Obra pública, el otro lado de la baja del déficit

En el primer semestre bajaron las partidas; qué podría pasar en adelante

Los gobernadores y ministros que mantienen reuniones con Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio se preparan para el recorte de partidas

CÓRDOBA.– El cambio de tendencia en el gasto nacional fue fuerte en el primer semestre y anticipó lo que continuará en el resto del año y el próximo, cuando el gobierno debe cumplir con el déficit de 1,3% del PBI comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Los gobernadores y ministros que vienen reuniéndose con Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio para discutir el recorte entienden que estos números “son la foto de la película que viene”.

El quiebre de tendencia del déficit fiscal se explica fundamentalmente por la fuerte desaceleración del gasto público. Mientras que en 2016 y 2017 el gasto creció a igual ritmo que la inflación, en el primer semestre del año fueron los ingresos los que aumentaron como los precios, mientras que el alza nominal de los egresos fue unos seis puntos porcentuales inferior.

Los recortes en el semestre se concentraron en las transferencias discrecionales a provincias (una caída interanual del 5,5%; $1720 millones) y especialmente en la inversión pública (19,9% de baja respecto del mismo período de 2017; unos $20.000 millones). Desde este año, las cuentas nacionales excluyen el Fondo Federal Social (“sojero”) tanto en los ingresos como en los egresos; si en 2017 se hubiera operado igual, la baja en las partidas de capital habría sido de 10%.

Los dos ítems son las claves del debate por el ajuste con las provincias. Y marcan el contexto en el que desde la Nación suelen advertir que, si no se aprueba el presupuesto 2019, seguirá con el actual. “Es una manera de victimizarse, pero ya están haciendo lo que discuten”, grafica el ministro de Hacienda de una provincia cuyana.

Los fondos para construcción de viviendas cayeron unos $8000 millones (48,9% interanual). Los gobernadores de Catamarca y Chaco le reclamaron hace unos días al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por la demora en giros para planes en marcha. En obras viales se gastaron $7000 millones menos (28,9%) y las partidas para “agua y alcantarillado” –concentradas en municipios– bajaron $1775 millones (18,3%).

El economista Fausto Spotorno, de la consultora Ferreres & Asociados, enfatiza que este año y el que viene el gasto público debe bajar en el orden de 3% a 3,5% para que se cumplan las metas acordadas: “Se está reduciendo en el orden del 5%, pero no hay que perder de vista que el primer semestre es el más flojo en materia de gasto, porque faltan aspectos como el aguinaldo y subas de prestaciones sociales. La segunda parte del año es la más dura y en ese período y en 2019 hay que repetir todo, mantener el ritmo que se trae de ajuste”.

Para 2019 el economista proyecta un repunte de la actividad, algo que empujará la recaudación. “Sería oportuno que la AFIP flexibilice el pago de impuestos; que se den más facilidades por si hay restricciones por la caída de la producción”, dice.

Lorenzo Sigaut Gaviria, director de Ecolatina, insiste en que Cambiemos, “para bien o para mal, ató a su suerte al acuerdo con el FMI y al cumplimiento de las metas fiscales. Está bien encaminado y el gran desafío es sostener la reducción del gasto en un año electoral”. Observó que no hay muchos rubros para recortar, porque el 60% del gasto nacional corresponde a prestaciones sociales. “Debe concentrarse en el 40% restante que es lo que ya viene haciendo; por el lado de los ingresos no tiene mucho margen para moverse”.

Desde la consultora Idesa, Jorge Colina plantea que la reducción de las transferencias discrecionales debe seguir, porque la Nación “no debe ocuparse de funciones que les corresponden a las provincias y, menos, de las de los municipios. Lo que se viene recortando es un paso preliminar frente al desafío de institucionalizar la decisión de que el Estado nacional no se involucre en lo que no es su responsabilidad”. Apunta que hay programas nacionales (no los que implican transferencias directas de recursos a una persona identificada) con fondos “que nadie sabe cómo se usan o quién recibe los servicios”.

Respecto de la obra pública, Colina señala que la Nación debe concentrarse en la que es de carácter interprovincial y que cada jurisdicción debe hacerse cargo de la su territorio, financiándose con la recuperación del 15% de la precoparticipación que antes iba a la Anses, y con la mejora del piso de la coparticipación. “Con las intendencias el trato debe ser de los gobernadores; es muy distorsivo que la Nación trate directamente con los municipios”, dice.

Spotorno coincide en que la superposición de funciones de todos los niveles de gobierno hace que el nivel de eficiencia de ese gasto sea “bajísimo”; subraya que las provincias deben diseñar “planes de desarrollo; determinar cómo hacer para crecer desde el sector en el que tiene ventajas”.

“Buena parte de la superposición para un mismo gasto se vincula con las transferencias discrecionales –describe Sigaut Gaviria–. Con el reintegro gradual del 15% de la precoparticipación y el crecimiento de la coparticipación la Nación puede ‘transferir’ programas; es una manera de ‘coparticipar’ el ajuste. Lo mismo corre para la obra pública”.

Los economistas consultados están de acuerdo en que la caída de la presión tributaria debe continuar. Sigaut Gaviria advierte que la Nación perderá “margen de recaudación” porque hay impuestos de su órbita que bajan. Además, el Gobierno garantizó que seguirá la reducción gradual de las retenciones a la soja.

“Podan por donde pueden; los empleados nacionales, por caso, este año tendrán una pérdida promedio de 10 puntos de su capacidad de consumo; se restringieron los ingresos al sector público. Si en 2019 la inflación cede, subirá el peso del gasto en jubilaciones por la fórmula de movilidad”.

Para Colina, que la baja del gasto sea financiera, social y políticamente sostenible depende de que reactive la producción. Sostiene que debe seguir la baja de los impuestos distorsivos para impulsar la producción y “fortalecer los no distorsivos, que son los patrimoniales”.

Este año una decena de provincias aprovechó el margen que daba el pacto fiscal para subir alícuotas, por lo que en 2019 tendrán que profundizar su esfuerzo para cumplir la reducción acordada. “Es cierto que los gobernadores tienen menos déficit que la Nación –analiza Spotorno–, pero también tienen que bajar su gasto; en las jurisdicciones más chicas hay mucho empleo público, buscaron suplantar por esa vía el privado y ese es un circulo malísimo”.