El Gobierno lanza medidas para evitar que el escándalo paralice las obras públicas
Anuncian hoy un fideicomiso para los corredores viales; agilizarán el pago de certificados
En un intento de evitar que el escándalo por los cuadernos de las coimas derive en la parálisis de la obra pública, el Gobierno anunciará hoy la creación de un fideicomiso para garantizar la continuidad de la extensión de seis corredores viales ya adjudicados a empresas mediante el mecanismo de participación público-privada (PPP).
Será la apuesta principal de un conjunto de medidas que buscan amortiguar el impacto de las denuncias en la inversión en infraestructura. La idea es constituir un fideicomiso para “eliminar el riesgo reputacional” que generó el caso de los cuadernos. También hay tratativas para agilizar el pago de los descuentos de los certificados de obra y acelerar el gasto en las obras de Vialidad.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había señalado a la nacion que el fideicomiso busca “eliminar el riesgo reputacional” que generó el caso de los cuadernos. La idea es que los bancos prestarán el dinero al fideicomiso, que será administrado por el Gobierno, y no directamente a empresas.
Los detalles los brindarán hoy Dietrich; el procurador Bernardo Saravia Frías; el secretario José Luis Morea, y el titular del Banco Nación, Javier González Fraga.
El Gobierno también se reunió con algunos bancos públicos y privados para agilizar el pago de los descuentos de los certificados de obra, que en algunas entidades privadas habían comenzado a ralentizarse. Además, se acelerarán gastos en proyectos de Vialidad.
Los proyectos PPP representan unos 6000 millones de dólares y tienen a su vez una garantía por 100 millones de dólares cada uno, que el Gobierno planea ejecutar en caso de que alguna empresa no cumpla. Por otro lado, Dietrich afirmó que hay empresas multinacionales interesadas en comprar los contratos de aquellos grupos que pudieran retirarse. Una de las premisas que rigen en estos días el horizonte de la Casa Rosada es que “hay que separar a las empresas físicas de las jurídicas”.
El Gobierno adjudicó las obras del primer proyecto de PPP en julio y son cinco los consorcios que realizarán las obras. Las empresas que los integran y cuyos directivos están involucrados en la investigación judicial son Paolini, Vial Agro, INC, Green SA, José Cartellone Construcciones Civiles SA, Helport, Panedile, Eleprint, Copasa, Rovella Carranza, JCR SA y Mota-Engil.
“La decisión es respetar los tiempos de la Justicia y, por ahora, no se interrumpe nada”. Esa es la directiva que, casi sin excepciones, se indín, tenta mantener en los ministerios que concentran la obra pública (Transporte, Interior y Energía).
Sin embargo, por decisión del Gobierno, las obras del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) –para abastecer a 3,5 millones de personas en Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Salta– fueron paralizadas.
Después de las declaraciones de varios imputados, el juez Claudio Bonadio hizo un pedido del estado de situación a Ieasa (ex-Enarsa), que actualmente es conducida por Mario Dellacqua. Estas obras eran operadas, en sus distintos tramos, por varias UTE. Una de ellas está conformada por las empresas BTU, dirigida por Carlos MunDe y Esuco, de Carlos Wagner.
Otras las integran Techint y Panedile, Contreras y Helport –de Hugo Eurnekian–, entre otras. Las obras deberán “ser puestas a disposición del comitente”, es decir que se hará entrega de la obra a Ieasa.
La construcción de las represas en el sur –Barrancosa y Cóndor Cliff– que haría Electroingeniería junto al consorcio chino Gezhouba tampoco seguirá adelante. “Los directivos de Gezhouba quieren una garantía de que la obra va a seguir, pero no hay quien haga la obra”, dijeron fuentes oficiales a la nacion.
Gerardo Ferreyra, director y vicepresidente de Electroingeniería, presentó un pedido de licencia con duración “hasta la próxima asamblea general ordinaria” de la empresa, y Osvaldo Acosta, presidente de la empresa, aceptó. Ferreyra está detenido y decidió no acogerse a la figura del arrepentido.
Con el mismo consorcio chino. Electroingeniería iba a ejecutar un tramo subterráneo del Sistema de Agua Sur, en la provincia de Buenos Aires, pero no está previsto que la obra arranque por dificultades en el financiamiento. El proyecto que sí seguirá en ejecución del Sistema Riachuelo es el tramo MatanzaRiachuelo, que lleva adelante la firma Esuco, de Wagner, en una UTE con otras empresas. Por otro lado, a pesar de que en otras empresas también hubo pedidos de licencia y renuncias a los cargos, desde varias de las compañías consultadas dijeron a la nacion que “se mantiene la rutina”.
El Grupo Roggio
El holding de empresas de Aldo Roggio, quien admitió en su indagatoria que pagó un soborno equivalente al 5% del dinero que recibió como subsidios para Metrovías, tiene vigente el contrato de operación.
El Grupo Roggio también tiene en ejecución la obra del viaducto de la línea Mitre y un trabajo en el arroyo Vega en una UTE con las empresas Cartellone y Supercemento. Roggio ganó, además, la licitación para realizar el saneamiento del río Salado, pero todavía está pendiente de resolución. El cordobés Aldo Roggio renunció a la presidencia del grupo y quedó a cargo su hermana, Graciela Amalia Roggio.
El empresario arrepentido Armando Losón también se hizo a un lado y dejó su cargo como presidente del grupo que dirigió durante 40 años. Su hijo, que lleva el mismo nombre que él, ahora lo preside. El Grupo Albanesi, dedicado principalmente a la comercialización de gas y a la generación de energía eléctrica, cuenta con 11 centrales generadoras de energía en distintas provincias. Albanesi tiene contratos vigentes con Cammesa y tres proyectos en ejecución: la ampliación de dos plantas de generación térmica, una en Río Cuarto y otra en Ezeiza, y un proyecto más en Arroyo Seco.
Emepa, el grupo de empresas de Gabriel Romero, conserva la concesión de la hidrovía. Romero declaró haber pagado 600.000 dólares para que Cristina Kirchner firmara un decreto que le extendiera por ocho años la concesión.
El grupo MSU tiene contratos vigentes en materia de energía con Cammesa, por tres centrales. UCSA, la firma constructora del grupo MSU, integra una UTE con las empresas Chediak y Conta en uno de los tramos del Gasoducto del Noreste Argentino, cuya obra ahora fue paralizada. Los directivos de estas empresas se acogieron, en su mayoría, al régimen del arrepentido y dijeron haber pagado “aportes personales” para separar a la firma.