La Justicia apura la impugnación de la candidatura de Lula
Horas después de que el expresidente fuera oficializado por el PT, la Procuraduría General pidió su inhabilitación por la ley de ficha limpia; Bolsonaro también hizo una presentación ante el tribunal electoral
RÍO DE JANEIRO.– El primer reto de la incierta disputa electoral en Brasil es una carrera por ganar tiempo. Mientras la Justicia se apura para determinar la impugnación de la cuestionada candidatura de Luiz Inacio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT) recurre a todo tipo de artimañas para demorar una decisión y asegurarse así que pueda usar la imagen del encarcelado expresidente en la campaña hacia los comicios del 7 de octubre próximo.
Poco después de que anteayer el PT inscribiera ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) la fórmula encabezada por Lula con el exalcalde de San Pablo Fernando Haddad como su vicepresidente, la Procuraduría General de la República presentó ante la misma corte su objeción con base en la legislación electoral vigente. Según destacó la procuradora Raquel Dodge, la llamada ley de ficha limpia –promulgada por el propio Lula en 2010– no permite que una persona condenada en segunda instancia por un órgano colegiado compita por un cargo electivo.
Desde el 7 de abril, Lula cumple en la superintendencia de la policía federal en Curitiba una pena a 12 años de reclusión por corrupción y lavado de dinero en una causa originada en las investigaciones de la operación Lava Jato. Tanto el juez federal de primera instancia del caso, Sergio Moro, como los magistrados de apelación del Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF4), en Porto Alegre, hallaron al exmandatario culpable de haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario de Guarujá como soborno en especie por garantizar a la empresa contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010).
A pesar de sus problemas penales, Lula encabeza los sondeos de cara a las elecciones, con un 30% de respaldo, muy por encima del resto de los otros 12 candidatos.
El pedido de la procuradora incluyó el certificado de la condena del TRF4 para confirmar el estatus de presidiario de Lula y superar así la primera treta dilatoria que intentaron las autoridades petistas. Al entregar la documentación para la inscripción de su fórmula presidencial, el PT solo aportó un certificado de antecedentes penales de Lula en su domicilio electoral, en San Pablo, aunque el cargo al que aspira es nacional. Asimismo, Dodge requirió al TSE que se expida cuanto antes sobre el tema, para evitar confusión en el proceso electoral.
Aunque en el PT tienen muy en claro que las chances de que el TSE habilite a Lula a competir son prácticamente nulas, busca que la definición solo llegue después del 31 de agosto, cuando comienza el horario gratuito de propaganda en radio y televisión, considerado clave para promocionar a los candidatos. Varios anuncios con mensajes y la imagen de Lula fueron grabados antes de su detención, y el equipo de comunicaciones del PT cree que usarlos permitirá una transferencia mayor de votos lulistas a quien será su reemplazante en la titularidad de la fórmula, Haddad (como vice, entonces, iría la comunista Manuela D’Avila).
Si el TSE rechazara el nombre de Lula antes de esa fecha, el partido tendría que rehacer toda su propaganda, ya que la legislación electoral obliga a que el candidato a presidente o vice aparezca en un 75% del tiempo de los anuncios.
La solicitud de impugnación de la Procuraduría General de la República no fue la única que recibió el TSE; de hecho, anoche ya se sumaban otros tres pedidos. Uno de Kim Kataguiri, cofundador del Movimiento Brasil Libre (MBL) y candidato a diputado por el derechista partido Demócrata (DEM); otro del exactor porno Alexandre Frota, candidato a diputado por el Partido Social Liberal (PSL), y el último del aspirante presidencial del PSL, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien las encuestas ubican en primer lugar de las preferencias en caso de que Lula no compitiera, con un 19% de las intenciones de voto.
“Está comprobado que el expresidente [Lula] participó en un gran esquema de corrupción”, resaltó Bolsonaro.
Ante esta lluvia de demandas de impugnación, la defensa de Lula puso en marcha otra maniobra para retrasar un fallo del TSE: cuestionó ante su presidenta, Rosa Weber, que los diversos pedidos hayan quedado –por sorteo– en manos de dos magistrados distintos.
Weber tendrá que decidir si los deja así, si coloca todas las solicitudes en manos de un mismo juez o si eleva el asunto al plenario. Mientras tanto, el tiempo corre.