Los registros de Centeno rozan el mundo del espionaje
Las anotaciones involucran a funcionarios de los servicios de inteligencia y en las declaraciones indagatorias surgió el nombre de Stiuso, señalado por Oyarbide
La causa de los cuadernos toca el submundo del espionaje y de los servicios de inteligencia.
El auditor general de la Nación por el peronismo, Javier Fernández, apareció mencionado como “Javier de inteligencia” en las anotaciones de Centeno. Pero otro nombre importante surgió de una declaración indagatoria: el exjuez federal Norberto Oyarbide dijo que fue presionado por Fernández y por el espía Jaime Stiuso –que en ese entonces era funcionario público–para cerrar la causa del matrimonio Kirchner y dictar su sobreseimiento.
Esta declaración remite al sistema de captación extorsiva de jueces que se habría implementado desde la EX-SIDE durante el kirchnerismo, y apunta al vínculo entre el mundo del espionaje y la Justicia Federal. Oyarbide, que denunció “aprietes”, fue un instrumento de este sistema: apenas unos meses después de haber sido apretado para sobreseer a los Kirchner, procesó a Mauricio Macri por la causa de las escuchas ilegales. Javier Fernández fue, según indicaron fuentes consultadas, quien operó durante el kirchnerismo en las designaciones de más de tres jueces federales.
En 2011, el auto en que viajaba Fernández fue atacado a los tiros, y uno de sus hombres de custodia resultó muerto. Años después, Stiuso declaró que uno de sus hombres había sido atacado, refiriéndose a Fernández.
Oyarbide declaró que se reunió con Stiuso y Javier Fernández en un departamento de la avenida Córdoba. Allí le habrían pedido “en nombre de Néstor y Cristina Kirchner celeridad en la causa de enriquecimiento ilícito”.
Se radicó una denuncia contra Fernández y Stiuso. La causa recayó en el juzgado de Luis Rodríguez. Un detalle no menor: Javier Fernández es padrino de la hija de Luis Rodríguez. También fue quien impulsó el nombramiento de Rodríguez como juez federal en el año 2012.
Si la investigación judicial que se desprende de los dichos de Oyarbide corrobora su contenido, podría aplicarse la figura de cosa juzgada írrita, reabrirse la causa, y acusárselo de prevaricato.
Pero hay un caso más reciente: el juez Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al actual jefe de la AFI, Gustavo Arribas, en menos de tres meses, por el presunto cobro de sobornos de la empresa Odebrecht. El fiscal de la causa, Federico Delgado, apeló el sobreseimiento, pero el fiscal Moldes desistió de proseguir con esa apelación.
En esa trama, el mismo juez Claudio Bonadio imputó al acusador de Gustavo Arribas, el cambista brasileño Leonardo Meirelles, por falso testimonio, y pidió su detención. Una de las fuentes que dialogó con la nacion advierte sobre la posibilidad de que también entre en estudio el sobreseimiento de Arribas, que había sido cuestionado por Elisa Carrió.
En el juzgado de Bonadio descartan, por el momento, una posible citación a indagatoria a Stiuso. Los personajes
La ola de derivaciones sigue. Una de ellas parece ser la injerencia en el mundo de Stiuso.
En 2016, Carrió pidió a la Justicia Federal en lo penal económico que investigara al dueño del Grupo Veintitrés, Sergio Szpolski, y sus “directivos”, entre quienes mencionó al miembro de la AGN, Francisco Javier Fernández, a Darío Richarte y Juan José Gallea. Este último fue gerente financiero del grupo entre 2009 y 2012.
Pero Gallea también manejó las finanzas de la EX-SIDE durante el gobierno de la Alianza. Hoy es el actual jefe de finanzas de la AFI, conducida por Arribas y Silvia Majdalani.
En ese entonces, Fernández había aclarado que no estaba ligado al grupo. Pero quien es señalado como operador judicial del peronismo reside en un domicilio, registrado por Centeno, donde se localizaron los domicilios de algunas sociedades que estuvieron bajo la órbita de Grupo 23, de Sergio Szpolski.
Según indican los registros societarios a los que accedió la nacion, el tío de Fernández, Manuel Menéndez, fallecido en enero de este año, formó parte del directorio de una de esas sociedades. El empresario Matías Garfunkel había denunciado a Fernández, Richarte y Gallea como socios ocultos de Szpolski.
El abogado Darío Richarte, por otro lado, es vicepresidente tercero de Boca Juniors y pertenece al entorno de Daniel Angelici. Richarte y Gallea fueron socios en varias sociedades. En una de ellas, Panificadora Balcarce, emplearon durante más de cinco años a María Cecilia Rossero, la esposa de Stiuso. Esa compañía era conducida por Magnum Sabores SA, con domicilio en avenida Córdoba 323, entre Alem y Reconquista.
El grupo de empresas dirigido por Szpolski, candidato derrotado del Frente para la Victoria a intendente de Tigre y entonces vicepresidente ejecutivo del conglomerado, recibió $814,9 millones de pauta oficial entre 2009 y 2015.
Quienes estuvieron a cargo de distribuir la pauta oficial fueron los hermanos Facundo y Lucas Nejamkis, que trabajaron bajo la órbita de Juan Manuel Abal Medina, en la Jefatura de Gabinete. A Lucas Nejamkis se lo ha señalado por ser cercano a Stiuso.
En sus cuadernos, el chofer Oscar Centeno, registró, durante casi diez años, miles de movimientos de los funcionarios del Ministerio de Planificación. Centeno obtuvo, reunió y sistematizó información referida a los hechos que veía; similar a una operación de inteligencia.
Esas anotaciones, cuasi obsesivas, implican a personajes de otros sectores: del Poder Judicial, empresarios del ámbito privado, y funcionarios públicos, que hoy también se ven involucrados en las investigaciones judiciales, tal vez sin entender a por qué o para quién escribía Centeno.