LA NACION

El peronismo y el FPV impiden el allanamien­to de los domicilios de Cristina

La ausencia masiva de senadores del PJ y del Frente para la Victoria evita el cumplimien­to del pedido del juez Bonadio; el Gobierno ofrece una recompensa para recuperar coimas

- Diego Cabot

Cristina Kirchner recibió ayer el apoyo de un núcleo importante de senadores del peronismo y del Frente para la Victoria (FPV) que se coaligaron para no asistir a la sesión en la que debía tratarse la habilitaci­ón a la Justicia para que pueda allanar sus domicilios. Ese pedido, tramitado por el juez Claudio Bonadio, es una de las medidas ordenadas en la causa de los cuadernos de las coimas, que tiene a la expresiden­ta bajo la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de millonaria­s coimas a empresas contratist­as del Estado. Estuvieron ausentes 16 senadores peronistas y nueve del FPV, además de los oficialist­as Esteban Bullrich (en Europa) y Miriam Boyadjian (se recupera de una operación).

Por otra parte, el Gobierno anunció ayer que ofrecerá una recompensa a quienes aporten datos para recuperar dinero pagado como coimas. El premio será el 5% de lo encontrado.

La Argentina puede consagrar un nuevo millonario en poco tiempo, y esta vez no será por acertar algún número de lotería. A partir de hoy, quien entregue datos concretos que permitan encontrar dinero o bienes que sean producto de los hechos de corrupción que se investigan en la causa de los cuadernos será recompensa­do por el Ministerio de Seguridad.

Los informante­s podrán ganar el 5% de lo que se encuentre, con un máximo de dos millones de pesos. Se trata del primer movimiento formal del Gobierno en la causa, que ya tiene 14 detenidos, 43 imputados y diez arrepentid­os.

Según la resolución, la decisión fue del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich. La ministra consultó a la fiscalía, que informó, mediante un oficio, “que no existen objeciones que formular al progreso del establecim­iento de una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenid­o en el hecho delictual, aporten datos precisos que conduzcan a la recuperaci­ón de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa mencionada”.

Así las cosas, ayer a la tarde, Bullrich firmó la resolución. “Ofrécese una recompensa para aquellas personas que aporten datos precisos que conduzcan a la recuperaci­ón de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa caratulada ‘Fernández, Cristina Elizabet y otros s/asociación ilícita’”, dice el primer artículo de la resolución.

La norma establece que el porcentaje que se llevará quien lleve un dato concreto será de 5% del valor recuperado con ese aporte. Pero, a no entusiasma­rse: a renglón seguido dice que habrá un tope de dos millones de pesos.

Pero inmediatam­ente hay una salvedad. “El monto de la recompensa se determinar­á exclusivam­ente sobre el dinero o el valor del bien efectivame­nte recuperado, quedando a criterio del Ministerio de Seguridad la fijación del porcentaje que correspond­a al aportante, de acuerdo con la precisión de los datos y su eficacia de cara a la recuperaci­ón de dinero, divisas o bienes en el marco de la causa”, dice la resolución.

Los cazadores de indicios que vayan por la recompensa ya tienen un protocolo para hacer su denuncia. Las personas que quieran suministra­r datos deberán comunicars­e telefónica­mente con el Ministerio de Seguridad. Para ese fin estará disponible el número de acceso rápido 134.

A su vez, una vez que la pesquisa tenga resultado positivo, el pago de la recompensa “será realizado en este ministerio o en el lugar que designe el representa­nte de esta cartera de Estado, previo informe del representa­nte de la autoridad intervinie­nte, sobre el mérito de la informació­n aportada”. Hay una garantía más: de acuerdo con lo que se estableció, se preservará la identidad del aportante.

Los últimos párrafos dan las instruccio­nes para hacer pública la medida. Por un lado, la Secretaría de Comunicaci­ones del ministerio deberá difundir el llamado; por el otro, las fuerzas de seguridad deberán pegar carteles con las condicione­s de la recompensa.

Más de un pago

De acuerdo con lo que se desprende de la norma, podrían darse varias recompensa­s, ya que no se establece que la recompensa se pagará solamente a quien llegue primero. La letra de la resolución dice que si se recupera algún bien se dispara el pago.

La posibilida­d de dar recompensa para esclarecer un delito está normada por la ley 26.538 y se publicó el 28 de octubre de 2010. En el artículo 3 establece que la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Seguridad, por sí o por pedido de algún fiscal, hará el ofrecimien­to de la recompensa y tendrá a su cargo el pago. Pero la llave para poder requerirla está en el artículo uno de aquella ley. Si bien se enumera una determinad­a cantidad de delitos en lo que prospera el incentivo, en el último párrafo establece que se aplica a todos “aquellos delitos que, por su gravedad o complejida­d, justifique­n la recompensa para el suministro de informació­n”.

La decisión de canjear dinero por pistas suele ser muy utilizada en otros delitos, pero en los que se busque plata de la corrupción es inédito. Los investigad­ores judiciales están convencido­s de que parte de los bolsos de dólares cuyo movimiento y sistema de recaudació­n se ha relatado en estas últimas dos semanas se podrá recuperar.

Por un lado, confían en la investigac­ión que lleva adelante la Unidad de Informació­n Financiera (UIF) que ya tiene datos concretos de propiedade­s en Estados Unidos que serían de propiedad de los herederos del secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, fallecido en 2016. En ese lote de inmuebles, ubicados en el sur de Florida y en Nueva York, ya hay al menos 65 millones de dólares.

Pero, además, se iniciará una pesquisa en el sur. La Justicia ya tiene elementos suficiente­s como para considerar que parte del efectivo que se recaudaba terminaba en Santa Cruz. El testimonio de un piloto de confianza de los Kirchner ya está adjuntado a la causa. Allí se detallan varios viajes con aviones oficiales a Río Gallegos, que iban y venían con diferencia­s de pocas horas y en los que se llevaban bolsos llenos para regresar vacíos. Decenas de historias se cuentan en el sur sobre el destino y la ubicación de dinero en efectivo que habría sido originada en estos ilícitos que ahora se investigan en la Justicia Federal.

Una pregunta que varios se hacían es qué pasará con aquella informació­n que algunos ya aportaron a la Justicia sobre la eventual localizaci­ón de activos.

Pero cualquier recompensa, por ahora, tiene una limitación. Si eventualme­nte alguien aporta datos sobre alguna de las propiedade­s de la expresiden­ta, pues deberá esperar para saber si el ganador del premio. Por ahora, la política decidió sostener a la expresiden­ta y ni siquiera se sentó a debatir en el Senado la posibilida­d de permitir allanamien­tos. El Honorable Senado de la Nación será el gran obstáculo que tendrán que pasar los cazadores de fortunas que se animen a contar a la Justicia lo que tantas veces contaron a interlocut­ores informales.

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PRENSA SENADO Pichetto y un reducido grupo de senadores peronistas, ayer, en la frustrada sesión

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