Piden prisión perpetua por el asesinato de dos colombianos
El fiscal Marcelo García Berro solicitó la máxima pena para los cinco procesados por los homicidios en Unicenter
A diez años y un mes del doble homicidio de ciudadanos colombianos en el shopping Unicenter, en Martínez, un fiscal federal pidió la pena de prisión perpetua para los cinco acusados que llegaron al juicio oral y público por esos homicidios que expusieron la acción de los sicarios en la Argentina.
Así lo informaron a la nacion calificadas fuentes judiciales. En su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1, integrado por los jueces Héctor Sagretti, Silvina Mayorga y Walter Venditti, el fiscal federal Marcelo García Berro pidió ayer la máxima condenada para tres barrabravas y dos empresarios.
El representante del Ministerio Público sostuvo que el motivo de los homicidios de los ciudadanos colombianos John Quintero Gartner y Héctor Duque Ceballos, ocurridos el 24 de julio de 2008, “se encuentra originado –y hasta determinado– en la existencia de un gran entramado de narcocriminalidad de características transnacionales que se valió de una sofisticada y compleja estructura, que fue la que en definitiva sirvió de andamiaje de los crímenes, valiéndose de una mano de obra local, que actuó a modo de sicariato”.
El debate, que comenzó el 29 de junio pasado, tiene en el banquillo de los acusados a un exlíder de la barra brava de Boca Juniors Richard William Laluz Fernández, alias el Uruguayo; el también barra Jorge Moreyra, alias Zurdo; el exintegrante de la barra de River Plate Víctor Hugo Ovejero Olmedo, conocido como Pelado, y los empresarios Mario Martín López Magallanes y Carlos Gustavo Luaces.
“Los hechos imputados se desarrollaron en el contexto de un complejo entramado de crimen organizado vinculado al tráfico nacional e internacional de sustancias estupefacientes, contando con la cobertura de una parte de la estructura del Estado, entre los que se encontrarían altos funcionarios de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires que, mediante la frustración dolosa del legal desarrollo de la presente investigación intentó garantizar su impunidad”, sostuvo García Berro en su alegato.
Al referirse a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires apuntó al exfiscal general de San Isidro y sus exadjuntos Julio Novo, Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro, respectivamente, y a las secretarias Melisa Rey y Mariana Busse. Los cinco habían sido procesados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado del delito de encubrimiento agravado “por tratarse de un delito especialmente grave: el tráfico transnacional de estupefacientes”.
La causa contra Novo y sus máximos colaboradores comenzó luego de que el fiscal de San Isidro Luis Angelini denunciara que el exfiscal general entorpeció sus investigaciones del doble crimen.
Conexiones con Forza y Juliá
Luaces era socio de Gustavo Juliá, condenado a la pena de 13 años de cárcel en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína oculta en un vuelo privado. En su alegato, García Berro afirmó: “Luaces les entregaba a Ovejero Olmedo y a Moreyra trabajos para realizar. Trabajos ilícitos, claro está, y del cual el doble crimen de Unicenter resultó uno más”.
Para el fiscal, López Magallanes, exsocio de Sebastián Forza, una las víctimas del triple homicidio ocurrido en General Rodríguez, “formó parte de la empresa criminal y coordinó el accionar de las personas que se encontraban en el centro comercial Unicenter, quienes en forma coordinada y en cumplimiento del plan criminal previamente trazado, bajo promesa onerosa, emboscaron y acribillaron a Duque Ceballos y Quintero Gartner, que pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia”.
García Berro sostuvo que Ovejero Olmedo y Moreyra fueron dos de los siete sicarios que estuvieron en la playa de estacionamiento de Unicenter en el momento en que las víctimas fueron ejecutadas con disparos hechos a 50 centímetros de distancia. Para el fiscal, el barra Laluz Fernández tuvo una participación activa en la coordinación del doble homicidio. El representante del Ministerio Público sostuvo que “hubo un plan criminal con diversas funciones a cambio de un precio o promesa remuneratoria”.