La necesaria redefinición de las Fuerzas Armadas
Los cambios en la naturaleza de los conflictos que enfrenta hoy el mundo y la amenaza narcoterrorista obligan a dejar de lado perimidos prejuicios ideológicos
La decisión presidencial de que las Fuerzas Armadas tengan un papel más activo en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico va en línea con una radical transformación de los conflictos que debe enfrentar el mundo de hoy.
En efecto, las guerras convencionales entre Estados, características de la mayoría de los conflictos armados del pasado, han venido cediendo paso a los ataques a cargo de organizaciones no estatales por motivos religiosos, tráfico de armas o narcotráfico. El terrorismo ha sido uno de los factores distintivos de muchos de estos crímenes, y un rasgo de este es la sorpresa y la escasa capacidad de anticipación de los Estados para prevenir sus ataques.
Nuestro país ha acuñado la doctrina según la cual las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interior y solo pueden hacerlo en materia de defensa nacional, frente a una agresión exterior. Sin embargo, distintos especialistas, tanto extranjeros como de nuestro medio, coinciden en que la respuesta a una agresión no depende en la actualidad de la localización geográfica del agresor o de sus características, sino de la potencialidad del daño que podría producir en función de los elementos destructivos de los que está dotado.
Ya no es fundamental si el agresor es interno o externo ni si pertenece a un grupo de fanáticos religiosos o de traficantes de armas o drogas. Lo que debe importar es que si una banda de narcotraficantes emplea armas de muy grueso calibre para lograr su objetivo, no alcanzará con reprimirlos con efectivos policiales provistos de gases lacrimógenos; por el contrario, equivaldría a mandar a la muerte a los integrantes de esa fuerza de seguridad.
La distinción entre defensa y seguridad se ha tornado cada vez más lábil. Es así como en países de Europa resulta cada vez más frecuente ver tropas del Ejército custodiando la seguridad de las personas en las calles o en templos que puedan ser blanco de ataques terroristas.
Pretender que nuestras Fuerzas Armadas sigan estando limitadas a enfrentar agresiones externas ejecutadas exclusivamente por otros Estados es desconocer las particularidades de los conflictos armados modernos.
No hace falta recordar el sufrimiento que aún embarga a los argentinos por los abominables atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA, con el agravante de que ambos crímenes se encuentran impunes. El actual desafío que plantean el terrorismo internacional y el narcotráfico da cuenta también de la importancia de que los servicios de inteligencia de las tres fuerzas armadas de la Argentina sean convocadas para labores de prevención.
Un decreto del gobierno kirchnerista que data del año 2006, reglamentario de la ley de defensa nacional sancionada en 1988, veda a las Fuerzas Armadas intervenir en la lucha contra el terrorismo. Se trata de una prohibición que ni siquiera la mencionada ley establece y una limitación que ni los legisladores plantearon en su momento.
La modificación de aquel decreto por otro que deje de lado la concepción que delimita absurdamente la “agresión externa” a la de otro Estado, como lo ha propuesto el gobierno de Macri, es perfectamente legal.
Sectores de la oposición han puesto el grito en el cielo frente a esta alternativa, fundándose en prejuicios paranoicos propios de vetustas concepciones ideológicas de la izquierda vernácula, antes que en el realismo que imponen los cambios globales en materia de defensa nacional.
Más de una vez hemos señalado en estas columnas que la lucha contra el narcoterrorismo no admite dilaciones como las que sufrió el país en la última década y que permitieron el avance de este flagelo en vastas zonas de nuestro territorio nacional. La Argentina debe encarar como corresponde este desafío antes de que sea demasiado tarde.