Una revocación anunciada
El 9 de abril pasado la jueza federal Servini de Cubría sorprendió al país cuando intervino judicialmente el Partido Justicialista nacional y designó interventor al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, con la misión de normalizar el principal partido de la oposición.
Frente al pedido de los también dirigentes sindicales Carlos Acuña, Oscar Rojas y Horacio Valdez, la jueza sostuvo que la normalización por la vía de una intervención judicial era necesaria porque encontraba el partido sumido en una crisis política desde que fue derrotado en las últimas elecciones presidenciales y en la de gobernador de la provincia de Buenos Aires.
La decisión de la jueza llegaba incluso a hacer propios los conceptos vertidos por Perón al decir que “el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha”.
Perder elecciones es parte del juego democrático, y a los partidos políticos les corresponde tanto la responsabilidad de gobernar cuando obtienen la mayoría como el rol de aprender de sus errores cuando eso no ocurre. Cada vez que los resultados electorales le son esquivos es natural que la estructura partidaria busque soluciones para ubicarse en un mejor lugar frente a la opinión pública. Para eso existen muchos mecanismos, pero el de la sustitución de las autoridades partidarias por un interventor judicial no parece una opción.
Es por esto que el proceso que culminó con la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que dejó sin efecto la intervención judicial, fue la crónica de una revocación anunciada.
Nadie podía seriamente esperar que la designación de Barrionuevo pudiera ser convalidada con base en los argumentos de neto corte político que dio la jueza al momento de disponerla. Se explica en la sentencia de cámara que esa solución es una medida excepcional, que solo se justifica cuando se configura la violación de la ley o la carta orgánica, y eso no se verificaba.
Sin embargo, también debe prestarse atención a otro de los aspectos de la actuación de la CNE, ya que durante el proceso le fueron informadas una serie de irregularidades que mandó investigar, vinculadas con la falta de documentación, memorias, balances y registros bancarios del partido. Esto puede abrir un nuevo capítulo de la controversia justicialista no ya en el ámbito de la doctrina política, sino en el cumplimiento de las obligaciones legales.
La actitud de Barrionuevo de no acatar la sentencia de la CNE, interponiendo recursos o discutiendo de hecho la posesión de la sede, no es más que la expresión de un modo de discusión política que los argentinos queremos desterrar.