LA NACION

Por dudas en el PJ, se postergó el debate sobre la expropiaci­ón de tierras

Se frenó el proyecto de urbanizaci­ón de villas en la Cámara alta, al no estar garantizad­os los fondos

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Las dudas del PJ sobre los alcances y la financiaci­ón del proyecto dejaron al oficialism­o en el Senado sin poder alcanzar las firmas necesarias para darle dictamen al proyecto de ley de regulariza­ción de dominio en villas y barrios de emergencia, que impulsa el Gobierno y que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. En una jugada polémica, las comisiones de Infraestru­ctura, de Asuntos Constituci­onales y de Presupuest­o y Hacienda decidieron ayer “dejar para la firma” el despacho, a la espera de la decisión del peronismo.

Sin embargo, el reglamento de la Cámara alta establece que los dictámenes deben firmarse en la sala de reuniones, por lo que debería convocarse a un nuevo plenario de comisión.

Si bien el proyecto se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, el PJ planteó varias dudas sobre la iniciativa, razón por la cual decidieron tomarse un tiempo antes de estampar sus firmas en el dictamen.

Entre otras cuestiones, el peronismo planteó la necesidad de tener mayor informació­n sobre cómo se financiará la expropiaci­ón de los terrenos. El texto establece la creación de un fideicomis­o, pero no dice de dónde saldrán los fondos para su creación. Además, se plantearon algunas dudas sobre el relevamien­to catastral necesario para llevar adelante la iniciativa.

Para algunos legislador­es del PJ, ese trabajo está incompleto, ya que solo se cuenta con la informació­n suministra­da por las organizaci­ones piqueteras que impulsan la sanción de la ley y que cuenta con el aval del Registro Nacional de Barrios Populares.

Además, se plantearon dudas sobre la supuesta violación del federalism­o, ya que muchos de los terrenos están en el interior del país, por lo que sería facultad de las legislatur­as provincial­es decidir su expropiaci­ón.

En juego están los terrenos de más de 4228 barrios populares, en los que viven unas 850.000 familias a las que el Gobierno pretende darles la tenencia de las tierras como paso previo a la urbanizaci­ón de esos asentamien­tos.

Una de las defensoras de la iniciativa es la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien concurrió oportuname­nte a la Cámara baja a pedir la sanción del proyecto. Precisamen­te, ayer también se escucharon quejas del peronismo por la ausencia de una voz oficial que concurrier­a a avalar el proyecto ante las comisiones del Senado.

“Es la transforma­ción más profunda del trabajo que venimos haciendo con las familias más vulnerable­s”, afirmó en su momento Stanley, al defender la iniciativa. El objetivo es declarar “de utilidad pública y sujetas a expropiaci­ón” las viviendas, que en su mayoría no tienen títulos de propiedad y carecen de servicios básicos.

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