La corrupción es una violación de derechos humanos

La magnitud de las cifras robadas en sobornos hace difícil no encontrar una relación entre venalidad, hambre y muerte

“Seamos claros, la corrupción mata”. Así comenzaba la responsable principal de DD.HH. de la ONU el informe en que vinculaba las violaciones de los derechos humanos con la corrupción. Según el Banco Mundial, cada año se pagan aproximadamente 1,5 trillones de dólares en coimas, cifra que representa el 2% del PBI mundial y 10 veces más de lo que aportan los países en asistencia para el desarrollo. La contracara de esas cifras son, por ejemplo, los más de 1200 millones de personas que no tienen acceso a agua potable y 2600 millones que no tienen servicios sanitarios adecuados.

Asimismo, los sectores más pobres de la sociedad son los que más sufren la corrupción, no solo por el impacto negativo de la corrupción en el desarrollo económico, sino porque, además, pagan en coimas un porcentaje mayor que los sector es de mejores ingresos. Por ejemplo, según el Banco Mundial, en Paraguay los pobres gastan el 12% de sus ingresos en coimas, mientras que esa cifra se reduce a la mitad para los ricos. Según la ONU, el dinero robado por la corrupción durante un año es suficiente para alimentar 80 veces a todos los pobres del mundo. Queda claro que la corrupción mata.

La devastación que produce la corrupción movilizó a la comunidad internacional y en un plazo de solo ocho años se aprobaron once tratados internacionales contra ella. En 2003 la ONU aprobó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Con un total de 186 adhesiones, representa uno de los tratados internacionales con mayor aceptación. En nuestra región, en 1997 la OEA sancionó la primera Convención Internacional sobre Corrupción. Esta convención es uno de los pocos tratados que han sido ratificados por todos los países miembros de la OEA. Lamentablemente, el alto grado de ratificaciones y adhesiones de un tratado no garantiza su éxito. Este lo determina principalmente el mecanismo de seguimiento que se elija.

Tanto en la convención de la ONU como en la de la OEA, el mecanismo elegido por los Estados fue el de la evaluación entre pares. Es decir, los países se evalúan entre ellos, evitando la participación de alguna institución independiente que les pueda quitar el control del proceso y del resultado. Como me dijo un despreocupado canciller al salir de la reunión en Washington donde su país estaba siendo evaluado por un país reconocidamente corrupto: “No nos van a decir nada, se tienen que cuidar para que no los critiquen a ellos”.

Los insuficientes resultados de los mecanismos internacionales y las graves consecuencias de la corrupción impulsaron a la sociedad civil a vincular la corrupción con las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Uno de los primeros pasos lo dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe sobre Paraguay del año 2001, en el que expresa que la corrupción “tiene un impacto específico en el disfrute efectivo de los derechos humanos de la colectividad en general.”

En enero de este año, la CIDH fue más allá y aprobó la resolución 1/18, en la que expresa: “La corrupción es un complejo fenómeno que afecta los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales–, así como el derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”. La Corte Interamericana tampoco se quedó atrás y, en una medida provisional contra Brasil, ordenó investigar las denuncias de corrupción para proteger el derecho a la salud e integridad personal de los internos de una cárcel. Asimismo, varias organizaciones de derechos humanos promueven que la Corte Penal Internacional considere la corrupción en gran escala y sistemática como un crimen de lesa humanidad.

Una perspectiva de derechos humanos sobre los cuadernos de las coimas permite distinguir una violación aislada de una originada en un plan sistemático. Es la misma diferencia que existe entre un caso aislado de gatillo fácil y el asesinato de cientos de personas como parte de un plan sistemático. Las fotocopias de los cuadernos son una prueba difícil de rebatir sobre la existencia de un plan, a gran escala, concebido desde las más altas autoridades y que gozó de absoluta impunidad. En los aproximadamente 130 casos que durante más de una década me correspondió litigar en representación de la CIDH ante la Corte Interamericana de DD.HH., nunca contamos con una prueba tan detallada sobre la existencia de un plan sistemático.

Luego de probar la existencia de un plan sistemático es necesario vincular los hechos de corrupción con las violaciones de los derechos humanos. Le corresponde a la Justicia nacional, o eventualmente a la internacional, encontrar la relación entre el dinero robado y los miles de niños que no llegaron a celebrar cinco años de vida por no tener qué comer; o las miles de personas que murieron o se enfermaron por la falta de cloacas o agua potable.

La magnitud de las cifras hace difícil no encontrar una relación causal entre corrupción, hambre y muerte. Por ejemplo, siendo excesivamente cauteloso, con los aproximadamente 200 millones de dólares registrados en el remise de los cuadernos se hubiese podido pagar el almuerzo durante un año, o el desayuno durante dos, para 1.700.000 alumnos que diariamente visitan los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires. Si dejamos la cautela de lado y estimamos que hubo 100 remises en lugar de uno, como mencionan algunos medios, tome la calculadora y póngase a llorar.

La corrupción nos acompaña desde el inicio de la historia y continuará corrompiendo todas las esferas de actuación del ser humano. Heródoto, padre de la historia, en el año 440 a. C. documenta los primeros casos de corrupción, en los que no solo ya se veía involucrada la obra pública, sino que también se ponía en evidencia el largo brazo de la corrupción.

Luego de un incendio que destruyó el templo dedicado al dios Apolo en Delfos, una tradicional familia de Atenas, Alcmaeonidae, se ofreció a reconstruirlo. Pero la decisión no fue precisamente por caridad. Los Alcmaeonidae estaban en campaña activa para derrocar al tirano de Atenas, Hipias, y, según relata Heródoto, durante la estadía en Atenas para supervisar la obra coimearon a las pitonisas del templo para que cuando los espartanos fueran a consultar el Oráculo de Delfos les transmitieran que la voluntad de los dioses era la invasión de Atenas y el derrocamiento de Hipias. Las coimas a las pitonisas funcionaron y el tirano fue derrotado y exiliado.

Si fue posible manipular la palabra de los dioses griegos, está claro que el desafío que tenemos es enorme. La utilización de estándares y jurisprudencia de derechos humanos puede facilitar la búsqueda de justicia, ya sea nacional o internacional, por las violaciones de los derechos humanos como consecuencia de la corrupción sistemática y a gran escala que azotó al país durante más de una década.

Se puede distinguir una violación aislada de otra originada en un plan sistemático

La información de los cuadernos es una prueba difícil de rebatir sobre la existencia de un plan a gran escala