LA NACION

Más presión para Vidal y larreta

También deberán asumir 20.000 millones de pesos del Fondo de Incentivo Docente

- Mariano Obarrio

●●●●● el Gobierno les quitará a Buenos aires y a la Capital $11.250 millones de subsidios para el transporte, una mitad de lo que reciben hasta ahora. es una condición de los gobernador­es peronistas para acordar el ajuste en el presupuest­o 2019.

En el tramo final de las negociacio­nes de un acuerdo por el ajuste fiscal, el gobierno de Mauricio Macri le hará un gesto al PJ y les transferir­á a la provincia de Buenos Aires (PBA) y a la Ciudad (CABA), ambas gobernadas por Cambiemos, el costo de los subsidios al transporte por

$11.250 millones, el de la tarifa social del agua, de 800 millones, y el control de los aumentos de las tarifas de Edenor y Edesur.

En cambio, les endosará a las otras

22 provincias, muchas gobernadas por el PJ, el costo del Fondo de Incentivo Docente, de 20.000 millones; les quitará 25.000 millones de la recaudació­n de la soja; rebajará parte de los 40.000 millones de obras públicas, y no les permitirán postergar la rebaja del impuesto de ingresos brutos de la última reforma tributaria, tal como habían reclamado. El mayor costo del ajuste lo pagarán la Ciudad y la provincia de Buenos Aires controlada­s por los macristas María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Este era un reclamo de los gobernador­es, especialme­nte los del peronismo.

Desde mañana, los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Hacienda), y sus segundas líneas, recibirán contraprop­uestas de los titulares de Economía de los

24 distritos, con los cuales tuvieron una primera ronda. Para la otra semana, el lunes 6 de agosto, la Casa Rosada recibirá a todos juntos.

En esta cumbre podría anudarse el acuerdo por el proyecto de ley del presupuest­o 2019, que debe fijar una meta de déficit fiscal de 1,3% del PBI para el año próximo, requisito para cumplir con el acuerdo firmado con el FMI por un crédito “stand-by” de

50.000 millones de dólares. Para alcanzar esta meta, la Nación deberá recortar $ 200.000 millones y todas las provincias 100.000 millones. Ese ajuste se distribuir­á por un índice similar al de la coparticip­ación federal. La firma del acuerdo con los gobernador­es sería el paso siguiente. El proyecto de presupuest­o se enviará al Congreso recién el 15 de septiembre próximo.

“Nosotros tuvimos un gesto político y planteamos que la provincia y la Ciudad se iban a hacer cargo de la tarifa social de Aysa y de la suba de tarifas o eventuales subsidios de Edenor y Edesur, que totaliza algo más de 2000 millones, que reclamaban las provincias. Esto está fuera de discusión”, dijeron a la nacion en la Casa Rosada.

Según los números oficiales, la partida de subsidios al transporte, de $75.000 millones, se divide entre los medios urbanos, de 45.000 millones, y de larga distancia, 30.000 millones. La Nación transferir­á el gasto de la mitad del subsidio urbano a todas las provincias: 22.500 millones. Y la mitad de ello lo absorberá la provincia y la Ciudad, 11.250 millones. Vidal y Larreta asumirán el mayor costo.

En cambio, los subsidios a la energía que se pagan a Camessa los seguirá pagando la Nación: no se transferir­án a las provincias, ni a PBA ni a CABA. Tampoco se traspasará­n a los estados federales los costos de salud,

6000 millones, que son transferen­cias no automática­s.

Como segundo gesto, si bien Macri no transferir­á Aysa a CABA y a PBA, sí endosará el costo de la tarifa social del agua, 800 millones. En cambio las obras de Aysa seguirán siendo un costo de la Nación compartido con el financiami­ento propio que obtiene la empresa. Con 90% de acciones del Estado, Aysa no se puede transferir a PBA y CBA, porque recibió préstamos del Banco Mundial, del BID y del Deutsche Bank y tomó deuda por

500 millones de dólares.

En cambio, el poder de regulación sobre Edenor y Edesur será traspasado a la Ciudad y la provincia. Esas firmas no reciben subsidios tras el aumento de tarifas. Las subvencion­es a la energía van directamen­te a la distribuid­ora Camessa. Pero Vidal y Larreta recibirán, sí, la responsabi­lidad política de aumentar las tarifas.

El Gobierno prevé aumentar en

2019 un 9% los recursos a las provincias. La coparticip­ación prevista en 2018 es de $1,05 billones. Con una inflación de 17% en 2019, debería ser de 1,23 billones el año próximo. Pero la Nación le agregará 40.000 millones más por aumento de ingresos;

24.000 millones por la transferen­cia anual de 3% del 15% que antes retenía la Anses; más 23.000 millones del bono acordado en el último consenso fiscal (80.000 millones), mas 24.000 millones de un financiami­ento del fondo sojero acordado en el consenso fiscal.

Esto incrementa­ría en 111.000 millones lo que recibirán las provincias en 2019, con lo cual pasarían a recibir unos $1,34 billones, un 9,03% más de lo previsto. Ese aumento de recursos les compensarí­a el ajuste de 100.000 millones que hará el interior.

Por otro lado, la Nación les transferir­á a las provincias el costo del Fondo de Incentivo Docente, de 20.000 millones. Los gobernador­es están reticentes. Además, el Gobierno eliminará los giros del Fondo Federal Sojero (30% de las retencione­s de la soja), de 25.000 millones. También la Nación les recortará al conjunto de las provincias parte de los giros de 40.000 millones por obras de viviendas y agua. De esta última parte habrá un recorte aún no determinad­o que asumirán los distritos.

La Casa Rosada no aceptará postergar la rebaja de Ingresos Brutos que reclaman las provincias. “Es hora de que el ajuste lo haga el sector público y no el privado que tiene que invertir”, señalaron en la Casa Rosada. Pero el Gobierno prevé habilitar a las provincias para tomen créditos del BID y el Banco Mundial para hacer obras sin afectar a la Nación.

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