Sin otra opción que remontar la cuesta

La apuesta oficial para salir a fin de año de la estanflación se ve condicionada por la recomposición de precios y el acuerdo con el FMI

Una apuesta oficial para salir de la estanflación se ve condicionada por la recomposición de precios y el acuerdo con el FMI, dice Scibona

Por primera vez en lo que va de 2018, el dólar retrocedió en julio con respecto al mes anterior y abandonó el centro de la escena mediática. Este respiro de estabilidad cambiaria, a costa de altas tasas de interés y una fuerte absorción de pesos, es una condición necesaria para comenzar a encarrilar la política económica. Pero todavía queda mucho trecho para recorrer.

“ninguna devaluación es gratis”, recordó hace dos semanas el especialista en consumo Guillermo Oliveto, titular de la consultora W. Menos cuando en ocho meses el tipo de cambio completó un salto de 60%, que excede cualquier eufemismo climático y volvió a provocar fuertes distorsiones de precios relativos. El impacto se hizo sentir en el recalentamiento de la inflación, el enfriamiento del consumo y el desplome de la actividad económica, que en el segundo trimestre se contrajo más de lo esperado debido a la última sequía en el campo, el retroceso de la producción industrial y el freno de la construcción, con efectos negativos sobre el empleo.

El gobierno de Mauricio Macri tiene claro que, si aspira a la reelección en octubre de 2019, su única opción es volver a remontar la cuesta para salir lo antes posible del actual escenario de estanflación. Pero la apuesta oficial a que esto ocurra hacia fin de año no es segura, si bien la perspectiva de una próxima cosecha récord puede mejorar el panorama. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) procesado por el Banco Central, prevé un leve repunte del PBI (0,1%) para el cuarto trimestre, después de dos trimestres recesivos, con una baja de -0,3% para 2018 y una suba de

1,5% para 2019. En cambio, el Estudio Broda proyecta una caída de -3,1% para el último trimestre y de -0,9 para 2018, con un crecimiento de 1,2% el año próximo.

La base de esa apuesta, según el programa acordado con el Fondo Monetario, es mostrar que la Argentina está dispuesta a corregir sus desequilibrios macroeconómicos (déficits en las cuentas fiscales y externas) en un plazo de tres años, para recuperar cuanto antes el crédito en los mercados internacionales y el crecimiento de la economía. El punto de partida implícito es sincerar la inflación post devaluación de este año, para que descienda más de 10 puntos porcentuales en el próximo.

En el corto plazo, el Gobierno no contará con demasiado margen para aplicar políticas anticíclicas. Sin crédito en los mercados externos, el financiamiento dependerá de los desembolsos trimestrales del FMI, condicionados al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de reservas (netas) del BCRA. Esto implica recortes en la porción no indexada (40%) del gasto público, emisión cero para el Tesoro, tipo de cambio flotante, desaceleración del crédito doméstico y tasas de interés reales positivas frente a una inflación que en 2018 debería ubicarse en

27% anual y no superar el tope de 32% para evitar una revisión del acuerdo. En el último REM, la estimación “pega en el poste” con

31,8% anual; pero más preocupante resulta la inflación núcleo (sin precios regulados ni estacionales), que se ubica en 30,5%.

Con esta proyección, los analistas prevén nuevos reacomodamientos de precios relativos por la resaca de la devaluación sobre los costos dolarizados, pese a que el consumo masivo cayó 2% interanual (en volumen) en junio, cerró el segundo trimestre estancado en niveles similares a los de fines de 2015 (con subas en los dos segmentos superiores de la pirámide de ingresos y bajas en los dos inferiores) y retrocederá en la segunda mitad del año, según la consultora Kantar Worldpanel. El informe revela además que los productos de mayor venta fueron aquellos cuyos precios aumentaron menos que el promedio.

La amplia disparidad de precios se ha convertido en una característica del actual contexto inflacionario. A tal punto que el propio Macri pidió que los consumidores caminen y comparen antes de comprar, al estilo de Lita de Lázzari, aunque relanzará los créditos Argenta, con fondos de la Anses, para jubilados y beneficiarios de la Asignación por Hijo.

Sin embargo, como indica la experiencia, con alta inflación los indicadores tienden a converger. En julio, la empresa Tomadato registró un aumento de 3,1% con respecto a junio en su canasta de alimentos y bebidas, que acumuló un alza de 18,4% interanual en los siete primeros meses de este año y de

27,5% en los últimos doce meses. A su vez, el relevamiento de precios de la canasta de

30 productos que realiza esta columna en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados, mostró una suba récord de 9,2% con respecto a junio (el ticket pasó de $3027 a $3307) y de 27% interanual en los últimos 12 meses. En julio, los mayores aumentos se concentraron en presas de pollo (entre 80 y 116%); servilletas de papel (38%); queso rallado (11%) y pan francés (5,5%), que habían subido menos en los últimos meses. Esto revela que hay rubros con precios que saltan periódicamente y otros que ajustan en menor proporción pero todos los meses. Aunque las grandes cadenas ofrecen descuentos importantes (de 30 a 50%) por cantidad, la retracción del consumo masivo se traduce en una mayor participación de pequeñas compras en el canal de autoservicios, según Kantar Worldpanel.

Por el flanco oficial, la devaluación y su correlato en el aumento de los combustibles líquidos (frenado en mayo y junio pese a la suba del petróleo), catapultaron los subsidios a la generación eléctrica y el transporte público, con lo cual neutralizaron los aumentos de tarifas del último verano para reducir su monto dentro del gasto público. Aquí también el Gobierno se vio obligado a remontar la cuesta. Los nuevos miniajustes fraccionados que regirán a partir de mediados de agosto en colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos AIRES(AMBA) apuntan a evitar que los subsidios sigan creciendo. Con este mismo objetivo se acordó la reducción del precio mayorista del gas natural para generación eléctrica residencial, que fue el camino elegido para desdoblar el aumento

(24% promedio) en las tarifas de luz en el AMBA, equivalente a la mitad del que hubiera correspondido y que se completará a partir de febrero, prorrateado en cuotas por encima del índice de precios mayoristas. Estos incrementos tendrán impacto parcial en la inflación de este mes, junto con la próxima suba de naftas y gasoil (de 3 % promedio); la de 66% que ya rige en las tarifas del subte porteño (congeladas durante 22 meses por un amparo judicial) y otro ajuste pendiente de

7,5% en la medicina prepaga (que acaba de acordar un aumento salarial de 27,5%, fraccionado en varios tramos, con el gremio de Sanidad).

Para atenuar el impacto en el consumo, el Gobierno flexibilizó las paritarias de varios gremios y se apresta a subir el salario mínimo vital y móvil en 25%, el mismo porcentaje que el del personal doméstico en varios tramos. Paralelamente, apuesta a que en los próximos meses, con la estabilización del mercado cambiario y la expectativa de un dólar a $30,50 a fin de diciembre, vaya apareciendo el “efecto riqueza” de quienes los atesoraron en los últimos meses y los vuelquen a bienes durables, turismo interno o inmuebles.

Los analistas descuentan que la Casa Rosada podrá cumplir las metas para 2018 acordadas con el FMI, aunque la recaudación de julio mostró una desaceleración preocupante atribuible a la caída de actividad. Pero advierten que el ajuste fiscal más exigente (de 1,4% del PBI) será el del Presupuesto 2019. Al tratarse de un año electoral, será inédito el escenario de negociaciones con los gobernadores opositores que buscan la reelección y por ahora resultan inciertas, ya que el oficialismo busca preservar las rebajas graduales de los impuestos incluidos en la última reforma tributaria y de Ingresos Brutos. ni Macri ni los gobernadores pueden ofrecer una mejor alternativa: aún cuando se concreten todos los desembolsos acordados con el FMI y los organismos internacionales, el Estudio Broda calcula que las necesidades de financiamiento del sector público tendrán un bache de US$ 19.000 millones, difícil de cubrir si no se reabre el crédito externo.

En el corto plazo, el Gobierno no contará con margen como para aplicar políticas anticíclicas