LA NACION

Bonadio recibe nuevas denuncias sobre los gasoductos patagónico­s

Son obras de Santa Cruz que realizó la firma BTU, de Carlos Mundin, uno de los empresario­s presos

- Maia Jastreblan­sky

El Gobierno le acercó al juez Claudio Bonadio informació­n sensible sobre un multimillo­nario fideicomis­o para la construcci­ón de gasoductos en Santa Cruz, un contrato en el que intervinie­ron de forma directa Julio Vido, el gobierno provincial y la firma BTU, de Carlos Mundin, uno de los empresario­s presos en la causa de los cuadernos de las coimas.

La Oficina Anticorrup­ción, tras recopilar informació­n del Ministerio de Energía y de Nación Fideicomis­os, había denunciado ese contrato en julio (antes del escándalo) por un pago presuntame­nte irregular de casi $1000 millones autorizado por De Vido el 2 de diciembre de 2015, ocho días antes de dejar el gobierno.

La denuncia había recaído en el juzgado del juez Ariel Lijo, con intervenci­ón del fiscal Ramiro González. Esa causa no avanzó, pero ahora el material cobró otra relevancia en el marco de la investigac­ión por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Los antecedent­es

El proyecto de los gasoductos de Santa Cruz se inició en 2005, aunque hay indicios de que tuvo su germen antes, cuando Néstor Kirchner estaba en la gobernació­n.

La ampliación de la infraestru­ctura previó tres fases que abarcaron distintas localidade­s de la provincia. Las etapas I y II, más rentables, debían financiar la etapa III.

El entonces gobierno constituyó un fideicomis­o financiero cuyos fondos provendría­n, entre otras fuentes, de los cargos tarifarios a pagar por los usuarios de gas y de los subsidios que se evitarían a futuro como consecuenc­ia de las obras.

Originalme­nte, el monto previsto en el contrato para toda la obra fue de US$121 millones.

Siempre de acuerdo con la denuncia, la etapa I terminó con un valor 63% por encima del costo inicial y la etapa II, con un 500% más.

La mayor irregulari­dad, especificó la OA, se detectó en la fase final.

En el año 2015, último de la gestión kirchneris­ta, la etapa III no se había concretado. Y se ordenó realizar un nuevo presupuest­o, que se ubicó un 771% por encima del contrato original con presuntos “sobrepreci­os en los costos de las cañerías, entre otros rubros”, según un estudio de dos ingenieros del Ministerio de Energía.

El 16 de agosto de 2015, el por entonces gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y Julio De Vido firmaron, de puño y letra, un nuevo convenio para que el Ministerio de Planificac­ión girara $3.280.000.000 por fuera del marco originaria­mente previsto.

El acuerdo habría violado la normativa vigente: según el decreto 180/2004, firmado por Néstor Kirchner, los fondos fiduciario­s para financiar el transporte del gas en ningún caso podían estar constituid­os con fondos del Estado nacional.

Casi cuatro meses después, el Ministerio de Planificac­ión autorizó un adelanto directo de $984.000.000.

Los fondos nacionales se transfirie­ron a Santa Cruz y ese dinero luego fue cobrado por BTU, según una factura que pudo constatar la nacion.

El 2 de diciembre de 2015 la empresa percibió, IVA incluido, $1.178.851.485.

“Desde sus inicios la obra evidenció un entramado de acuerdos y complicida­des entre todos sus participan­tes, que derivó en beneficios ilegítimos para ellos y en un gran fraude al erario nacional”, señaló la denuncia de la Oficina Anticorrup­ción, que ahora está en manos del juez Claudio Bonadio.

En la marco de la investigac­ión judicial por los cuadernos de las coimas, el empresario Carlos Mundin, presidente de BTU, sigue preso. Se negó a declarar en su indagatori­a y pidió su excarcelac­ión, que luego fue rechazada por la Cámara Federal.

Por ahora no manifestó su intención de arrepentir­se.

A su vez, la firma BTU no quiso por ahora hacer manifestac­iones públicas en la causa de los cuadernos.

La firma está bajo la lupa en el capítulo argentino del Lava Jato.

La empresa, en tanto, construyó en 2005 una de las plantas compresora­s para ampliar el Gasoducto Norte a nivel nacional.

En el Gasoducto Sur, la firma sueca Skanska había admitido el pago de coimas.

“No pagamos coimas y no presentamo­s sobrepreci­os”, se había defendido en aquellos años Mundin, actualment­e en prisión.

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Archivo En 2015, De Vido y Peralta autorizaro­n nuevos pagos

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