La causa de los cuadernos y las cuestionadas concesiones
La confesión de un empresario de haber pagado coimas al kirchnerismo por la concesión de la hidrovía confirma las reiteradas denuncias de este diario
Como derivación de la causa de los cuadernos, y en ocasión de haberse presentado como arrepentido el empresario Gabriel Romero, titular de Emepa, confesó haber pagado coimas por 600.000 dólares para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara por decreto a Hidrovía (de la cual Emepa es accionista) la concesión de la explotación de esta vía navegable, a través de la cual se moviliza la mayor parte del comercio exterior argentino.
Desde hace muchos años en estas columnas venimos llamando la atención sobre las singulares circunstancias en que se desenvuelve este servicio público concesionado por el Estado nacional durante la primera gestión menemista y que, en su momento, recibió críticas e informes de parte de organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Auditoría General de la Nación (AGN), además de la Defensoría del Pueblo de la Nación y denuncias presentadas ante la Justicia penal federal. A pesar de que el contenido de dichos informes y denuncias fue revelador de groseras irregularidades que se habrían iniciado con el trámite mismo de la licitación, y que se extenderían a la renegociación prematura y veloz del contrato a tan solo dos años de suscripto, en 1997; a la casi inmediata e inusual dolarización de las tarifas en 2002 a pesar de la pesificación dispuesta por la ley de emergencia del mismo año, y a los también controvertidos incrementos tarifarios autorizados durante las administraciones del matrimonio Kirchner, inexplicablemente, en 2010, la entonces presidenta suscribió el decreto que renegoció una vez más el contrato disponiéndose el plazo de la concesión por ocho años adicionales (hasta 2021) en retribución por trabajos de profundización que ya había realizado, y se le adjudicaron en forma directa las obras de profundización, desde Santa Fe hasta el extremo norte de la hidrovía con aportes estatales, además de otras prebendas.
Es precisamente por la suscripción de este decreto que, según trascendió, Romero reconoció que pagó una coima de al menos 600.000 dólares, lo que viene de tal manera a corroborar la validez de las fundadas críticas que veníamos efectuando sobre esta millonaria concesión.
Con este antecedente, sería importante que la Justicia penal federal, en donde tramita una denuncia contra las irregularidades en que se habría incurrido durante la ejecución de este malhadado contrato, investigue si no se habrían pagado también coimas por la obtención de otros beneficios inexplicables que recibió anteriormente esta concesión. En este sentido, cabe recordar que por un decreto de abril de 2002 se dispuso que las tarifas del peaje por el uso del canal quedaban exceptuadas de la pesificación que afectó a los demás servicios y concesiones públicas, singularidad que sospechosamente comparte en exclusividad con las tasas de los aeropuertos internacionales, fruto de otras concesiones cuestionadas. Luego, por otro decreto de diciembre de 2002 (y prorrogado en 2003 por Néstor Kirchner) se aprobó un acta acuerdo suscripta entre el Estado nacional e Hidrovía, merced a la cual se dispuso incrementar en un 45% el valor del peaje por el uso de esta vía navegable, a lo que más tarde se sumó una nueva suba del 36% por una resolución de 2006 dispuesta por Julio De Vido.
Como dijimos en su momento, frente a la pronunciada baja de los precios internacionales de nuestra producción agrícola exportable en relación a los que rigieron durante los primeros siete años de la gestión kirchnerista, es indudable que haber incrementado en estos últimos años un 81% una tarifa de peaje en dólares por el uso del canal, sin una debida justificación, termina castigando los ingresos de la producción exportadora agrícola e industrial, a la cual en definitiva se trasladan todos los mayores costos sobre la carga.
La confesión del dueño de Emepa, quien en su momento se comunicó con autoridades de la nacion para manifestar su desacuerdo con los editoriales que criticaban la concesión de la hidrovía por considerarlos falaces e infundados, confirma las maniobras denunciadas por este diario, y el cinismo y la hipocresía de estos empresarios.
Cabe recordar que la causa por la hidrovía tiene más de 10 años. Fue cerrada por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Pero la Cámara Federal ordenó reabrirla. Es de esperar que desde la Justicia, donde tramita la causa penal, desde la Secretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente del Ministerio de Transporte y desde los demás organismos de control correspondientes, se esclarezca a la ciudadanía acerca de los fundados cuestionamientos que ha recibido el desenvolvimiento de esta concesión desde sus inicios, y que arrojan serias dudas acerca de la legitimidad y conveniencia del proceso de renegociación culminado mediante el decreto suscripto por Cristina Kirchner, por el cual confiesa haber pagado Romero.