LA NACION

El insólito juicio que tiene a Uberti, confeso cobrador de coimas, como una víctima

El exfunciona­rio querelló al exembajado­r Sadous, que denunció una embajada paralela en Venezuela

- Paz Rodríguez Niell

En el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py, justo un piso arriba de la fiscalía que investiga los cuadernos de las coimas, se prepara un juicio oral insólito. El acusado es el exembajado­r en Venezuela Eduardo Sadous. Su presunta víctima: Claudio Uberti.

El exfunciona­rio que acaba de confesar haber sido durante años recaudador de coimas para los Kirchner es querellant­e contra Sadous por un presunto falso testimonio agravado. ¿Qué dijo Sadous que activó la maquinaria judicial para un juicio oral en su contra? Que no le constaba que Uberti tuviera un cargo formal cuando actuaba en Venezuela.

Por eso, enfrentará un tribunal oral para defenderse en una causa que ya lleva ocho años de trámite. El denunciant­e, en pleno kirchneris­mo, fue el entonces ministro de Planificac­ión Federal, Julio De Vido, hoy preso.

La acusación contra Sadous, que tiene una amenaza de pena de hasta diez años de prisión, consiste en que “intentó desconocer” que Uberti se desempeñó en Venezuela con un cargo que lo autorizaba a intervenir en representa­ción del Estado argentino.

Uberti fue, desde 2003, el jefe del Órgano de Control de las Concesione­s Viales (Occovi). Según su propio relato de anteayer, desde allí cobraba sobornos a los empresario­s del área que controlaba. Pero además ofició de embajador paralelo en Venezuela cuando el embajador formal era Sadous.

En aquellos tiempos, desde Caracas, Sadous envió a la Cancillerí­a un cable diplomátic­o secreto al Palacio San Martín, donde informó sobre los movimiento­s de Uberti y las sospechas de “corrupción” que lo rodeaban. Allí empezaron los problemas para Sadous. En respuesta, la Cancillerí­a lo mandó de regreso a Buenos Aires.

Cuando los tribunales de Comodoro Py abrieron una investigac­ión por las actividade­s de esta “embajada paralela”, Sadous declaró ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita que empresario­s interesado­s en realizar operacione­s comerciale­s con Venezuela en los primeros años del gobierno kirchneris­ta se habían quejado ante él de que debían pagar un soborno equivalent­e a entre el 15 y el 20% a funcionari­os del área de Planificac­ión.

Sadous respondió, bajo juramento, que empresario­s y empleados de la embajada en Venezuela le habían hablado de esas supuestas coimas, pero ninguna de las fuentes citadas por Sadous respaldó después esos dichos cuando fueron convocadas a declarar en los tribunales.

A Sadous se le abrió entonces una causa y fue procesado por haber mentido en un juicio penal en perjuicio del acusado (supuesto de falso testimonio agravado). En rigor, solo uno de los cargos se mantuvo firme hasta el final del camino y llega al juicio: su supuesta mentira sobre el cargo de Uberti.

Ese fue el hecho por el que la Cámara Federal confirmó el procesamie­nto dispuesto por el juez Rodolfo Canicoba Corral. El argumento contra Sadous es que era informació­n que “ineludible­mente no podía desconocer” y, no obstante, al negar que lo sabía generó “incertidum­bre en la valoración de la prueba” de la causa de Ercolini.

El requerimie­nto de elevación a juicio, que firmó el fiscal Jorge Di Lello, dice que en la causa se dio por probado que Sadous “comprometi­ó” a Uberti y a otras personas y que permitió además que se dudara “de la transparen­cia de la actuación del Ministerio de Planificac­ión, en el marco de las negociacio­nes y actividade­s relacionad­as con el Convenio Integral de Cooperació­n firmado entre la República Argentina y la Bolivarian­a de Venezuela”.

Con esa acusación, el Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero, deberá llevar adelante ahora el juicio oral contra Sadous. Todavía no tiene fecha de inicio, pero como es un proceso sin detenidos, se realizará después de otros juicios más urgentes que tiene pendientes el tribunal. Probableme­nte, el año próximo.

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Archivo Uberti debía controlar a los concesiona­rios viales

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