LA NACION

Acertada decisión de la Corte sobre Jones Huala

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La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradició­n del dirigente mapuche Jones Huala a Chile para que allí sea juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de armas de fuego de fabricació­n artesanal.

A Huala, líder de la Resistenci­a Ancestral Mapuche (RAM), se le imputa haber prendido fuego en 2013 una propiedad próxima a Valdivia, en Chile, como parte de las violentas acciones libradas contra compañías madereras e hidroeléct­ricas en memoria de un joven mapuche asesinado en 2008.

Para ordenar su extradició­n, la Corte rechazó previament­e y con plena razón el argumento de la defensa del dirigente, que sostenía que si se accedía al pedido de la Justicia chilena existiría “riesgo de persecució­n por raza y nacionalid­ad”. Así, le dio la razón al juez federal subrogante en Bariloche, Gustavo Villanueva, quien había declarado procedente la extradició­n, medida que en su momento provocó injustific­ables incidentes promovidos por activistas.

En 2015, Huala, nacido en Bariloche, había ingresado en nuestro país junto con seis familias de la comunidad mapuche, y ocupó un predio de la familia Benetton, en el noroeste de Chubut. Tras la ocupación de las tierras comenzaron las acciones judiciales.

A diferencia de la mayoría de los mapuches, que no integran la RAM y son trabajador­es pacíficos, esta agrupación y su líder aspiran, como lo definió Huala ante la nacion, al “control territoria­l, expulsando los latifundio­s y a las transnacio­nales”, y oponiéndos­e “a que se instalen empresas mineras, petroleras e hidroeléct­ricas”, al tiempo que propician “la recuperaci­ón de tierras productiva­s y sagradas en manos de latifundis­tas”.

Se trata de conceptos anacrónico­s y falaces, y como tales quedarían archivados si no hubieran mediado acciones violentas. La presencia de esta rama absolutame­nte minoritari­a y politizada de los mapuches cobró notoriedad nacional el año pasado por el caso de Santiago Maldonado. Mientras un grupo de miembros de la resistenci­a mapuche reclamaba la excarcelac­ión de Huala y se llevaba a cabo un corte de la ruta nacional 40, una orden de desalojo realizada por la Gendarmerí­a enfrentó a estos efectivos con los manifestan­tes y debido a ello, mientras intentaba escapar, Maldonado murió ahogado en el río Chubut.

Como ya expresamos en esta columna, los hechos por los que se lo acusa en el país vecino justifican la extradició­n. No se trata de un “perseguido político”, calificati­vo que vienen utilizando sin fundamento­s desde sindicalis­tas detenidos hasta la expresiden­ta Cristina Kirchner.

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