¿Fueros o aguantadero?

Frente a la magnitud de los casos de corrupción que hoy se conocen, es vital que no se sigan concediendo privilegios corporativos ni a Cristina Kirchner ni a nadie

El escándalo de los cuadernos con el itinerario de las coimas que puntillosamente anotaba el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, es la punta visible de un enorme iceberg que también se relaciona con otros casos de corrupción.

Este proceso pone a prueba a nuestras instituciones. Y no solo a la Justicia, que tiene ahora la oportunidad de reivindicarse impulsando a fondo una investigación independiente y sin demoras que involucra a importantes exfuncionarios y a empresarios. El Congreso es otra institución que también debería aprovechar este caso para abandonar de una vez por todas la hipocresía de manifestarse en favor de la lucha contra la corrupción mientras protege en sus recintos a legisladores seriamente comprometidos en esos hechos.

El juez federal Claudio Bonadio, quien instruye con el fiscal Carlos Stornelli el caso de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, pidió autorización al Senado para allanar los tres domicilios habituales de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y su despacho del Congreso, para lo cual solicitó un nuevo pedido de desafuero en contra de la expresidenta. Es probable que la Cámara alta acceda al menos parcialmente a ese pedido, aunque nulas expectativas hay de que pueda hallarse alguna documentación comprometedora a esta altura de las circunstancias.

Para el juez y el fiscal, Cristina Kirchner podría haber sido la jefa de la asociación ilícita que puso en marcha y se benefició con el gigantesco cobro de coimas que revelan los cuadernos y que se extendió durante una década. Pero los fueros de que goza la senadora Kirchner impiden que se concreten los allanamientos y su eventual detención.

En realidad, ya existe un pedido de desafuero de la expresidenta formulado en otra causa por Bonadio, pero el Senado no se ha expedido.

Como cada una de las cámaras actúa como juez cuando se trata del desafuero de uno de sus integrantes, el Senado tiene ahora una inmejorable oportunidad para ser consecuente con los discursos anticorrupción y modificar la absurda doctrina según la cual no habría desafuero de Cristina Kirchner mientras no haya sentencia firme en su contra.

Curiosa doctrina que en realidad consiste en proteger a posibles delincuentes, transformando el Senado, como tantas veces se ha dicho, en un aguantadero.

Un ejemplo, también del Senado, lo ilustra con meridiana claridad. El expresidente Carlos Menem, condenado en el caso del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador, fue elegido senador y hasta izó la bandera de la Cámara alta en una ceremonia, pese a estar condenado en aquel expediente, mientras una de las salas de la Cámara de Casación demora sin razón expedirse en favor o en contra de la condena. La causa en la que resultó condenado Menem se inició en marzo de 1995. Por lo tanto, ya han transcurrido 23 años y aún no hay condena firme.

Los senadores deberían imitar a los diputados, que en octubre del año pasado aprobaron el desafuero de De Vido con 176 votos en favor, ninguno negativo y una sola abstención, por lo cual el exministro de Planificación Federal resultó suspendido en su cargo de diputado nacional.Los jueces federales Luis Rodríguez y Bonadio habían pedido, respectivamente, su desafuero en las causas por corrupción en Río Turbio y por sobreprecios en la importación de gas natural.

Como hemos sostenido en esta columna, según la Constitución, los fueros protegen a los legisladores solo para que sus opiniones no se vean condicionadas y para evitar que sean protagonistas de detenciones arbitrarias. Nada dice sobre el uso que se les ha dado con el transcurso del tiempo de blindarlos para que no sean investigados o detenidos cuando se los sospecha de haber cometido, por ejemplo, actos de corrupción.

Si en la causa que se tramita actualmente por la presunta existencia de coimas pagadas por empresas concesionarias de obras públicas a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hay numerosos detenidos como supuestos integrantes de una asociación ilícita, con más razón debería la expresidenta y actual senadora estar detenida, ya que se sospecha que habría estado a la cabeza de esa organización.

Frente a la gravedad de las denuncias existentes y a la necesidad de preservar la salud de las instituciones, es fundamental que el Poder Legislativo preste la máxima colaboración a la Justicia.

También debería esperarse que el Poder Ejecutivo se abstenga de influir ante los jueces, en momentos en que, según trascendidos, habría funcionarios para quienes la libertad de la expresidenta resulta políticamente conveniente para el oficialismo.

Los nuevos datos que se conocen acerca de la sorprendente magnitud que alcanzó la corrupción entre nosotros exigen poner fin al doble discurso y la hipocresía, y permitir que la Justicia pueda investigar sin que nadie se escude en privilegios corporativos, por importantes que hayan sido los cargos desempeñados en el pasado.