas, sino también de aquellos que han sido corrupto- res”, explicó María de los Ángeles Sacnun (FPV-Santa Fe).
En lo que sí coincidieron todos los bloques fue en criticar el texto aprobado por Diputados. Al respecto, Pichetto lo calificó como producto de una “demagogia punitiva” surgida al calor del escándalo de los bolsos con dólares del exsecretario de Obras Públicas kirchnerista José López. Además, denunció la existencia de “una ardua tarea en las redes sociales, de mucho troll, tratando de distorsionar la discusión haciendo aparecer al Senado como un espacio retardatario”.
A este razonamiento le salió al cruce el cordobés Martínez. “No estoy para nada de acuerdo con que dos o tres señoras gordas con pancartas en la entrada de senadores o los mensajes que se ponen en redes sociales manejen el Senado”, afirmó.