Frente a la emergencia, el Gobierno eligió el mal menor en el complejo sojero

El Gobierno eligió el mal menor al suspender por seis meses la baja de las retenciones a la harina y al aceite de soja y exceptuar al poroto. Si el freno al cronograma de reducción hubiera al canzado a todos los productos del complejo sojero, debería haberse enfrentado con la oposición de los productores y, quizás, abrir un frente de tormenta con su base electoral. El peso de la medida, en cambio, recae sobre la industria oleaginosa, que desde los años noventa tuvo un diferencial arancelario de tres puntos entre la materia prima y los productos elaborados. A partir de febrero próximo habrá una convergencia que eliminará esa protección. La industria –que agrupa a empresas multinacionales como Cargill, Bunge, Louis Dreyfus o Cofco, y nacionales como Molinos Agro, ACA, Aceitera General Deheza o AFA, entre otras– argumenta que ese diferencial es una medida espejo frente a la protección arancelaria de los países importadores. La Unión Europa, por ejemplo, tiene aranceles más elevados al producto elaborado que a la materia prima. China, para proteger su industria procesadora, desalienta la importación de harinas proteicas y aceite.

Por ese diferencial arancelario y otras medidas, la Argentina se convirtió en el principal exportador mundial de harina de soja, el mejor producto para transformar proteínas vegetales en animales, con el 43% del volumen global y ventas por US$9300 millones, según datos de 2017.

Algunos productores, en cambio, cuestionan esa protección histórica. Argumentan que impide la competencia por los precios entre industriales que compran soja para procesar y los traders que exportan. Y opinan que la industria ya está lo suficientemente madura como para seguir protegiéndola. En el Ministerio de Agroindustria, además, creen que aplicaron otras medidas en favor de la industria oleaginosa, como autorizar la importación de soja de Estados Unidos para procesar o liberar los plazos para liquidar divisas.

Más allá de ese debate, lo cierto es que el Gobierno dejó en claro que puede alterar las reglas de juego del sector privado en caso de urgencia económica. Eso, aunque la producción no haya sido afectada directamente, les suma el factor de riesgo político a los clásicos de la agricultura: clima y mercados internacionales. La incógnita tardará en despejarse.