La encrucijada de la obra pública tras el escándalo
Un documento de 2010 que armó el equipo del Ministerio de Economía bajo la gestión de Amado Boudou –que luego fue vicepresidente de la Nación y el martes resultó condenado a más de cinco años de prisión por desfalcos contra el Estado– rescataba las palabras de Cristina Kirchner como quien toma un norte para no perder el camino. Decía: “Para nosotros, para esta administración, [la obra pública] no es una contingencia, es una convicción; un concepto político estructural que hemos venido desarrollando no solamente desde 2003, sino desde que nos tocó la responsabilidad de dirigir los destinos de una comunidad”.
A la luz de las últimas revelaciones judiciales y las primeras evidencias que obtuvo la gestión de Mauricio Macri cuando hizo licitaciones de obra pública, las comunidades conducidas por los Kirchner en su paso por la intendencia de Río Gallegos, la gobernación de Santa Cruz y la Presidencia no solo conocieron esa convicción, sino también los sobreprecios, la escasa competencia entre empresas y concentración de firmas favorecidas, algo que derivó en una gasto mayor al esperable para construir menos de lo previsto.
El pasado reciente, a su vez, colocó las inversiones actuales del Estado (un rubro que no solo comprende las llamadas obras públicas) en el centro de las sospechas, algo que en la administración pública es sinónimo de parálisis. En otros términos: ¿qué hará el ministro de Energía, Javier Iguacel, cuando deba pedirle a su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, que autorice pagos para la construcción de las represas patagónicas en Santa Cruz, que está a cargo de un consorcio conformado entre otros por Electroingeniería, cuyo vicepresidente, Gerardo Ferreyra, está preso desde la semana pasada? Es probable que ambos quieran revisar varias veces los documentos que deberán firmar. Puede ocurrir incluso que demoren la salida de fondos hasta que la Justicia arroje más luz sobre la causa. Después de todo, las demoras en las obras van en línea con el objetivo de Dujovne, quien busca reducir el gasto para cumplir con las metas pautadas con el FMI. Por ese motivo, por ejemplo, se postergó la construcción de la central eléctrica Chihuido, en Neuquén, pese al disgusto que esa decisión le causó al gobierno alemán de Angela Merkel, dispuesto a aportar la mayor parte del financiamiento.
Hacer un cálculo preciso con respecto al monto que le costó a la Argentina hacer frente a los sobreprecios derivados del sistema de corrupción montado por el kirchnerismo es una tarea imposible por un motivo fácil de explicar: la plata negra no está documentada. Sí se puede, en cambio, deslizar estimaciones puntuales en base a la información disponible.
Un informe oficial que reseña la evolución de la Inversión Pública entre 2003 y 2010 sostiene que tuvo un incremento en pesos constantes del 420%, dado que pasó de 2825 a 14.699 millones de pesos, mientras que en valores corrientes alcanzó 62.727 millones en 2010. En el mismo lapso, según las cuentas del kirchnerismo, incrementó tres veces su incidencia en el producto interno bruto.
A mediados del año pasado, un cálculo hecho entre Hacienda y el Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, estimaba que las licitaciones hechas en este gobierno representaban un ahorro del 40%. Según lo que piensan en la Casa Rosada, ese el sobreprecio estimado que se pagó en el kirchnerismo.
Algunos ejemplos. En la licitación de la Autopista RN19 San Franciscorío Primero, las ofertas estuvieron hasta 17% por debajo del presupuesto oficial de 7430 millones de pesos. Y el proyecto anterior contemplaba un gasto de 9000 millones, por lo que el Estado ahorró 1500 millones adicionales. Y en la red de accesos a Bahía Blanca hubo un ahorro de 25% sobre el presupuesto oficial de 1581 millones. Similar efecto se produjo en las licitaciones de obras de señalización, con ahorros de hasta 73 millones.
En el Gobierno y en el sector privado coinciden en que habrá una parálisis importante en el futuro cercano de la obra pública. Toman como referencia la experiencia brasileña. Tras la revelación del Lava Jato, que condujo a prisión, entre otros, a Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía del mismo nombre, la mayor firma de construcción de Latinoamérica, el sector se paralizó por completo. Es el costo de la limpieza.
Algo similar podría ocurrir en la Argentina, reconoció uno de los líderes gremiales del sector a la nacion, que deslizó dos alternativas: que las obras en marcha queden en manos de empresas libres de sospecha o que se incorporen empresas que están fuera del país y no participaron hasta ahora de la actividad local.
La primera de las alternativas anteriores puede funcionar para proyectos medianos y chicos. Los grandes, en cambio, convivirán con las dificultades. Otro ejemplo: la administración de Mauricio Macri quiere que Electroingeniería salga de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que encabeza la empresa china Gezhouba Group. Incluso si los asiáticos estuviesen dispuestos a cumplir el deseo de la Casa Rosada, deben primer convencer a los argentinos de ceder su parte en el proyecto más grande de su historia, y luego, conseguir otro socio. Entre las empresas a las que podrían tocarle la puerta están Techint, Roggio e Iecsa (pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del Presidente, pero ahora está en manos de Marcelo Mindlin), sobre las cuales la Justicia inició investigaciones.