Senado: debate por los bienes de la corrupción

Se reúne hoy el plenario de comisiones en busca de un acuerdo entre Cambiemos y el justicialismo

Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), fue una impulsora férrea de la ley del arrepentido, normativa que empezó a demostrar sus “bondades” a partir del escándalo de los cuadernos de las coimas. En este contexto, Alonso sigue ahora atentamente el derrotero de otra de las iniciativas a su juicio claves para el combate contra la corrupción: la de extinción de dominio de los bienes obtenidos mediante delitos, que hoy tendrá una instancia clave en el Senado.

“Es clave la sanción de esta ley, siempre que se respeten los estándares internacionales al respecto. Una de las recomendaciones de la OCDE es justamente que la recuperación de los bienes de la corrupción no debería limitarse a los funcionarios públicos involucrados, sino también a las personas físicas o jurídicas implicadas”, explicó Alonso.

“Esperamos con expectativa la sanción de esta norma. No solo porque es una de las llaves de ingreso a la OCDE; en este contexto, la recuperación de los bienes y activos de la corrupción siempre es un aporte positivo en un país con alta corrupción como el nuestro”, enfatizó.

En el Senado se reunirá hoy el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico para intentar arribar a un único dictamen entre el oficialismo y la oposición; sin embargo, hasta ayer las diferencias persistían.

El proyecto impulsado por Cambiemos establece la creación de un proceso en el fuero civil que se desarrollará de manera paralela al juicio penal. Según esta versión, la sentencia de extinción de dominio, que permitiría pasar los bienes a manos del Estado, podría producirse antes y de manera independiente a la condena de los acusados en el fuero penal. El impulso de la acción estaría en manos de los fiscales.

Por su parte, el Bloque Justicialista, que conduce Miguel Pichetto (Río Negro), sostiene la acción civil, pero dentro del fuero penal. Sin embargo, el proceso solo podría iniciarse una vez que exista sentencia de primera instancia. Además, deja en manos de la Procuración General del Tesoro, un cargo que depende del Poder Ejecutivo, el impulso de la extinción de dominio.

A la OA no la convence el texto propuesto por el bloque del PJ. E insiste en lo que, a su juicio, deben ser los parámetros infaltables en la ley. En primer lugar, que la extinción de dominio de los bienes contemple tanto a las personas físicas como a las jurídicas; segundo, la incorporación del decomiso por el valor equivalente, esto es, si no se puede avanzar en el decomiso que establece la sentencia, habilitar la posibilidad de decomisar otros bienes por una cantidad que corresponda al mismo valor económico.

Además, esta figura debería contemplar todos los delitos contra la administración pública, sugiere la OA: cohecho activo, malversación de fondos, dádivas, peculado, soborno transnacional, balances falsos. Por último, la resolución del juez penal que disponga la acción civil de extinción de dominio no debería requerir probar la responsabilidad, lo que significa que no debería ser indispensable la condena para avanzar en el decomiso.