Dificultades de la gobernabilidad en tiempos de incertidumbre

La economía política argentina está montada en un esquema institucional y de política pública tan endeble que la gobernabilidad queda en riesgo ante cualquier leve brisa que sopla en el mundo y, por supuesto, como consecuencia de gran parte de los conflictos domésticos que afloran casi constantemente. Si ambos desafíos se producen al mismo tiempo, peor es.

Mientras que los principales actores del sistema político y, fundamentalmente, los inversores que miran a la Argentina están obsesionados por la dinámica electoral de cara a 2019, en particular respecto del impacto que la crisis económica y el escándalo de los cuadernos puedan tener en las distintas coaliciones que competirán, aparecen en el horizonte del corto plazo nuevos retos e interrogantes que agregan más vértigo a este escenario incierto e inquietante. Un rasgo adicional de por sí revelador de los grados de imprecisión e improvisación que imperan tanto en Cambiemos como en el peronismo moderado y hasta en el kirchnerismo duro: la percepción de que “a pesar de todo” (y ese “todo” significa cosas absolutamente diferentes en esos tres espacios) las elecciones del año próximos les ofrecen posibilidades de éxito.

En el plano interno se han multiplicado recientemente conflictos gremiales, en particular con las universidades públicas y con el sistema científico-tecnológico, vinculados a la crisis económica y al consecuente ajuste fiscal. Es natural que este tipo de episodios escalen en un contexto de caída del salario real por el efecto combinado de alta inflación y constante pérdida de valor del peso. En particular, por el hecho de que un mercado de trabajo extremadamente regulado y con costos de transacción tan altos tiene dificultades para adaptarse al ciclo económico. En otras palabras, dada la cuasi total estabilidad de los empleados del sector público, es esperable que los niveles de conflictividad sean casi autónomos respecto del nivel y de la demanda de empleo (en el sector privado, los gremios suelen ser mucho más prudentes).

Sin embargo, llama la atención la ola de protestas combinadas, protagonizada por grupos de piqueteros y de trabajadores formales e informales, ideológicamente más radicalizados. La extrema virulencia de la manifestación de los trabajadores de los Astilleros Río Santiago el martes pasado frente a la sede de la gobernación en La Plata merece el máximo cuidado. No es habitual ver semejantes niveles de agresividad con las fuerzas de seguridad. ¿Tendrá esto una explicación que excede el estricto reclamo salarial o la preocupación por sostener la fuente de trabajo?

En su declaración testimonial del viernes pasado, y también en la de ayer, el exsecretario de Obras Públicas José López pudo haber involucrado en la profusa red cleptocrática develada por los cuadernos a algunos ex y actuales gobernadores y unos cuantos ex y actuales intendentes. Resulta inevitable recordar el final violento de los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa, particularmente en relación con los saqueos que se multiplicaron de la noche a la mañana en el Gran Buenos Aires y en otros centros urbanos y que tuvieron como protagonistas a muchos actores de la política local, incluyendo punteros y algunos intendentes. Dichos actos quedaron impunes y se discontinuaron tan pronto como se concretaron las respectivas renuncias de dichos mandatarios.

¿Podría entonces la ola expansiva de la investigación encabezada por Claudio Bonadio y Carlos Stornelli generar un tembladeral aún mayor en la desmadrada política argentina? La teoría de los juegos enseña que en los denominados “callejones sin salida” el costo de oportunidad de tomar medidas extremas tiende a cero. En otras palabras, perdido por perdido, vale la pena patear el tablero. ¿Podremos tener otros episodios de violencia, incluso antes de diciembre?

El Gobierno viene organizando un despliegue especial, con entrega de comida a los sectores vulnerables. Si a pesar de eso escalan las tensiones sociales, entendibles por el efectivo empeoramiento de la situación económica, el panorama sería muy complejo. Las cosas se pueden poner peor: de las tres promesas electorales de Macri (unir a los argentinos, pobreza cero y lucha contra el narcotráfico), el Gobierno solo podrá mostrar algún logro en materia de seguridad. Esto afecta, sin dudas, los intereses de redes del crimen organizado con amplio despliegue territorial y disponibilidad de dinero y armas, con una penetración notablemente efectiva en muchas de las zonas más peligrosas y socialmente endebles de los principales centros urbanos. A río revuelto, son unos cuantos los pescadores que podrían sacar provecho.

Para un país tan frágil como la Argentina, al margen de los factores domésticos, el mundo presenta constantemente riesgos de nuevos shocks negativos, como el que experimentamos con Turquía y, en estos días, con Brasil. De hecho, nuestro principal socio estratégico está entrando en el momento más crítico de la campaña electoral, con umbrales de incertidumbre y escenarios contingentes que presentan hipótesis escalofriantes. El real se devalúa al ritmo que Lula da Silva crece en las encuestas: el hecho de estar tras las rejas no solo no minó su liderazgo, sino que, por el contrario, parece fortalecerlo cada día más. Impedido de competir, sorprende entonces que la intención de voto de su candidato, Fernando Haddad (exministro de Educación y exalcalde de San Pablo) subiera en apenas una semana nueve puntos porcentuales (de 1 a 10 por ciento). Para peor, Jair Bolsonaro se afirma como candidato a llegar a la segunda vuelta, aunque no está claro contra quién. Más turbulencia tendremos en la región, con suerte hasta el 7 o, mejor dicho, el 28 de octubre, cuando se celebren las elecciones. ¿Tenderá luego la situación a equilibrarse o la elección no servirá para solucionar la crisis política estructural de la principal potencia regional? El directorio de uno de los bancos más importantes de Chile ordenó investigar cuál sería el efecto contagio de un eventual default de Brasil. Respuesta preliminar: una crisis de la deuda igual o peor que la de los años 80.

Aunque la probabilidad de ese evento parezca remota, deben considerarse otros escenarios de riesgo. Donald Trump vive los peores días de su agitada presidencia: dos de sus principales allegados fueron hallados culpables por la Justicia. Paul Manafort, su exjefe de campaña, por fraude fiscal y estafa bancaria. Michael Cohen, su principal ladero y exabogado personal, admitió haber violado leyes relacionadas con el financiamiento de esa misma campaña electoral al comprar el silencio de dos mujeres que tuvieron un affaire con el entonces candidato. El riesgo de juicio político aumenta significativamente, sobre todo si los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones del 6 de noviembre próximo. No sea cosa que, como ocurrió a partir del 11 de septiembre de 2001, si la Argentina necesita una asistencia especial por parte del gobierno de los Estados Unidos, predomine la agenda doméstica y no tengamos referentes de peso con quien hablar.

Llama la atención la ola de protestas combinadas, con grupos de piqueteros y de trabajadores

El Gobierno viene organizando un despliegue especial, con entrega de comida a los sectores vulnerables