Determinan que los casos de corrupción no prescriben
La Cámara de Casación consideró que los delitos graves contra el Estado “atentan contra el sistema democrático”
Mientras los tribunales federales vibran con resonantes casos de corrupción como los cuadernos de las coimas y el caso Odebrecht, la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, dictaminó ayer que no importa cuánto tiempo demore la Justicia, los delitos graves de corrupción contra la administración pública no prescriben.
La Sala IV de la Cámara de Casación revocó la prescripción de la causa conocida como IBMDGI, un expediente que lleva más de 24 años en la Justicia, y ordenó que se realice el correspondiente juicio con la mayor celeridad posible para resolver el caso.
El fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos se expidió sobre el pago de sobreprecios de unos US$ 120 millones por parte del entonces gobierno menemista para realizar la informatización de la Dirección General de Impuestos (DGI), el entonces máximo órgano recaudador.
En primer lugar, los camaristas remarcaron que la Constitución nacional sostiene que “quien comete un grave delito doloso contra el Estado que haya conllevado enriquecimiento atenta contra el sistema democrático” y agregaron que dichas acciones serán “imprescriptibles”.
“Es que no podemos incurrir en una percepción ingenua ni en una mirada sesgada de la real dimensión que tienen los graves hechos de corrupción especialmente en las naciones en vías de desarrollo, la institucionalidad y el Estado de Derecho se encuentran en crisis por la gravedad de esos actos”, argumentó el camarista Hornos.
El tribunal, además, entendió que se trata de una maniobra “grave” al considerar que fue un hecho de criminalidad económica compleja de la que participaron una empresa multinacional y una oficina pública “de la magnitud” de la DGI, lo que “habría ocasionado perjuicio económico al erario público”.
Por último, el camarista aclaró que de ningún modo avala la “prolongación injustificada” de procesos penales, aun cuando se trata de causas complejas como esta, una “dilación que debe ser desalentada”.
La causa IBM-DGI investiga irregularidades en la digitalización del sistema informático de dicho organismo allá por el año 1994, contratos que superaron los US$500 millones. El expediente sufrió todo tipo de idas y venidas durante estas dos décadas.
Un largo derrotero
La causa fue instruida por el juez Carlos Liporace, que indagó a los primeros imputados en 1998, entre ellos, Ricardo Cossio, extitular de la DGI que ocupó cargos públicos durante el menemismo y el duhaldismo. Ya el juez de primera instancia había sido advertido por el fiscal Carlos Rívolo por demoras en la investigación en esa primera etapa.
Las pruebas que señalaban sobreprecios en la contratación eran contundentes. Hasta los propios funcionarios que evaluaron la propuesta realizada por IBM consideraron que no era necesario ejecutar la contratación, aunque consideraron que su opinión no sería tenida en cuenta porque el desembolso de dinero ya había sido decidido desde la cúpula del organismo.
En mayo de 2016 el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3 había declarado la extinción de la acción por prescripción sin condenas para funcionarios ni para empresarios. Pero el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción recurrieron la decisión ante la Cámara de Casación.
En diciembre de ese año, con los votos de los jueces Hornos y Gemignani, la Sala IV revocó esa decisión. Pero la Corte Suprema anuló el fallo al considerar que no estaba dada la mayoría necesaria en el tribunal y decidieron “dejar sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado”.