Oyarbide tendrá que explicar sus bienes
Si la justificación no conforma al fiscal Di Lello, será indagado por enriquecimiento ilícito
Mientras espera que Claudio Bonadio defina su situación procesal en la causa por los cuadernos de las coimas, en la que fue indagado esta semana, el exjuez Norberto Oyarbide deberá ocuparse de otro frente judicial sensible: el que investiga su supuesto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Jorge Di Lello, a cargo de esa investigación contra el exjuez, jubilado desde hace dos años, tiene a la firma un requerimiento de justificación de bienes que deberán responder Oyarbide, su pareja, Claudio Blanco, y Ariel Roperti, supuesto socio del exmagistrado y señalado como el “arquitecto financiero” del patrimonio que Oyarbide deberá explicar.
“El pedido está casi completo. Va a salir la semana que viene o, a más tardar, la próxima, en cuanto baje un poco la locura de Comodoro Py”, dijo a la nacion un funcionario judicial que conoce bien el expediente y que en los últimos días vivió de cerca el avance frenético de la causa surgida de los cuadernos de Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta.
El requerimiento a Oyarbide, Blanco y Roperti apunta a un entramado de sociedades, autos de lujo y patrimonios millonarios que, en los papeles, pertenecen a destinatarios de planes sociales.
Si la respuesta a esos pedidos no llegara en tiempo y forma, o si la información fuera incompleta o inconsistente, Oyarbide y sus allegados serán indagados.
En rigor, la lupa de la Justicia está puesta sobre las inconsistencias en los patrimonios de Blanco y Roperti. Los bienes declarados de Oyarbide son el departamento donde vive, en la calle Rodríguez Peña, y un auto (un Smart cupé que conduce Blanco), además de una cuenta sueldo en la que recibió $6,8 millones entre 2010 y 2017. Oyarbide cobra una jubilación de $176.000 mensuales en bruto. Fue justamente para conservarla que renunció cuando el Consejo de la Magistratura lo investigaba y, por lo tanto, corría el riesgo de perder ese beneficio.
Los bienes de Blanco
Según pudo reconstruir Di Lello, en quien el juez Sergio Torres delegó la investigación, Blanco tiene bienes registrados a su nombre que, se sospecha, no se condicen con su capacidad económica. En 2010 compró un Honda Fit. En 2011 constituyó una sociedad, Consorcio Creba SA, con un capital de $2.100.000. En 2012 otra, Cuasares SRL, y después una más. En 2014 compró un Peugeot 308 por $256.999, y luego lo vendió. Blanco tuvo además una extensión de una tarjeta de crédito Mastercard de Roperti, según los investigadores, otro posible testaferro de Oyarbide. También tuvo cédulas azules de un Mercedes-benz y un BMW de empresas que están bajo sospecha. Las sociedades de Blanco comparten domicilio con Mams, una empresa de Roperti, informada por la AFIP como usina de facturas truchas.
A partir de esa información sobre el patrimonio de Blanco, en abril pasado, hubo 15 allanamientos en sociedades relacionadas entre sí. En ninguno de los domicilios había una empresa que funcionara normalmente. En las últimas semanas, Di Lello recibió un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el detalle de la situación de las sociedades inspeccionadas y de las conformadas por Blanco.
El jueves, indagado por el fiscal de la causa de los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli, Oyarbide declaró que sufrió presiones para sobreseer a Néstor y Cristina Kirchner en la investigación que tenía a su cargo por supuesto enriquecimiento ilícito. Puntualmente, relató que el exespía Jaime Stiuso y el auditor general de la Nación Javier Fernández lo llevaron a un departamento y le pidieron “celeridad” para resolver aquella causa. El mensaje provenía de los Kirchner, según le dijeron y él declaró.
Unas horas antes de llegar a Comodoro Py, no ante el fiscal, sino por radio, había sido más expansivo y dramático: apuntó directamente a los Kirchner, dijo que en aquel encuentro para pedirle que resolviera rápido la causa por enriquecimiento, Stiuso y Fernández lo agarraron “del cogote”. Hasta lloró y dijo tener miedo de que lo mataran.
En 2009, Oyarbide consideró que Néstor y Cristina Kirchner –cuyo patrimonio había aumentado un 158% hasta 2008 con la compra de hoteles y propiedades– no se enriquecieron de manera ilícita y los sobreseyó.
El mismo jueves, tras la declaración de Oyarbide ante Stornelli, la UIF pidió reabrir esa causa con el argumento de la “cosa juzgada írrita”. Esa figura alude a que, por más que un fallo hubiera quedado firme, si se comprueba que fue dictado sobre una base falsa o de manera delictiva, puede anularse.
Después de meses de distancia de los Tribunales, Oyarbide volvió al centro de la escena impulsado por dos supuestos enriquecimientos ilícitos: el que desestimó en el caso de los Kirchner y el propio, que deberá explicar en Comodoro Py. Paradojas de la Justicia y sus derroteros.