Ante las denuncias, el kirchnerismo insiste en pedir una auditoría
El bloque de Cristina Kirchner propone una comisión investigadora
Con la firma de Cristina Kirchner, el bloque de senadores del FPV presentó un proyecto para crear una comisión bicameral que en 180 días audite toda la obra pública de 2003 a 2015.
“Buscamos demostrar que no hubo sobreprecios. Que [el procedimiento] fue correcto. Que se hicieron las obras. Buscamos la verdad”, señalaron a desde la nacion el entorno de la expresidenta. “Es importante que el Parlamento genere un espacio para monitorear la obra pública”, agregó la senadora María de los Ángeles Sacnun.
Cristina Kirchner había hecho el mismo planteo ante el juez Julián Ercolini en 2016, cuando fue procesada como presunta integrante de una asociación ilícita que había direccionado la obra pública de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez. El planteo fue rechazado por Ercolini y la Cámara Federal.
La intención declarada entonces fue correr el foco de Báez y ampliarlo a los US$110.000 millones destinados a obra pública a lo largo de doce años. Asomaba la necesidad política de incluir a Iecsa, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo presidencial.
Ya lo había hecho el entonces ministro Julio De Vido en agosto de 2015: publicó un ranking de empresas contratistas del Estado liderado por Techint, Electroingeniería y Iecsa, donde Báez aparecía en el lejano puesto 36. El ranking no incluía los millones de pesos derivados a través de Santa Cruz.
La comisión bicameral propuesta tendría un plazo de 180 días, prorrogable por una vez, para elaborar un informe donde se enumeren y describan obras, licitaciones, contratistas y eventuales irregularidades. Incluiría también el plan Procrear y los fondos de organismos internacionales.
Le serviría al kirchnerismo, en el mejor de los casos y en medio de la campaña 2019, para mostrar como hechos aislados el desempeño de los contratistas cercanos al matrimonio presidencial frente al volumen total de obra pública. Un bosque para tapar los árboles.
El problema es que ese bosque está tomando forma en el juzgado de Claudio Bonadio: empresarios y exfuncionarios están confesando que el mecanismo de la corrupción se habría extendido no solo a la obra pública, sino también al transporte y la energía. Y que confluiría en los Kirchner.