La corrupción es la contracara de la pobreza
El fraude millonario contra el Estado, que ya se conocía en Comodoro Py desde hace años, podría haberse frenado con jueces más valientes y menos atentos al poder de turno
El escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno dejó a la vista de todos cómo los retornos de la obra pública con sobreprecios llegaban a los bolsillos de los funcionarios corruptos del gobierno kirchnerista, mostrando así la última etapa de lo que denunciamos como un plan para el robo y el saqueo de los recursos del Estado entre 2003 y 2015.
Los primeros registros que revelaban esta verdad brutal llegaron a la Justicia Federal en 2010, a través de más de 2200 mails que mostraban la trama de corrupción con todo detalle. El gran trabajo del fiscal Carlos Rívolo no pudo evitar que el entonces juez Norberto Oyarbide declarara nula esa prueba, dándole tranquilidad al gobierno de entonces y a los empresarios involucrados. Esa decisión fue tomada horas después de la tragedia de Once y significó la desestimación de los primeros cuadernos de las coimas que llegaron a Comodoro Py.
En la era kirchnerista existió una matriz de corrupción organizada cuyos delitos no se deben investigar aisladamente. El plan sistemático de saqueo al Estado, según lo afirmamos en la causa 15.734/08 junto con Elisa Carrió y otros diputados, fue conducido por Néstor y, luego de su muerte, por Cristina Kirchner, y fue gerenciado por Julio De Vido, titular del ministerio en el que se concentraban las grandes cajas oscuras de las obras y concesiones con sobreprecios.
Esa red de corrupción, decíamos en aquella denuncia, era alimentada por retornos de los subsidios al transporte que recaudaba Ricardo Jaime, por sobreprecios en la obra pública, por las viviendas que concentraba José López, por las concesiones viales regenteadas por Claudio Uberti, quien luego anexó, junto a Olazagasti, los negocios con Venezuela, y por los arbitrarios subsidios del Oncca, que estaban a cargo de Ricardo Echegaray, que más tarde se transformó en comisario político desde la AFIP. Roberto Baratta, incorporado al manejo de la energía, fue el único que no venía del sur. Y es ahí donde surge la sospecha de si los cuadernos de su chofer no habrán sido el doble control que el N° 1 ejercía sobre los movimientos del quiosquero. Un precio demasiado alto para la desconfianza de Néstor, que hoy sus amigos pagan con la cárcel.
Esta organización delictual fue lo que describimos hace 10 años en la denuncia cuya causa se tramitó ante el juzgado de Julián Ercolini. El mismo sistema era aplicado por Kirchner en Santa Cruz y fue nacionalizado por Néstor al llegar a la presidencia de la Nación, perfeccionando el método mediante el silencio de los organismos de control que fue garantizado a través de su cooptación, embate que solo pudo resistir en la AGN su titular Leandro Despouy.
Por otro lado, para evitar los controles presupuestarios, se decidió tercerizar la ejecución de parte de las obras por intermedio de organizaciones como la Tupac de Milagro Sala, la Fundación de Madres o la Regional de Río Gallegos de la UTN, eludiendo así las revisiones, bajo el halo protector del manto social o académico que brindaban esas entidades.
Esta matriz de corrupción nacionalizada constituyó, según sostuvimos en la denuncia, una asociación ilícita. Junto a Carrió denunciamos esta maniobra en la más absoluta soledad y cuando el gobierno de entonces gozaba de los mejores índices de popularidad. Presentamos documentación y pedimos diligencias de pruebas. Lamentablemente la mayoría de las causas fueron archivadas; otras, como la causa por asociación ilícita, fueron desguazadas en investigación de delitos focalizados, y otras fueron derivadas a la Justicia de las provincias como Santa Cruz, donde encontraron su muerte procesal.
Salvo raras excepciones, la atomización, la demora y el cierre exprés caracterizaron el proceder de la Justicia Federal frente a los casos de corrupción. Algunos periodistas de investigación como Diego Cabot han contribuido a que no se cierren esas denuncias.
Vale la pena citar como ejemplos de la complicidad de algunos sectores de la Justicia con el saqueo, las decisiones de Oyarbide sobre los mails de Jaime y con Sueños Compartidos. Tampoco podemos olvidar que el mismo juez, durante las fiestas navideñas de 2009, sobreseyó al matrimonio Kirchner por el delito de enriquecimiento ilícito, sin producir ni una prueba de las que sugerimos en el marco de nuestra denuncia. Por eso es importante que, ante sus declaraciones, la UIF presente la acción de nulidad sobre aquella resolución por cosa juzgada írrita o fraudulenta.
El nuevo gobierno fue una boca nada de aire fresco para la República. El Poder Ejecutivo ordenó transparentar las compras y los procesos de licitación a través de la implementación de programas como Contratar o el Sippe, aplicados con gran celo por la nueva gestión nacional. Debido a las auditorías que se hicieron, el Registro de Constructores del Estado Nacional, por primera vez en 15 años, sancionó y suspendió a varias empresas, y les impidió participar en futuras licitaciones.
El presidente de la Nación en persona ordenó en enero de 2016 al interventor de YCF, auditar la ejecución de la obra de Río Turbio. Esa auditoría fue una autopsia de los sobreprecios que denunciamos en 2009 y que el juez Bonadio había cerrado. La Cámara ordenó la reapertura y la causa generó la detención de De Vido en octubre pasado y la de una veintena de empresarios y exfuncionarios en las últimas dos semanas; también las indagatorias de Oyarbide, del propio primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, y de Cristina Fernández. Reivindico entonces esta actitud presidencial ya que no me imagino estas auditorías con el justicialismo en el poder, y menos a Gerardo Ferreyra preso con Zanini como vicepresidente de la Nación.
La corrupción no es abstracta. Los sobreprecios y los retornos son equivalentes a las cloacas, agua, hospitales y escuelas que faltan en nuestro país. La contracara de la corrupción en la Argentina es definitivamente la pobreza.
Para tomar un solo rubro: en 2015, la tonelada de pavimento le costó en promedio al Estado un 155% más caro en pesos de lo que costó en 2017, y eso sin tener en cuenta la inflación de dos años. La conclusión es que solo en rutas, Macri hizo el doble de kilómetros que el kirchnerismo con el mismo presupuesto.
Pero más allá de esta actitud del Ejecutivo, estoy convencido de que un sistema de gestión de los recursos públicos que pretenda combatir con éxito la corrupción no puede basarse solo en la honestidad y las buenas prácticas dentro de dicho poder, sino que reclama organismos de control fuertes y un Poder Judicial firme e independiente que no reaccione espasmódicamente frente a la fortaleza o debilidad del gobierno de turno.
Que hoy estén en la cárcel el vicepresidente, el principal ministro y varios secretarios del gobierno anterior, sumado a los procesamientos de la expresidenta, demuestra lo acertado de haberlos denunciado como parte de una asociación ilícita en 2008, cuando debieron ser investigados en el marco de una megacausa como preveía la acusación.
Intentando no caer bajo los efectos de la euforia que han generado las detenciones de funcionarios y empresarios desde los “cuadernosgate”, expreso mi anhelo y reclamo a la vez para que el actor más importante de todo sistema de anticorrupción, el Poder Judicial, asuma su rol con valentía y ejerza con total independencia su facultad y su deber investigativo frente a los actos del poder.
Esta es la piedra basal desde la que podremos iniciar el proceso de transformación general de nuestro país que nos permita salir del plano de la decadencia general y permanente en la que nos encontramos en este tema. Hoy la circunstancia nos ha dado a los hombres y las mujeres de la República una nueva oportunidad. Ruego a Dios que la sepamos aprovechar.
La atomización, la demora y el cierre exprés caracterizaron el proceder de la Justicia Federal frente a los casos de corrupción
Los sobreprecios y los retornos son equivalentes a las cloacas, agua, hospitales y escuelas que faltan en nuestro país