Leyes truncas. El Congreso acusa al Gobierno por las normas en el limbo
Fueron aprobadas por el Parlamento, pero no se aplican porque el Ejecutivo de turno nunca dictó el decreto reglamentario; son al menos una treintena
El mismo reproche se repite en decenas de pedidos de informes al Gobierno y en cada visita que realiza el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al Congreso: hay leyes que no se aplican tal como se las votó porque el Poder Ejecutivo no las reglamenta. La preocupación de los legisladores es que, en muchos casos, se trata de una demora de años por lo que, en los hechos, estas leyes se han vuelto inoperativas.
No hay un registro público de las leyes no reglamentadas, pero la nacion detectó que, al menos, hay una treintena en esta situación. Abarcan las temáticas más diversas, desde la prevención del suicidio hasta la prestación médica integral a las personas con autismo, pasando por beneficios fiscales para las pymes ubicadas en zona de frontera y el fomento a las energías renovables.
La demora en la reglamentación de las leyes es un problema que data de hace tiempo y ha atravesado distintos gobiernos. Incluido el actual de Mauricio Macri, con siete normas sancionadas en 2017 y otras cuatro en 2016 que esperan su respectivo decreto presidencial. Pero la mayor deuda pertenece al gobierno kirchnerista, con casi una veintena de leyes que no reglamentó al finalizar su mandato.
No todas las normas requieren una reglamentación del Poder Ejecutivo; por lo general, al elaborar un proyecto de ley el legislador evita incluir este requisito para que, una vez aprobado y promulgado, sea operativo. Sin embargo hay normas que, por ejemplo, necesitan un presupuesto determinado para ser efectivas, por lo que dependen de un decreto reglamentario del gobierno de turno. El problema es que, por más que el legislador imponga un plazo en la misma ley, el Poder Ejecutivo muchas veces no lo cumple.
Según el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, cuando incurre en este incumplimiento el Poder Ejecutivo impone una suerte de “veto encubierto” sobre aquellas leyes en las que no está tan de acuerdo.
“No es una decisión inocente. Este incumplimiento es lo que se llama una inconstitucionalidad por omisión. Es un veto invertido”, advirtió Sabsay.
Los legisladores se sienten impotentes ante la situación. La diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó dos veces un proyecto que propone que las leyes sean reglamentadas en un plazo de 180 días improrrogables desde su promulgación. Además establece que todas las leyes son plenamente exigibles desde el momento de su entrada en vigor, sin perjuicio de la reglamentación de aquellas cláusulas que no sean directamente operativas.
“Esta dilación (en reglamentar las leyes) vulnera la voluntad legislativa y genera para los afectados la necesidad de recurrir a la Justicia para defender los derechos que la norma otorga”, explicó la diputada Carrizo, quien apuntó que entre marzo de 2011 y junio de 2013, de un total de 204 leyes sancionadas, solo el 7% fueron reglamentadas.
El diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Pro), admitió el problema, aunque también las dificultades en avanzar en una ley como pretende Carrizo. “Se estaría invadiendo la esfera de otro poder”, sostuvo. A su juicio, la mejor solución es evitar que una ley quede sujeta a una reglamentación del Poder Ejecutivo.
Reglamentación “excesiva”
Es larga y variada la lista de leyes sin reglamentar. Entre ellas merece destacarse la que establece el programa nacional de prevención del mal de Chagas: un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que el programa se ejecuta con serias deficiencias debido a que la norma no fue debidamente reglamentada.
También figuran en el listado la ley sobre promoción de clubes de barrio; la ley de pyme que, en su artículo 10°, compromete al Poder Ejecutivo a establecer beneficios fiscales a aquellas empresas situadas en zonas de frontera; las leyes sobre autismo y sobre el cultivo de la planta de cannabis medicinal, entre otras.
Ahora bien, el Poder Ejecutivo no solo falta a su labor cuando no reglamenta las leyes en tiempo y forma; también, cuando las reglamenta según su conveniencia.
Un claro ejemplo de esto último fue la reglamentación de la ley de blanqueo de capitales. En su redacción original se excluía de este beneficio a aquellas personas que hubiesen ocupado cargos públicos entre 2010 y 2016. En diciembre de este último año, el Gobierno emitió un decreto por el cual permitió que ingresaran en el blanqueo los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los funcionarios.
La maniobra oficialista desató una ola de críticas de la oposición y una denuncia ante la Justicia del diputado Felipe Solá (Frente Renovador). El año pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó el planteo del diputado massista y remarcó, en su fallo, la importancia de la lucha contra la corrupción.
La mayor deuda pertenece al gobierno kirchnerista, con casi una veintena de leyes que no reglamentó.
La preocupación es que, en muchos casos, se trata de una demora de años y, por lo tanto, se volvieron inoperativas