LA NACION

Podrían revisar obras de energía por US$12.000 millones

Son los proyectos en marcha o por iniciarse que fueron adjudicado­s a las siete empresas cuyos ejecutivos fueron detenidos por el juez Bonadio

- Mariano Obarrio.

Desatado el escándalo de los cuadernos de las coimas del kirchneris­mo, el gobierno de Mauricio Macri podría revisar las obras de energía adjudicada­s y en ejecución, que totalizarí­an US$11.968 millones, correspond­ientes a las siete empresas cuyos dueños o ejecutivos fueron detenidos en la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadio. Según confiaron a la nacion fuentes de la Casa Rosada, ello no implica que el ministro de Energía, Javier Iguacel, vaya a rescindir o cancelar todas las adjudicaci­ones. Pero según el avance de la causa podrían quedar en la mira.

Tras las revelacion­es de la nacion sobre los cuadernos manuscrito­s del exmilitar Oscar Centeno, quedaron detenidos ocho empresario­s de siete grandes firmas. Ellos son Carlos Wagner, de Esuco, expresiden­te de la Cámara Argentina de la Construcci­ón; Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra, de Electroing­eniería; Francisco Valenti, de Impsa; Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux; Armando Loson, de Albanesi; Carlos Mundin, de BTU, y Javier Sánchez Caballero, de Iecsa.

Según la informació­n pública, el más beneficiad­o y que podría resultar más perjudicad­o es Gerardo Ferreyra (Electroing­eniería). Tiene proyectos en marcha por algo más de US$6100 millones. Los más importante­s son las represas Cóndor Cliff y Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, por US$4714 millones, con un 20% de ejecución. También la central de ciclo combinado Belgrano II, por 1320 millones, no ejecutada; la extensión de vida de la central nuclear Embalse, por 80 millones, ejecutada en un 85%, y las líneas de alta tensión de 500 kW Rincón Santa María, en un 90%.

En total, el exministro de Planificac­ión Julio De Vido licitó en sus doce años de gestión obras por US$200.000 millones. “Si hubo 10% decoimas,podríaalca­nzarlos20.000 millones”, dijo un funcionari­o.

El monto de contratos vinculados a la energía con las siete empresas investigad­as fue de al menos US$21.992 millones. En el Gobierno señalaron que las denuncias penales por sobrepreci­os, las rescisione­s de contratos y las cancelacio­nes de obra ante posibles hechos delictivos son anteriores a los cuadernos y surgieron con Aranguren como ministro.

El listado de obras no implica que se haya pagado coima en todas. El Gobierno asegura que no tuvo impugnacio­nes hasta ahora. Sin embargo, varias obras fueron canceladas, rescindida­s y denunciada­s en la Justicia, como los fondos desviados en Yacimiento­s Carbonífer­os Río Turbio y la expansión de gasoductos de 2006-2007, entre otras.

La obra más conflictiv­a para rescindir es la de las represas de Santa Cruz, porque participan empresas de China, que podría demandar a la Argentina y desatar un conflicto diplomátic­o.

Los proyectos con contratist­as locales no generarían problemas para Iguacel. Si se verifican ampliacion­es presupuest­arias, sobrepreci­os u otras irregulari­dades, a la luz de los cuadernos, las denunciará ante la Justicia y las rescindirí­a, según confirmaro­n fuentes oficiales a la nacion.

En el caso de Wagner (Esuco), en la mira está GNEA Ramales en Chaco por US$286 millones y un 98% de ejecución. Por eso no se rescindirí­a. Pero Wagner tiene obras pendientes de otros rubros.

En cuanto a Valenti, de Impsa, se podría revisar eventualme­nte la obra en la central de Embalse, por US$159 millones, que no se ejecutó aún. También está el reactor Carem para la CNEA, por 78 millones, tampoco ejecutada. En total son 237 millones.

Si se investiga a Isolux, aparecería en el radar el cierre de ciclos de las centrales Ensenada y Brigadier López, por US$1000 millones, y la central térmica de Río Turbio, por 1800 millones, pero ambas fueron rescindida­s.

En el caso de Loson, de Albanesi, se podría revisar la central térmica Arroyo Seco por US$395 millones; la central Ezeiza; el cierre de ciclo Maranzana, por 95 millones, y el cierre de ciclo Roca, por 80 millones.

Sobre la detención de Mundin, de BTU, podrían plantearse dudas sobre la obra de GNEA Ramales en Chaco y sobre la Expansión Santa Cruz, Etapas I-II y III, por 615 millones. En esta última fue cancelada la etapa III por posibles irregulari­dades.

En el caso de Iecsa se rescindió la obra del cierre de ciclos Ensenada y Brigadier López por US$1000 millones, por posibles irregulari­dades. Y se podría revisar su participac­ión en el Gasoducto Regional Centro II, por 60 millones.

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