Persisten fundadas sospechas sobre el juez Lijo
Deben investigarse las denuncias que involucran al magistrado y a su hermano con el tráfico de influencias en Comodoro Py
Luego de una investigación, el Consejo de la Magistratura desestimó casi en forma unánime las graves acusaciones que pesaban sobre el juez federal Ariel Lijo de haber omitido declarar la propiedad de un haras en Dolores, provincia de Buenos Aires.
Pero el Consejo aún lo investiga por la posible demora en la sustanciación de varios expedientes, y la diputada Elisa Carrió lo acusó ante la Justicia de conformar una asociación ilícita junto con el exministro de Planificación Julio De Vido, su exsecretario privado José María Olazagasti –ambos involucrados en el caso de los cuadernos de las coimas– y Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del magistrado y amigo de Olazagasti.
Por ser hermano del juez, Alfredo Lijo se convirtió en un fuerte y reconocido operador en la Justicia Federal de la Capital. Su exesposa Carla Lago fue quien declaró que el juez era propietario o socio en las sombras en el haras, que pertenece a Alfredo.
En su denuncia sobre la eventual asociación ilícita, Carrió sostuvo que “De Vido era el jefe y Alfredo Lijo, el organizador, es decir, el articulador entre los dos sectores que conformaban la banda: el sector de algunos jueces y fiscales a los que tenía acceso a partir de la relación con su hermano, el juez Ariel Lijo, y, por otro lado, los empresarios o funcionarios que requerían sus servicios para la obtención de beneficios en las causas”.
Lo afirmado por la legisladora de Cambiemos coincide con lo denunciado en su momento por Lago, quien además de mencionar el tema del haras sostuvo que Alfredo “les llevaba dinero al juez y a otros personajes de la Justicia”. Carrió acompañó su denuncia con un audio en el que, según la legisladora, Alfredo Lijo admitiría que concurría a los tribunales “a llevarle plata a uno, a otro”.
Cae de maduro que la gravedad de estas acusaciones impone una pronta y profunda investigación, pues Lijo no es un juez más, sino uno de los que mayor ascendencia sobre sus pares y poder ha sabido acumular en los últimos años en el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, al mismo tiempo que, en forma paralela, se enriquecía su hermano Alfredo. Como su cuestionado colega Rodolfo Canicoba Corral, Lijo es, además, uno de los jueces federales más políticos.
En su denuncia Carrió también pidió investigar a Marcelo Rocchetti, presunto socio comercial de Alfredo Lijo en la compañía de seguros La Caledonia y jefe de Gabinete del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, hasta hace pocos días. Rocchetti renunció luego de que la nacion revelara que compartía negocios en La Caledonia, una aseguradora de automóviles que arrastra un millonario pasivo.
Otra renuncia en la provincia de Buenos Aires fue la de Alejandra Zizzias, síndica de Aguas de Buenos Aires (ABSA). Zizzias está relacionada comercialmente con Alfredo Lijo. Y ocurre, además, que su hermano juez es quien instruye, entre otros sumarios de alto voltaje político, la causa del Correo Argentino.
Por su acción o inacción según los casos, parte de los jueces federales de Comodoro Py se han ganado el desprecio de la sociedad por su extrema docilidad ante los gobiernos de turno, que a menudo se ha traducido en un cambio de favores: beneficiaban a los funcionarios y gracias a ello lograban el blindaje necesario para que no avanzaran las denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura.
Las revelaciones producidas en la causa de los cuadernos de las coimas kirchneristas sacan a la luz una oscura realidad que no sorprende, salvo por su gigantesca magnitud. Que se haya llegado a ese estado de cosas durante el anterior régimen ha sido culpa, en gran parte, de ciertos magistrados del fuero federal que en lugar de impartir justicia garantizaban la impunidad de los corruptos.
Para que este negro pasado no vuelva a repetirse es indispensable que jueces como Lijo den un paso al costado.