Los millonarios escándalos del instituto del cine

Es necesario que se profundice la política para sanear el Incaa, protagonista de todo tipo de inequidades, excesos y corrupción durante el kirchnerismo

Las irregularidades halladas en el Incaa son infinitas: compras sin licitaciones, proveedores digitados, contrataciones por cifras exorbitantes y nepotismos de lo más variados

Durante los años del kirchnerismo, los millonarios fondos del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, que provienen de impuestos que se cobran a los medios audiovisuales, sumados a los que se incluyen en las entradas que paga el público cuando ve alguna película en una sala, se prestaron a todo tipo de inequidades, excesos y hechos de corrupción a plena luz del día.

Nombres de productoras, realizadores y artistas que se repetían con sospechosa frecuencia, cuantiosos subsidios que se otorgaban a proyectos que nunca llegaban a su fin, películas que sí se estrenaron, pero que tuvieron menos espectadores que los familiares directos del propio director y fastuosos viajes a los infinitos festivales de cine en hoteles suntuosos para delegaciones kilométricas y periodistas amigos eran moneda corriente y naturalizada en épocas recientes.

El Incaa funcionó entonces como otra caja pródiga en billetes que fidelizaba a quienes mejor se adaptaban a los tiempos que corrían: desde proyectos políticamente correctos que exaltaban directa o indirectamente a aquel régimen populista y también a distintas expresiones “progresistas” que, sin ser del todo adictas, no se oponían al “modelo” y aportaban otras miradas convergentes, como el tema de la pobreza y las problemáticas devenidas de la diversidad sexual.

El gobierno de Cambiemos, consciente de la pesada herencia que recibía de ese organismo, buscó en la primera etapa un nombre afín a la industria cinematográfica para poder avanzar en los cambios profundos que debían hacerse con cierto consenso. Como no se consiguieron en un tiempo prudencial los resultados esperados, se cambió de timonel y entonces hubo mayor resistencia desde los sectores involucrados. Hasta se llegó a agitar una campaña con conocidas figuras que machacaban con la idea de que el actual gobierno quería destruir al cine local.

Gran sorpresa hubo, pues, cuando el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) informó que en el primer trimestre de este año se registró un récord en el país de 67 rodajes, mientras que el año pasado se estrenaron 220 películas, veinte más que en 2016. Ahora, el Incaa dispuso una nueva normativa para fortalecer la cuota de pantalla del cine nacional.

Al mismo tiempo que se conocían estas buenas noticias, un gerente de la vieja guardia del Incaa se “atrincheraba” en su cargo tras haberse denunciado que había consentido irregularidades por más de seis millones de pesos.

También sobre las reformas en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), que depende del Incaa, la Oficina Anticorrupción puso la lupa al detectar que el representante del organismo, Pablo Rovito, que debía supervisar esos trabajos, que le costaban al Estado más de 44 millones de pesos, era, al mismo tiempo, socio activo de las dos empresas a las que se les había adjudicado esa labor.

Las irregularidades detectadas son infinitas: compras directas de más de diez vehículos para el programa de CineMóviles, que eludió la realización de la licitación correspondiente y que benefició a un proveedor vinculado a Amado Boudou; el pago de $10 millones, sin licitación, a una agencia de publicidad y una empresa de organización de eventos; la contratación de remises por más de 1.800.000 pesos en un año al mismo proveedor y nepotismos varios de sucesivos titulares del organismo.

Es necesario que esa tarea titánica de depuración continúe y se profundice hasta sanear del todo el Incaa. Para ello, además de la voluntad política de seguir adelante con las investigaciones correspondientes, se hace imprescindible que la actual gestión no incurra en acciones desprolijas ni en nuevos malos ejemplos que hagan pensar en próximas recaídas. En este sentido, un episodio recientemente conocido no ayuda en el nuevo camino emprendido.

“Su gran pato inflable fue un regalo a Mar del Plata”, aseguraba un corto del último festival de cine en esa ciudad sobre la intervención que hizo el artista plástico Marcos López sobre uno de los dos lobos marinos, íconos marplatenses, concebidos por José Fioravanti en 1932 y que dan marco a la rambla entre los imponentes edificios del Casino y del Hotel Provincial.

López tuvo la ocurrencia de rodear el cuello de una de estas esculturas con un salvavidas gigante y otros accesorios que armaron un conjunto simpático que invitaba a los paseantes a sacarse fotos allí. La noticia sorprendente llegó ocho meses más tarde, cuando se supo que los honorarios de López por ese trabajo ascendieron a $300.000. No se cuestiona aquí si esa cifra es excesiva o adecuada, ni tampoco cabe debatir si ese artista cotiza alto o no. Incluso podrá decirse, con alguna razón, que se trata de una cifra insignificante para el erario público.

Sin embargo, hay dos circunstancias que vuelven grave el episodio. La primera tiene que ver con que la noticia tomó estado público en el mismo momento en que el Gobierno anunciaba que debe hacer un importante recorte el monumental déficit fiscal. La segunda es que el Incaa, que encargó ese trabajo, viene haciendo una esforzada depuración de las malas prácticas que tenía ese organismo en los años del kirchnerismo, fuente de quebrantos y de graves hechos de corrupción que actualmente investiga la Justicia. Y esta polémica no parece inscribirse en esa línea de mayor mesura y austeridad.

Esperemos que este sea un episodio aislado y que no se repita para que se entienda mejor que la nueva senda encarada va en serio y sin desvíos.